Violencia estatal y el desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla
27/05/2014
- Opinión
Una vez más las fuerzas de seguridad hondureñas hacen gala del uso de la violencia indiscriminada en contra de la población civil, al disolver una manifestación de protesta comunitaria en Puerto Castilla el pasado viernes 23 de mayo, que culminó con seis niños hospitalizados en la ciudad de Trujillo.
La utilización de bombas lacrimógenas como un arma ofensiva, se ha convertido en una estrategia usual para las fuerzas de seguridad hondureñas, las que desafortunadamente son adiestradas en técnicas de agresión más que disuasión, y tiene un penoso y largo historial de abusos de los derechos humanos de la población civil.
La comunidad de Puerto Castilla se encuentra perpleja ante la hospitalización de seis menores de edad y la evacuación de buena parte de los infantes a un barco anclado frente a la comunidad, para así evitar la intoxicación causado por las bombas de gas pimienta y lacrimógenas. Los hechos acontecidos han dado lugar a un repudio generalizado entre el pueblo garífuna ante la ausencia de sensibilidad humana por parte de los represores y la incapacidad de diálogo demostrada por la Empresa Nacional Portuaria (EPN) y los funcionarios estatales.
El uso de armas químicas para el “control de multitudes¨
La utilización de armas químicas para disolver protestas y manifestaciones se ha incrementado en los últimos años en el planeta, especialmente después del colapso de la economía mundial del 2008. En Honduras es a partir del golpe de Estado cuando los gases lacrimógenos se convierten en parte del menú habitual del pueblo hondureño.
En Puerto Castilla fueron utilizadas de forma indiscriminada cientos de bombas de gas CS (clorobenzilideno malononitrilo), el que puede causar severo daño pulmonar, como también daños significativos en el corazón y el hígado. La mayoría de las bombas de 40 mm fueron fabricadas por ALS Technologies, empresa que en su hoja de referencia sobre el producto indican que contiene un químico peligroso. Además del gas CS, fueron utilizadas balas de goma por los elementos encargados de reprimir en Castilla.
Las bombas impactaron en el Jardín de Niñ@s de la comunidad y dentro de las casas de habitación, sembrando el terror entre los pobladores antes de recibir la embestida final de un desproporcionado número de uniformados.
La dictadura civil que sufre Honduras además del estado fallido inducido, nos ha conllevado a un laberinto de violencia estructural, donde los reclamos de la población se convierte en un objetivo de criminalización por parte del Estado, además de una represión crónica.
La comunidad de Puerto Castilla y sus reclamos históricos
La comunidad Garifuna de Puerto Castilla recibió un título en 1889 de manos del presidente Luis Bogran, bajo el nombre de “La Puntilla”, el cual incluía 12 millas de largo y tres de ancho. Este título fue refrendado en 1904 por Manuel Bonilla al otorgar el título a la comunidad de Cristales y Río Negro. Posteriormente parte de las tierras fueron concedidas en el año de 1921 a la Truxillo Railroad Company y traspasadas de nuevo a la comunidad de Cristales y Rio Negro en 1942. En 1974 el general Álvarez Martínez pistola en mano obligó a la comunidad de Cristales y Rio Negro a ceder las tierras de la Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Aparentemente la comunidad Garifuna de Castilla fue relocalizada en 1940 al sur de su lugar original, para la construcción de una base militar estadounidense, la cual fue retornada a Honduras al finalizar la guerra. Actualmente se encuentra en construcción una serie de helipuertos y atracaderos en la base militar hondureña-estadounidense, parte de la metástasis de bases militares estadounidenses en el continente.
Los habitantes de Puerto Castilla enfrentan un enorme hacinamiento, dada la ausencia de terrenos disponibles para la ampliación de la comunidad. El pueblo viene reclamando un terreno de cinco manzanas, cedido al Sr. José Mauricio Weizemblut Oliva, representante de Intermares, compañía japonesa que pretendió establecerse en Honduras en la década de los años 90. El terreno en cuestión aparentemente se encuentra en venta por Sr Weizemblut Oliva, quien ha asumido ser el supuesto propietario.
Entre los compromisos cíclicamente firmados por la ENP, se encuentra dotar de una cuota de puestos de trabajo a los habitantes de Puerto Castilla, punto que nunca ha sido cumplido por la empresa, la que se ha visto involucrada en múltiples casos de corrupción. Existe además un incremento en el racismo hacia el personal Garifuna laborando en la EPN, los que en muchas ocasiones padecen de acoso laboral, especialmente aquellos individuos supuestamente asociados con los reclamos comunitarios.
El despojo de las comunidades Garífunas y los reclamos territoriales
La violenta incursión de las fuerzas de seguridad en Puerto Castilla no contribuye a solucionar las severas problemáticas que enfrentan sus habitantes. La política de la seguridad del garrote aplicada por la actual administración “nacionalista” se asemeja cada día más a las dictaduras de inicios del siglo pasado, las que diluyeron en Honduras la creación de un efectivo estado de ley.
A pesar de la intensa campaña de la Administración de Juan Hernández para erradicar la imagen de un país violento controlado por narcos políticos, el ataque a la población civil, en especial la fatal agresión que condujo a seis menores de edad al hospital como consecuencia del uso de armas químicas, y la evacuación de un nutrido grupo de menores a una barcaza para eludir los efectos del gas pimienta, incrementa la imagen de un Estado fallido donde el diálogo ha sido suplantado por el gas pimienta, alejando de esta forma la posible y ansiada inversión extranjera.
Nuestra organización condena la barbarie cometida, y exigimos el cumplimiento de las actas que se han venido firmando entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP), con los habitantes de la comunidad de Puerto Castilla, así mismo el retorno de las tierras a la comunidad Garifuna, que por derecho a posesión ancestral les corresponde, el que fue ratificado en la reciente Audiencia efectuada en San José Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso de Triunfo de la Cruz.
Sambo Creek, 27 de Mayo del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
https://www.alainet.org/es/active/74093?language=en
Del mismo autor
- Huracán Eta, caos climático y estado colapsado 12/11/2020
- El retorno de los caciques europeos y reyes estadounidenses a la costa norte de Honduras 05/10/2020
- El retorno de las concesiones territoriales 27/08/2020
- Cinco “desaparecidos” en Triunfo y la expulsión del pueblo garífuna 27/07/2020
- ¿Una “ciudad Modelo” (ZEDE) dentro de un aparente narco estado? 30/06/2020
- Libertarios neoreaccionarios y apertura de ZEDE en Roatán 02/06/2020
- El asesinato de Berta Cáceres y la imposición de la Ley de “Consulta” elaborada por el PNUD 17/01/2020
- Honduras: la farsa de la guerra contra las drogas y la narcodemocracia 08/10/2019
- A 30 años del Convenio 169 de la OIT, la destrucción de la consulta previa a manos del Estado 17/09/2019
- La flota pesquera industrial, destrucción de la biodiversidad y etnocidio de buzos miskitos 29/07/2019
Clasificado en
Clasificado en:
