México

Reunión del CNI, región Istmo de Tehuantepec

Valentina Valle

06/04/2014

Opinión

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La cita para atender al Congreso Nacional Indígena –región Istmo de Tehuantepec– era a las ocho de la mañana en la comunidad de nombre español Álvaro Obregón. Sin embargo, la comunidad que recibió a los delegados y delegadas de los pueblos binnizá, ikoot, ayuuk, chol, nuntaj’yi, nahua, zoque y mestizos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y del DF, fue la zapoteca Gui’xhi’ Ro’, una comunidad en lucha por la defensa de su territorio y por la construcción de su autonomía (ver el pronunciamiento final del congreso).

Esta sesión del CNI, organizada en el marco de los acuerdos tomados en agosto de 2013 en Chiapas, durante la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso y que buscan el fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos indígenas de todo el país, empezó con una ceremonia ikoots, debajo de un árbol de guanacastle, en la plaza principal de la comunidad. Entre los acompañantes solidarios se encontraban: el Colectivo Magisterial y Popular 14 de Junio, la FUL APPO – Sector Juchitán, el Instituto Superior Intercultual Ayuuk de Jaltepec de Candayoc y del Bachillerato Asunción Ixtaltepec Ikoojt de San Mateo del Mar, unos visitantes de Italia, Francia, Estados Unidos y los observadores internacionales del grupo de Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Después de un recuerdo de los avances del Congreso Nacional Indígena desde su fundación en octubre de 1996 hasta la fecha, los trabajos se abrieron con la formación de cinco espacios de diálogo, comunicación y reflexión sobre los diferentes aspectos de la vida comunitaria, siempre en el marco de los cinco pilares fundamentales de la comunalidad: la asamblea comunitaria, el disfrute y la fiesta, el territorio, la milpa y el trabajo comunitario.

Las mesas se dividieron en: gobierno autónomo; defensa territorial; justicia y seguridad comunitaria; producción, alimentación y salud; comunicación y educación. En cada una fueron denunciadas las violaciones de los derechos de los pueblos originarios y el hostigamiento constante de los gobiernos que reprimen la protesta y resistencia de las comunidades frente al despojo de sus bienes, y persiguen y encarcelan los líderes sociales.

Cabe destacar que una parte importante de la reflexión fue dedicada a los sueños, elemento imprescindible no sólo de la cultura comunitaria sino de cada proceso que pretenda originar un verdadero cambio social. Los sueños de (bien)vivir, de reconstruir las formas organizativas desde las asambleas comunitarias; de ejercer una justicia comunitaria verdaderamente justa; de fortalecer los procesos de difusión de información sobre las luchas y los derechos de los pueblos originarios; de multiplicar las universidades indígenas autónomas y dar seguimiento a la propuesta de creación de una Pluriversidad Indígena Internacionalista del Istmo de Tehuantepec; de defender las economías comunitarias con la recuperación de las instituciones tradicionales como la ayuda mutua, el tequio y el trueque, y de fortalecer la cultura local a través de las lenguas originarias y el sistema de salud tradicional.

Sin embargo, estos sueños contrastaron con las pesadillas descritas por los asistentes. Se denunció la invasión de la empresa Gas Natural Fenosa en las tierras comunales de Juchitán; la extracción de minerales para la construcción en el sitio sagrado del cerro de Santa Cruz Igú; el proyecto minero en Ixtepec, que aseveran tendrá fuertes efectos en la salud, el ambiente y la forma de vida de todas las comunidades istmeñas; los atropellos sufridos por los pueblos de San Miguel y Santa María Chimalapa, en lucha por sus derechos territoriales y en contra de los talamontes; los intentos de invasión de las empresas mineras, eólicas y turísticas en la Sierra Nuntaj’yi y Nahua de Santa Marta en el sur de Veracruz; el despojo oficial y el hostigamiento permanente por parte de las empresas extranjeras eólicas que siguen operando en la región del Istmo, sin respetar los diferentes recursos jurídicos interpuestos y ganados por los pueblos; la injerencia de organizaciones como Antorcha Campesina o de algunos líderes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI) y la intromisión de los partidos políticos con la imposición de “administradores” en las comunidades de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y Gui’xhi’ Ro’-Álvaro Obregón.

