'La justicia popular empieza a llegar'
04/05/2014
- Opinión
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La mañana se ha divido entre el sol veraniego y las nubes que saben a invierno. En las calles de San Salvador se han concentrado los sindicatos que viven en el sistema laboral público y los pocos que sobreviven en el privado. Es 1 de mayo y a ellos se ha unido una pequeña representación del Frente Farabundo Martí (FMLN) con las cabezas más reconocidas: Medardo González, Sigfrido Reyes, Franzi Hato Hasbún, Norma Guevara, Santiago Flores y Roberto Lorenzana.
Los efemelenistas parecen una isla en medio de los sindicalistas; toman su posición en las barreras imaginarias que los separan de los trabajadores, conversan entre ellos, no se mezclan con la plebe. Los más versados en la palabra atienden a la prensa: González habla con la Radio Nacional del diálogo de su partido con la oposición, específicamente con Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Reyes, con una docena de medios que lo acechan por saber cuánto costará la toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén y su compañero en la aventura presidencial, Óscar Ortiz; y Lorenzana que opina sobre la polémica noticia que en la última semana ha dado la vuelta a todo el mundo: Francisco Flores se ha convertido en el primer expresidente salvadoreño que ha sido llevado al banquillo por corrupción. “Es importante para el país que, independientemente del alto rango que pueda tener una persona, la justicia se aplique”, considera el también diputado que a partir del 1 de junio se convertirá en secretario técnico de la presidencia.
Un expresidente ante el estrado es un asunto que marca agenda, tanto en Centroamérica como en China, pero es aún más trascendental en El Salvador donde la impunidad se sirve como banquete de sultán: según el Banco Mundial de 119, 797 casos presentados entre junio de 2011 y marzo de 2012 al Órgano Judicial solo en 6, 661 hubo una sentencia condenatoria. El resto se quedó en etapas previas o simplemente pasó a los archivos de la Fiscalía General. El pequeño país latinoamericano también se ha caracterizado por guardar silencio de los crímenes ordenados por altos oficiales del gobierno y por la insurgencia durante la Guerra Civil que provocó unos 75, 000 muertos y 7, 000 desaparecidos. Entre los casos más emblemáticos se cuentan las masacres perpetradas en El Sumpul, El Mozote, Las Hojas, Tecoluca y otras reseñadas en el Informe de la Comisión de la Verdad.
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Desde que llegó al poder la presidencia de Mauricio Funes inició la recolección de probables casos de corrupción cometidos antes de 2009. El exsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez fue el primer encargado de coordinar las indagaciones que presentaron en la Fiscalía y que ulteriormente han sido conocidas por el Órgano Judicial. Por despilfarro de dineros públicos y defraudaciones millonarias han sido acusados exministros como Guillermo Maza Brizuela; o por la “privatización encubierta” de LaGeo están en el banquillo de los acusados exfuncionarios de la talla de Miguel Lacayo, extitular de Economía; Guillermo Sol Bang, expresidente de la CEL; José Antonio Rodríguez, exgerente de Gesal y una veintena más – también vinculados a poderosos sectores empresariales y a la italiana Enel - que trabajaron en la administración de Francisco Flores.
“Para el pueblo se está haciendo justicia ya, la justicia popular ha empezado a llegar porque la verdad se empieza a conocer”, ha señalado Lorenzana cuando se le preguntó si estaba conforme con la decisión del fiscal general, Luis Martínez de acusar al expresidente solo por peculado, (apropiación de dinero del Estado) enriquecimiento ilícito y desobediencia aunque la comisión especial de la Asamblea Legislativa que también estudió el caso – a partir del Informe de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro estadounidense que dio a conocer el presidente – le recomendó acusarlo por cohecho impropio, negociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, actos arbitrarios y peculado. “Todavía no podemos decir que la impunidad ha sido erradicada pero el hecho que se tenga poder no significa que se pueda quedar impune”. Ha recordado además que por lo menos hace diez años una acusación contra el expresidente se habría estacando porque la “institucionalidad estaba muy sesgada”. Era la época en la que el partido fundado por Roberto d´Aubuisson Arrieta controlaba la presidencia, el Parlamento y hasta la Corte Suprema de Justicia.
La exmagistrada Mirna Perla Jiménez recordaba, el 14 de febrero pasado, que en 2005 el entonces presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón y 9 magistrados más frenaron una investigación que la Sección de Probidad de la Corte había abierto contra el patrimonio del expresidente y su gabinete. “La archivó a raíz de algunas dádivas que el señor Francisco Flores tuvo que haber dado a los magistrados”.
Lunes, 05 Mayo 2014
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