Gobierno de Carlos Mesa, cercado y debilitado, marcha sin rumbo
Entre luces y sombras
21/01/2005
- Opinión
La administración gubernamental de Carlos Mesa definitivamente
marcha sin rumbo: acorralado por las movilizaciones sociales y
regionales, censurado por los parlamentarios, atentado por grupos
de la oligarquía cruceña, rechazado por los sectores populares e
incluso presionado por el gobierno de Estados Unidos, en las
próximas horas, está obligado a dar un giro radical en su gestión
de gobierno, antes que sea demasiado tarde.
Los 15 meses de gobierno (desgobierno) de Mesa son sólo
comparables con lo que pasó en Bolivia a principios de la década
del 80 con la Unidad Democrática Popular (UDP), cuando la gestión
gubernamental se pasaba más tiempo resolviendo conflictos sociales
antes que conduciendo la política de Estado.
En esta última gestión de gobierno -a diferencia de otras- nunca
se escucharon tantas demandas sociales ni tampoco pronunciaron
varios mensajes presidenciales ni menos se escuchó a un Jefe de
Estado amenazar reiteradamente con renunciar.
El conflicto social que caracteriza a este país, principalmente al
departamento más grande: Santa Cruz, ya lleva tres semanas y ante
la inoperancia gubernamental, cada día, cada hora, se agudiza.
Recordemos que los conflictos sociales se desataron desde el
primer día de enero de 2005, como producto de la elevación del
precio de los hidrocarburos, en un porcentaje que oscilaba entre
el 10 al 32 por ciento.
El pasado miércoles 19, el presidente Mesa determinó dar un paso
atrás en su política neoliberal al rebajar en 24 centavos de
bolivianos el precio del diesel, nivelándolo con el de la
gasolina. Esa determinación no fue aceptada por los sectores que
se encuentran movilizados –sobretodo en Santa Cruz- que ahora no
sólo exigen la derogatoria del decreto sobre la elevación de todos
los hidrocarburos sino que la demanda pasó a exigir la autonomía
departamental.
Autonomías regionales
Varios analistas sostienen que tras la demanda de "autonomía" se
encuentran grupos ligados al ex régimen de Gonzalo Sánchez de
Lozada.
Lo cierto es que ante el desgobierno reinante en esa región del
país, grupos organizados de manifestantes tomaron el control de
varias dependencias estatales, bloquearon el acceso de caminos y
del aeropuerto internacional, multiplicaron los piquetes de huelga
de hambre y también radicalizaron sus medidas.
Ayer se produjeron enfrentamientos, entre manifestantes y
efectivos policiales con el saldo de heridos leves e incluso
estalló un artefacto explosivo en la sede de los agropecuarios
cruceños.
"Hoy el diesel es una excusa para una presión de dos puntas. La
presión de una punta que quiere un cambio de modelo y que quiere
que el gobierno nacionalice todo, que quiere que las
transnacionales se vayan a su casa y que quiere forzarnos a hacer
y aplicar su programa", aseveró en su mensaje presidencial del 9
de enero; "somos capaces de escuchar y de ceder", dijo en un nuevo
mensaje, el Jefe de Estado.
Por si fuera poco, en las últimas horas, el embajador
norteamericano David Greenlee, conminó al gobierno a aprobar la
Ley de Inmunidad de los Ciudadanos de Estados Unidos; caso
contrario, se podría reducir la ayuda económica que brinda la
poderosa nación a este país.
La mencionada ley de inmunidad norteamericana ante la Corte Penal
Internacional debía ser aprobada el pasado primero de enero; sin
embargo, la reacción de diferentes sectores sociales que defienden
la soberanía y dignidad de todo un pueblo impidieron la aprobación
de ese atentado.
A las presiones cívicas y sindicales de Santa Cruz, se suman las
demandas campesinas de una fracción de la CSUTCB y de los
cocaleros de Los Yungas que realizan medidas de presión; en
cambio, desde diferentes sectores sociales se suman a las voces de
protesta para iniciar movilizaciones en los próximos días.
Aunque existe una bancada denominada "patriótica" compuesta por
diputados y senadores tránsfugas que fueron electos por un
determinado partido político y hoy decidieron apoyar la gestión
del presidente Mesa, lo cierto es que la administración de
gobierno cada vez, se encuentra más cercada y debilitada.
Una muestra muy clara de esa debilidad y orfandad política,
sucedió en las últimas horas, cuando la mayoría de congresales en
la Cámara de Diputados, determinó censurar a todos los ministros
del área económica del gobierno. Esa determinación obliga a cuatro
ministros a renunciar a sus cargos.
Cambios estructurales
El Movimiento al Socialismo (MAS) considera que la crisis
estructural por la que atraviesa Bolivia es reflejo del producto
de los errores, agresiones y la soberbia del gobierno hacia los
bolivianos y la imposición de organismos internacionales con
políticas económicas ajenas a nuestra realidad, que está siendo
aprovechada por grupos de la oligarquía y sus representantes en el
afán de rearticularse atentando contra la democracia.
"Nosotros, movimientos sociales del campo y la ciudad,
profesionales, intelectuales, clases medias que sentimos por
nuestra patria y que somos el pueblo boliviano, sabemos que
mientras no resolvamos los problemas de la mayoría nacional que es
discriminada y explotada e incluso amenazada con la extinción,
jamás se solucionarán los problemas en el país si antes no se
resuelve esta situación", afirmó en un mensaje a la nación, el
diputado y jefe del principal partido político de este país, Evo
Morales.
Agregó que la solución a los problemas del país no pasa por
medidas coyunturales ni antipopulares sino por soluciones
estructurales. "El gobierno de Carlos Mesa debe respetar y cumplir
con la agenda de octubre: referéndum, nueva ley de hidrocarburos,
convocatoria a la asamblea constituyente y juicio de
responsabilidades y no por la dictación de decretos que atentan
contra la economía y los derechos humanos del pueblo.
"Estamos consientes que la solución a la crisis que vive el país
debe ser en el marco de la democracia, mediante transformaciones
pacíficas expresadas en acciones concretas que demuestren un
compromiso profundo con nuestro país".
El MAS propuso al país soluciones políticas, económicas y sociales
que desataron un intenso debate en diferentes sectores sociales.
En lo político conciben a la Asamblea Constituyente como la máxima
instancia, autónoma, plena y potenciaría, no una simple reforma
constitucional, sino la "refundación" del Estado Boliviano.
Para garantizar una Asamblea Constituyente democrática, indígena y
popular, refundacional del Estado Boliviano, se debe definir un
nuevo pacto social constituyendo un Consejo de los Pueblos que
cuente con la amplia participación de representantes de las
víctimas del neoliberalismo: todas las organizaciones sociales del
campo y la ciudad para recuperar los recursos naturales del suelo,
subsuelo y sobresuelo que serán la base del nuevo régimen
económico del país y desneoliberalizando todos los servicios
básicos para convertirlos de servicios públicos.
"Para el pueblo boliviano la dignidad y soberanía nacional es la
base para la construcción de nuestro país, la dignidad y la
soberanía nacional no están en venta ni en subasta; por eso, no
aceptamos, bajo ningún concepto, el sometimiento al chantaje por
parte del Poder Ejecutivo para la aprobación de la Ley de
Inmunidad exigida por el Gobierno de Estados Unidos", enfatizó
Morales.
En lo económico la propuesta masista radica en la elaboración de
una nueva propuesta económica y social, tomando como base la
diversidad económica y la heterogeneidad productiva y abrogando la
política neoliberal.
La aprobación de la Ley de Hidrocarburos es de vital importancia
con la visión de la verdadera recuperación de la propiedad de los
recursos hidrocarburíferos y la captación de los recursos para
beneficio del pueblo boliviano.
Plantean refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
como la máxima instancia de control de los hidrocarburos en toda
su cadena productiva: exploración, explotación, comercialización,
exportación e industrialización.
Alertando que en el futuro se pueden reproducir conflictos
sociales, demandaron soluciones estructurales al problema de la
tierra y territorio, educación, salud, vivienda y empleo.
Según Morales, sólo la madurez y serenidad del pueblo boliviano,
acompañada del ejemplo y lucha de otros países del continente y el
mundo, promoverán la construcción de la nueva Bolivia.
Retroceso neoliberal
El gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una hora crucial: hasta
hoy solucionó todos los conflictos sociales en base al diálogo y
la concertación, pero en los últimos días aprobó un decreto
mediante el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas utilizar
armamento de fuego contra los conflictos sociales.
"El Manual del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos" autoriza a
los uniformados al uso de armas de fuego en conflictos y
convulsiones sociales que atenten contra la Constitución Política
del Estado.
Según dirigentes de los movimientos sociales, "el gobierno y su
ejército ya tienen licencia para matar".
Es bueno apuntar que producto de las últimas movilizaciones
sociales pacíficas, los pobladores de El Alto (La Paz), lograron
que el gobierno rompa el contrato de concesión con la empresa
Aguas del Illimani, vinculada a la transnacional francesa
Lyonnaise des Eaux-Suez.
El principal dirigente de las Juntas Vecinales de El Alto, Abel
Mamani, destacó que con la rescisión del contrato con la
transnacional del agua –producto de ejemplares movilizaciones de
miles y miles de alteños y alteñas- no sólo lograron recuperar un
recurso natural y forzar a la constitución de una nueva empresa
del agua con participación popular, sino perforar y hacer
retroceder la política neoliberal.
Aunque el sector empresarial y los organismos internacionales, así
como sectores políticos conservadores, reaccionaron contrariados
por esa determinación del gobierno, la administración
gubernamental continúa su política sin un rumbo definido y cada
vez más presionada.
Diferentes sectores sociales advirtieron que si el gobierno de
Carlos Mesa –en forma urgente- no modifica estructuralmente su
plan en lo económico, político y social, no define su preferencia
entre las transnacionales y el pueblo, no es capaz de rechazar las
presiones externas, no cambia a su gabinete ministerial, no
atiende las demandas crecientes de los movimientos sociales y, en
suma no cristaliza la "agenda de octubre" con la aprobación de una
nueva Ley de Hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea
Constituyente Popular y el juicio de responsabilidades contra
Sánchez de Lozada y sus ex ministros, se pueden producir
conflictos con imprevisibles consecuencias…
Cochabamba (Bolivia), 21 de enero de 2005.
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