Sobre este último punto, y en conclusión de los trabajos, el Congreso expresó su pleno respaldo a la lucha en defensa del territorio y por la recuperación del sistema de vida comunitario, de la asamblea general, el cabildo, el concejo de ancianos y la policía comunitaria, y exigió al presidente municipal del Juchitán, Saúl Vicente Vásquez, el respeto de la decisión del pueblo binnizá de nombrar al compañero Odelio López Vicente como agente comunitario electo en la asamblea general realizada el 8 de diciembre de 2013. En esta fecha, de hecho, la Asamblea Comunitaria designó a los servidores municipales para el trienio 2014-2016, que el pasado 14 de enero, con fundamento en los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, 19, 25 y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, acudieron a la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca (SEGEGO) para solicitar sus acreditaciones como autoridades municipales. Acreditaciones que nunca fueron otorgadas.

La lucha de Gui’xhi’ Ro’ por la autonomía

Al acabarse el CNI, Betina Cruz Velázquez, «mujer binnizá de Juchitán, luchadora desde los 13 años», como ella misma se define, nos concedió una entrevista y le pedimos que contextualizara la lucha de la comunidad que hospedó este evento en el marco general de la resistencia istmeña frente al despojo de sus recursos naturales. La postura de Betina, quien fue activista de la COCEI hasta los años noventa y luego se dedicó a la academia antes de volver a la lucha social, fortalecida por las informaciones que logró colectar en sus investigaciones, no deja lugar a las dudas: «Esta es una lucha por el control del territorio».

Contra la imposición eco-capitalista

La decisión de la Asamblea General de Gui’xhi’ Ro’, ya tomada en febrero de 2013, de rechazar formalmente los partidos políticos y de recuperar sus instituciones tradicionales, en particular su policía comunitaria, es sólo el último paso de una lucha que viene dándose desde hace años, desde que los integrantes de las que ahora son las Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos (APPJ) y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) empezaron a recorrer las comunidades difundiendo informaciones sobre las verdaderas intenciones de la empresa Mareña Renovables.

Este consorcio, inicialmente una filial de la española Preneal y que ahora comprende, ente otros, la japonesa Mitsubishi, el fondo de pensión holandés PGGM y el australiano Macquarie, pretendía realizar en la Barra de Santa Teresa uno de los parques eólicos más grandes de América Latina, con 132 torres aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros para conectar el parque con la red eléctrica. Un megaproyecto insertado por un lado en el más amplio Proyecto Mesoamérica –una mega inversión geoestratégica que se extiende desde México hasta Colombia y que comprende infraestructuras, producción energética y tratados de libre comercio– y por el otro en la carrera a la energía limpia que después del lanzamiento de la supuesta “Economía Verde” se volvió uno de los sectores más lucrativos gracias al comercio de los bonos de carbono y a la especulación financiera alrededor de sus derivados.

Betina destaca que, además de las consecuencias nefastas que la realización del parque habría tenido sobre la naturaleza y la vida de los pobladores, «nunca hubo consulta, los proyectos llegaron y no nos avisaron, ni siquiera tomaron en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual México es firmante y que obliga a los Estados a realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de realizar cualquier obra en sus territorios». Y agrega: «en la lucha en contra del proyecto eólico en la barra de Santa Teresa, Gui’xhi’ Ro’ fue la pieza clave, porque Mareña Renovables no pudo pasar sobre la barricada que pusieron los comuneros, y ésta es la única entrada a la barra. Después de la expulsión de Mareña Renovables entonces, fue natural por la comunidad buscar la expulsión también de los que fueron la causa de su ingreso: los partidos políticos, hasta que ahora se declararon autónomos y no aceptan la realización de elecciones ni la promoción de partido o candidato alguno».

Eso se configura como un logro político que va más allá del rechazo de una empresa transnacional, y no sólo para una comunidad que en 2009, recuerda Betina, «todavía estaba dominada por los caciques de la zona», sino también para la misma APIIDTT que lo define como «un movimiento social y político, no partidista pero sí político, porque tiene el objetivo de la reconstrucción comunitaria de las comunidades, proceso encaminado también en Unión Hidalgo y Santa María Xadani». Una conquista que también explica la constancia de la represión que sigue abatiéndose sobre Álvaro Obregón y que procede tanto del lado del gobierno estatal, que no reconoce su autonomía negando las acreditaciones a sus autoridades, como del lado del gobierno municipal, donde el presidente Saúl Vicente Vásquez continúa considerando la comunidad «una mina de votos», como nos comenta el comunero Pedro López Orozco, encargado de la radio comunitaria y que denuncia «el intento de imponer representantes de partidos políticos con un proceso electoral impropio por parte de quien, para colmo, fue defensor de los pueblos indígenas como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU”.

Así el hostigamiento, las provocaciones y las amenazas continúan en contra de los comunitarios de Gui’xhi’ Ro’, demostrando que la verdadera problemática es, como nos dijo Betina en la parte inicial de nuestra entrevista, «una lucha para el control del territorio», y una lucha que viene desde lejos.

La COCEI y la lucha para la tierra en Juchitán

Encontramos a Carlos Sánchez en los nuevos locales de la Radio Totopo, un par de semanas antes del Congreso Nacional Indígena. Este joven de unos treinta años, aplastado entre las órdenes de aprehensión en su contra y las amenazas de muerte que recibe casi diario, ya no sale mucho de su casa y aún menos se atreve a dejar el barrio de la Séptima Sección de Juchitán. Pero tiene buena memoria, preparación política y conocimiento de la historia de su tierra, una historia que no se puede contar sin hablar de la COCEI y que, una vez más, el Bexhe nos comparte para que podamos entender mejor el contexto actual.

«En 1974 surgió una propuesta de organización para la comunidad de Juchitán, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, la COCEI. El objetivo de la organización era el reconocimiento de los bienes comunales de Juchitán y el fortalecimiento de la cultura y lengua zapoteca. El año siguiente, los campesinos de la región liderados por el profesor y activista social Víctor Piñeda Hernestrosa, tomaron la oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria para exigir la restitución de sus tierras en manos de caciques y terratenientes. [...] A pesar de las persecuciones, amenazas y secuestros perpetrados por parte del Estado mexicano y del PRI en contra de los activistas, y del levantamiento del líder social Victor Yodo en el julio de 1978, el trayecto de la COCEI se mantuvo firme y diez años después de su nacimiento, la organización logró ocupar un registro de partido y participar en las elecciones municipales, obviamente ganando. Frente a la negación de su triunfo, la COCEI lideró la toma del palacio municipal de Juchitán y la instalación de un Ayuntamiento Popular que vio también la participación de Álvaro Obregón».

Lo que nos cuenta Carlos es más que un relato. Al escuchar que el apoyo que los comuneros de Juchitán están brindando ahora a Gui’xhi’ Ro’ ya se había dado a la inversa hace veinte años, percibimos en sus palabras el eco de la historia oral y compartida que constituye la memoria comunitaria de los pueblos. De la misma manera escuchamos en su voz el dolor y la rabia de los pueblos cuando nos habla del viraje que se dio en la COCEI, en los noventa, cuando «después de una represión de años, sus dirigentes Héctor Sánchez López, Leopoldo de Gyves de la Cruz y Daniel López Nelio, entre otros, pactaron con el Estado mexicano a través de Carlos Salinas de Gortari, traicionando al movimiento comunitario. A partir de entonces, la COCEI perdió el apoyo de las comunidades originarias, sus dirigentes devinieron senadores y diputados federales y los habitantes de las colonias populares se volvieron sus principales partidistas, tras recibir tierras despojadas a los campesinos a cambio de su apoyo».

