La Unidad Popular en el contexto regional: Viabilidad histórica y dificultades de un proceso
20/04/2014
- Opinión
Comprender la experiencia de la Unidad Popular en Chile requiere hacer vista no sólo a los procesos que se estaban gestando al interior del país, sino que también al posicionamiento que ésta adquiere en el contexto mundial y regional latinoamericano en la década de los 70. Al observar a América Latina en aquella época, es posible identificar la existencia de diferentes estados de la lucha de clases en las diferentes formaciones económico-sociales de la región. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de referirse al contexto externo? ¿Cuál es la relevancia que éste tiene para comprender la viabilidad del proceso político que Chile vivía en ese entonces?
Situar históricamente la experiencia de la Unidad Popular permite comprender el contexto “externo” (internacional) en el cual se encontraba inserta, evaluando con ello la viabilidad del proyecto al alero de lo que estaba sucediendo en el ámbito internacional más general y en los países latinoamericanos (en términos más específicos), y las posibles dificultades que deberían ser enfrentadas por el gobierno de Allende.
En la siguiente columna, se describirá brevemente el contexto regional latinoamericano- más en específico- considerando el estado de la lucha de clases del resto de las formaciones económico-sociales de la región, y las estrategias adoptadas en materia de política exterior por el gobierno de la Unidad Popular para evitar cualquier intento de ofensiva e intervención externa directa que pudiera afectar y cambiar el rumbo del proceso.
El contexto Latinoamericano: diferentes estados de la lucha de clases
El modo de producción capitalista, a mediados de los años 60 del siglo pasado, comienza a sufrir una crisis estructural a nivel mundial, que en América Latina se expresa en un “atolladero económico”-en palabras de Anderson- producto del agotamiento del modelo ISI (aunque su fin definitivo, para todos los países de la región, se tiende a ubicar con la crisis de la deuda de 1982) y de la inflación que comenzaban a generar las presiones distribucionistas sobre los modelos de acumulación de capital local. Ya al finalizar la década el proceso de industrialización se había estancado, producto de la “estructura dependiente” de la economía latinoamericana, con su excesivo traspaso de plusvalía hacia las economías metropolitanas y la sobre-explotación del trabajo, que funcionaron como barreras para el desarrollo industrial. A su vez, se desata la crisis de acumulación capitalista local, agudizándose junto con ella las contradicciones entre capital y trabajo. Así, a finales de la década del 60, América Latina entra en un proceso de crisis no sólo económica sino que también del sistema de dominación, crisis que se define aún más con la “irrupción del movimiento de masas” en la escena política.
Esta crisis vino acompañada de una agudización de la lucha de clases en la región latinoamericana, respondiendo a las especificidades propias de cada formación social. Con ello, hay que tener presente que las coyunturas bajo las cuales se desencadenaron procesos de avance de la clase trabajadora (procesos revolucionarios) o de retroceso de la misma (procesos contrarrevolucionarios) no coexisten temporalmente en todos los casos.
Así entonces, si bien es posible identificar la existencia de etapas históricas asociadas a los modos de producción, también es posible observar una especificidad propia de cada una de las formaciones sociales insertas en la coyuntura regional. La lucha de clases y el desarrollo capitalista se dan de manera diferenciada en la región latinoamericana, estando, no obstante ello, articuladas entre sí. Algunos países en los cuales es posible observar coyunturas de agudización de la lucha de clases con clases trabajadoras fuertes son Bolivia, Perú y Argentina.
El caso de Bolivia merece especial atención, pues para 1970-1971 la coyuntura revolucionaria desemboca en que el general Juan José Torres asuma la presidencia con el apoyo de “los 4 pilares de la revolución” (organizaciones obreras, organizaciones de campesinos, movimiento estudiantil y un sector de los militares). Dicha coyuntura tenía como antecedente la experiencia revolucionaria de 1952, protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Partido Obrero Revolucionario (POR) que luego adquiriría un rumbo más moderado. No obstante ello, para 1972 la dictadura militar de Bánzer marcaría un hito importante, en tanto interrumpirá y “detendrá” el proceso revolucionario que se venía gestando en este país. En Perú, la dictadura militar reformista y de carácter nacionalista del general Velasco Alvarado termina con el gobierno de Belaúnde en el año 1968, impulsando procesos como la reforma agraria y ciertas nacionalizaciones económicas estratégicas con el apoyo expreso de la clase trabajadora. Su derrocamiento en el año 1975 por otra dictadura que intentó revertir las reformas realizadas en la llamada “Revolución de las Fuerzas Armadas” marcará el fin de este proceso, pero el comienzo de levantamientos populares encabezados por los grupos más radicales de la izquierda peruana. Mientras tanto, en Argentina la clase trabajadora y sus aliados luchaban por el fin de la dictadura militar que asolaba al país desde 1966, encarnándose en hitos como el Cordobazo en 1969 y el Viborazo- o segundo Cordobazo- en 1971. La radicalización y el protagonismo de la CGT y de los sindicatos, en conjunto con el nacimiento de fuerzas de izquierda revolucionaria como los montoneros, las FAR, las FAP y el ERP, lograron la renuncia del dictador Onganía en 1970, y la posterior y breve llegada a la democracia en 1973 (tan sólo duraría hasta 1976) con el gobierno de Perón.
