Puerto Rico

Movidas controversiales del gobierno y la oposición

Jesús Dávila

09/06/2014

Opinión

^-A ⁺A

La designación, como supuestos triunfos de los derechos civiles, de dos funcionarios que en el pasado reciente participaron en hechos controversiales en materia del respeto a esos mismos derechos marcan la temporada en Puerto Rico, en tanto los opositores anexionistas, independentistas y sociales –cada cual por su lado- intentan lograr que el pueblo se mueva.

El drama, en el que todavía es incierta la ruta que tomará la corriente de la historia, ocurre en el marco de la crisis económica que se ahonda, las gestiones para traer una nueva clase alta foránea y los tanteos para tratar de consolidar la influencia determinante del Estado en la información que se difunde y se oculta.

En espera de atención, en panorama tan revuelto, aparece el expediente del caso 08-1748, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

Se trata de hechos ocurridos entre 2006 y 2009 que involucraron a un preso común para nada famoso de nombre Angel Luis Sánchez y una funcionaria entonces de tercer nivel en el Departamento de Justicia con el cargo de subprocuradora general. Pero el caso cobra pertinencia por la designación de la abogada Maite D. Oronoz Rodríguez para juez asociada del Tribunal Supremo, nombramiento que requiere confirmación del Senado.

Según el expediente, la subprocuradora Oronoz fue uno de los abogados que intervino en el intento de que se reconociera como prerrogativa válida del Estado haber sometido a Sánchez a una operación forzosa de cirugía mayor para hacerle una exploratoria en los intestinos en busca de un teléfono de contrabando, que el preso aseguraba con verdad que no tenía. El tribunal de Boston determinó que si bien los presos pueden ser sometidos a ciertos vejámenes debido a su condición, el expediente lo que describía eran violaciones a los derechos constitucionales a la integridad física y contra cateos irrazonables que constituía violación a la dignidad de la persona humana.

Años después, como directora legal de la capital, Oronoz intervino en el intento, también derrotado en los tribunales, de medidas fuertes de control de la gente que incluyeron cateos indiscriminados.

Cuando se anunció su designación, a preguntas sobre el estado de los derechos civiles en Puerto Rico, la abogada Oronoz dijo que es un tema importante debido a que la Constitución del país es “de factura ancha”, pero que los tribunales no eran “para propulsar” los derechos civiles. Intentó evadir otra pregunta sobre el tema de la dignidad humana y cuando se le precisó que la carta magna puertorriqueña tiene la característica de proclamar “inviolable” la dignidad humana, se limitó a indicar que si se presenta el tema en algún caso, el tribunal emitirá su opinión de manera colegiada.

Pero la propia abogada ha terminado siendo objeto de menosprecio a su dignidad cuando, para elogiar su designación como triunfo de los derechos civiles por parte de unos y otros críticas sobre moral, redujeron la discusión de su nombramiento a su condición de lesbiana. En segundo plano quedó su impresionante historial académico y profesional, así como su evidente temperamento sosegado y los casos que pueden arrojar luz sobre sus concepciones, como si la jurisprudencia fuese asunto de las alcobas y no de los estrados.

Otro tanto ocurrió con la designación del coronel retirado del Ejército Arnaldo Claudio para supervisar el proceso de reforma de la Policía nacional, ordenada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos luego de que el gobierno puertorriqueño admitiera violaciones sistémicas a los derechos civiles. Condecorado en 42 ocasiones, el coronel Claudio tuvo bajo su mando las operaciones policiales durante la ocupación de Irak, que aparentemente incluyeron al menos una prisión secreta, acciones de fuerzas especiales contra drogas en Colombia, asesoramiento a gobiernos latinoamericanos y es autor de un manual operativo del Departamento de la Defensa para coordinación policial en eventos masivos.

En el caso del coronel Claudio, lo que se ha intentado destacar es su origen humilde en Puerto Rico y su formación académica y deportiva en el país.

Mientras tanto, el organismo máximo de vigilancia del Estado en materia de derechos civiles sigue sin poder reunirse por falta de presidente y el gobernador Alejandro García Padilla explicó, a preguntas de la prensa, que en 18 meses no ha encontrado un buen candidato y lo considera un asunto tan importante que no quiere hacer un nombramiento “pro forma”.

En la otra cara de la moneda, el principal partido opositor, el anexionista Partido Nuevo Progresista, logró movilizar decenas de miles de electores para escoger los presidentes locales de diez pueblos y ciudades. La jornada, sin embargo, no estuvo exenta de controversia porque el ganador en San Juan, Leonides Díaz, dejó plantado al comité central del PNP para celebrar su triunfo en unión al retador potencial a la jefatura partidaria, Ricardo Rosselló, ante lo cual el presidente Pedro Pierluisi dijo que él “puede celebrar con quien quiera”.

Los grupos independentistas, por su parte, han efectuado múltiples marchas, principalmente para pedir la excarcelación de Oscar López Rivera, mantenido prisionero en EEUU desde los años ochenta cuando se le imputó estar vinculado a la lucha armada por la independencia de Puerto Rico.

Pero de todos, el escenario más caliente es el de sectores sociales como las cooperativas y los sindicatos, que se resisten a las leyes confiscatorias de bienes, derechos adquiridos y puestos de trabajo que intenta aprobar el Gobierno. Varios paros han tenido una respuesta objetiva amplia en paralizar parcialmente la capital y en el más reciente se registraron incidentes violentos menores cuando una masa humana penetro el túnel Minillas, con la consecuente obstaculización del tráfico de vehículos por la importante vía.

El gobernador respondió llegando a un acuerdo, que hasta el día de cierre de esta nota se mantenía secreto, con los sindicatos mayormente estadounidenses que reúnen menos de la mitad de los empleados del Estado.

Los sindicatos que no entraron en negociaciones, se están organizando para escalar las protestas callejeras y amenazan con un paro general.

https://www.alainet.org/es/active/74468