Dentro de los países que presentaban cierto retroceso de la clase trabajadora frente a ofensivas contrarrevolucionarias, podemos mencionar dos ejemplos claves: Brasil, y Paraguay. El caso de Brasil se instala como la dictadura militar que da inicio a la ola de ofensivas contrarrevolucionarias en la región. El golpe militar de 1964 derrocó al régimen populista y reformista de Goulart, miembro del Partido Laborista Brasileño cuyo gobierno había comenzado reformas que se inclinaban hacia la clase trabajadora. La dictadura de Castelo Branco fue especialmente represiva hacia los partidos y organizaciones de izquierda, y hacia ciertas fracciones activas del movimiento obrero. La migración masiva de algunos intelectuales brasileños de izquierda hacia el Chile de la Unidad Popular, como algunos teóricos dependentistas cercanos al marxismo, es un ejemplo de la heterogeneidad del estado de la lucha de clases en diferentes formaciones sociales y de cómo los procesos no dejan de estar articulados entre sí. El caso de Paraguay es bastante excepcional, considerando que la dictadura de Stroessner comienza en el año 1954, con el apoyo de Estados Unidos, en un contexto nacional en el cual los partidos “tradicionales” (partido blanco y partido colorado) eran bastante poderosos, a diferencia de los débiles partidos y organizaciones de izquierda.
Así, a comienzos de los años 60 dos fenómenos marcan el panorama latinoamericano: uno, el agotamiento del desarrollo nacional autónomo (desarrollismo), como esquema económico y social, y del populismo, como esquema político; segundo, la agudización y profundización de la lucha de clases. Estas condiciones objetivas llevaron a la necesidad de superar los antiguos esquemas políticos, y al establecimiento de nuevas condiciones para el surgimiento de un pensamiento y acción revolucionarios, siendo un factor que sin duda coadyuva el ejemplo de la Revolución Cubana; en el caso chileno, cobra importancia el apoyo de Fidel Castro a la denominada “vía chilena al socialismo”, apuntando que era la vía correcta dadas las condiciones históricas que vivían ciertas formaciones sociales, en especial Chile.
Así, durante los primeros años de la década de los 60, el movimiento popular sigue su curso ascendente, ya sea empujando a los antiguos líderes populistas hacia posiciones más consecuentes, o sobrepasando las posiciones meramente reformistas-dominantes hasta ese entonces en la región- hacia posiciones políticamente más desarrolladas y críticas al sistema. Ya para la segunda mitad de la década de los 60 pudo contemplarse un nuevo impulso para las luchas populares en el continente, a la vez que el agotamiento de un modelo de reproducción del capital y su transición hacia una nueva forma, agudizaron las contradicciones entre el capital y el trabajo.
La política exterior del gobierno de la Unidad Popular
Este contexto heterogéneo de las diferentes formaciones económico-sociales de América del Sur, así como también la presencia de diferentes zonas de influencia de la URSS y del capitalismo occidental (cuyo mayor representante era para ese entonces Estados Unidos), abren un panorama viable, pero a la vez difícil para el proyecto de la vía chilena al socialismo. Por una parte, la existencia de estas condiciones objetivas situaban el proceso en un momento histórico que lo hacía posible: primero, el contexto latinoamericano estaba experimentando una agudización de la lucha de clases, razón por la cual lo que se vivía en Chile no era un hecho aislado ni “extraño”; segundo, en el ámbito internacional general, el proceso chileno despertaba simpatía en los países de Europa Occidental, a la vez que recibía el apoyo no sólo de Cuba, sino que también de la Unión Soviética en tanto la nueva estrategia promovida desde allí apuntaba justamente a la vía pacífica al socialismo. Por otra parte, Estados Unidos había ido adquiriendo un rol importante como garante de los procesos contrarrevolucionarios en defensa de los intereses de la clase capitalista que podía verse afectado por los procesos revolucionarios orientados al socialismo y por los pujantes movimientos de liberación nacional de orientación revolucionaria que comenzaban a nacer en diferentes partes del mundo. Ahora bien, a la vez que Estados Unidos tenía sus fuerzas concentradas en el sudeste asiático, sus intervenciones (incluyendo el desembarco en Bahía Cochinos) estaban siendo vistas con malos ojos a nivel internacional, razón por la cual la estrategia de intervención militar directa comenzó a cambiarse por otra de carácter un poco más indirecto.
Algunas estrategias de intervención no militar al gobierno de la Unidad Popular eran el aislamiento político y económico que podría promoverse desde los Estados Unidos hacia Chile, y la estimulación a potenciales adversarios de los países vecinos que pudieran desencadenar en conflictos militares. A este respecto, hay que mencionar que si bien había ciertos gobiernos de los países vecinos que podrían haber simpatizado con el proceso chileno, había relaciones diplomáticas que no venían bien desde administraciones anteriores, a lo que se suma la inestabilidad de la permanencia de dichos gobiernos. Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde el gobierno izquierdista de Torres fue depuesto por el régimen reaccionario de Bánzer en el año 1972. Había, así, potenciales fuentes de conflictividad radicadas en antiguas sensibilidades, en especial en los casos de Bolivia, Perú y Argentina. En el caso de los primeros, pese a la presencia de gobiernos de izquierda, existía la posible emergencia de sentimientos chauvinistas producto de la aún fresca “herida” de la Guerra del Pacífico y de acuerdos políticos que no habían sido zanjados de la mejor forma, mientras que en el caso de Argentina la dictadura de Onganía era abiertamente contraria al gobierno de la Unidad Popular al igual que la dictadura brasileña y paraguaya.
Así, el posible aislamiento político dentro del mismo subcontinente era un problema que había que atacar, a la vez que había que generar “públicamente” buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Fue a esto, entonces, que se abocó la labor de la cancillería del gobierno de la Unidad Popular, suscribiendo tratados internacionales con los países latinoamericanos, con Estados Unidos y con otros países como Rusia y China. El objetivo detrás de las relaciones con los Estados Unidos fue el de eliminar cualquier pretexto que pudiera legitimar o facilitar el bloqueo económico de Chile y acciones de cualquier tipo que pudieran perjudicar el curso de la vía chilena socialismo. Así, también, otro objetivo era reducir cualquier cuestión conflictiva con los países vecinos, sin renunciar a las metas programáticas de la Unidad Popular. Los acuerdos a los que se llegó con Argentina respecto al problema de las islas del Canal Beagle mediante tratados entre Chile y dicho país, las conversaciones diplomáticas con Bolivia respecto a la salida al mar, fomentar instancias y procesos de integración económica andina como el Acuerdo de Cartagena que daría origen al Pacto Andino (cooperación económica y política entre Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia); son algunos ejemplos de la estrategia del gobierno chileno por evitar a toda costa cualquier tipo de aislamiento y solucionar cualquier tipo de conflictos que pudiera poner en cuestión el proyecto de la Unidad Popular. Para el logro de todos estos objetivos, el gobierno chileno levantó la doctrina del “pluralismo ideológico”, fundada en el principio de la autodeterminación y de la no intervención, que resultaba eficaz en términos prácticos para evitar la “ideologización” de los conflictos en el continente.
Un balance final: la real importancia de los factores externos en la derrota del proyecto de la Unidad Popular
El objetivo de la política internacional del gobierno de Allende era lograr asegurar un contexto externo que viabilizara la implementación del proyecto socialista. A la luz de lo que estaba sucediendo en los diferentes países de la región, las estrategias adoptadas fueron efectivas, dentro de lo posible. Los potenciales conflictos fueron apaciguados, y se evitó a toda costa el aislamiento político y económico del país en relación a sus países vecinos. Ahora bien, tal y como mencionamos anteriormente, la importancia de considerar los factores externos radica en situar la experiencia de una formación económico-social particular en un momento histórico determinado. Las condiciones objetivas históricas (agotamiento de un modelo de acumulación capitalista, y la nunca acabada contradicción entre capital y trabajo) afectaron de diferente forma a los países latinoamericanos, desencadenándose procesos internos particulares en cada formación social- al alero de clases trabajadoras y movimientos populares más o menos avanzados- sin por ello estar desarticulados. De ahí, entonces, que se hable de una heterogeneidad que se vuelve importante, primero, en términos estratégicos para los gobiernos de cada formación social al momento de evaluar las relaciones diplomáticas con otras formaciones sociales (tratados internacionales), y segundo, por la influencia que otras experiencias tienen sobre los procesos vividos dentro de cada país (como lo es el ejemplo de la revolución cubana y la migración de intelectuales brasileños a Chile).
La viabilidad inicial que los factores externos proporcionaban a la vía chilena al socialismo y al desarrollo obrero subsecuente era objetiva, y frente a las dificultades presentes las estrategias adoptadas fueron efectivas en relación a lo que el gobierno de la Unidad Popular se propuso en materia internacional. Sin embargo, ninguna política externa podría haber impedido la intervención de Estados Unidos y, más importante aún, ninguna política exterior podría haber evitado la derrota del proyecto etapista. La intervención externa del imperialismo estadounidense operó sobre factores internos desestabilizadores pre-existentes, profundizando y favoreciendo el golpe cívico-militar, pero no siendo el responsable del mismo. Una mirada hacia los factores internos y a las estrategias y tácticas adoptadas tanto por el gobierno de la Unidad Popular como por la clase trabajadora y el movimiento popular, pueden dar algunas luces de la derrota.
Leonora Rojas
Estudiante de Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado. Licenciada en Antropología con mención Antropología Social, Universidad de Chile
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