A la luz de esta explicación, las palabras de los comuneros de Álvaro Obregón que denuncian provocaciones y hostigamiento por parte de los partidistas toman otro sentido, como igualmente la creación del nuevo asentamiento en el camino hacia la barra de Santa Teresa, en donde ondea la bandera coceista. El poder de esta organización se puede medir con las consecuencias a las que tuvo que enfrentarse después de que la Radio Totopo –el espacio de comunicación comunitaria fundado en 2006 como orgulloso heredero de la Radio Ayuntamiento Popular, la primera experiencia de radio comunitaria que se dio durante la toma del ayuntamiento de Juchitán– lanzara la denuncia que Carlos nos comparte.

«El pueblo tenía fresca esta memoria de lucha y mucha gente que estuvo en la COCEI relacionó el transmisor de Radio Totopo que se llevó el ejército en 1983 porque también tenían abierta una herida, la de Víctor Yodo que aún no aparece, mientras aún están allí los traidores que vendieron y siguen vendiendo el territorio del Istmo a las transnacionales. La radio comunitaria Totopo no solamente quiso transmitir la memoria histórica sino accionar en contra de esta traición y desde este entonces los dirigentes me señalan como el principal promotor de esta reorganización en contra de ellos».

De hecho, después de la fundación de la radio, en 2013, vino la formación de la Asambleas Popular de los Pueblos Juchitecos y una de las primeras acciones fue buscar a los comuneros que todavía estaban vivos y empezar con ellos un amparo agrario para promover la reorganización de las autoridades.

«Por 35 años, desde que el Estado mexicano secuestró a Víctor Yodo, quien estaba promoviendo la restitución de los bienes comunales, la tenencia de la tierra en Juchitán quedó muy dispersa, no tuvimos autoridad agraria y el Estado aprovechó para otorgar títulos de propiedad a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, intentando desmemoriar a los pueblos originarios para apoderarse de sus tierras. Ahora las empresas extranjeras, como Gas Natural Fenosa, después de haber obtenido títulos de propiedad que ni siquiera podían ser otorgados, están metiendo dinero para dividir al pueblo una vez más, y tienen un equipo de sicarios que amenaza y balacea a los comuneros que se atreven a resistir a su avanzada. En mi celular recibo constantemente amenazas de muerte y las compañeras de la APPJ son amenazadas de secuestro.»

La demanda de reconocimiento de las tierras comunales y de restitución de las autoridades fue interpuesta en Salina Cruz, Oaxaca, pero hasta la fecha no ha tenido resultado. Tampoco lo ha tenido la denuncia de ilegalidad de los diez parques eólicos establecidos en las 68 mil hectáreas de tierra de Juchitán, sobre tierras comunales y sin consulta previa, libre e informada.

La historia se repite, las palabras y reivindicaciones de Carlos Sánchez se confunden con las de Betina Velázquez, de Pedro López y de los y las demás activistas que hemos escuchado. El camino hacia la restitución de las tierras comunales, del reconocimiento de la autonomía y en general, del respeto a los derechos de los pueblos, parece todavía muy largo en el Istmo de Tehuantepec.

No obstante la situación, las palabras con qué Carlos nos despide son optimistas, porque «los integrantes de la APPJ, que ahora son también los que administran Radio Totopo, seguirán luchando a pesar de todo, de las persecuciones y amenazas, de las leyes o reformas que el Estado mexicano está promoviendo para frenar el levantamiento de los pueblos originarios, la reivindicación de sus tierras y de sus medios de comunicación». Y si por un lado nos queda claro que será una lucha a largo plazo, por el otro se nos hace aún más evidente que los juchitecos sí tienen vehemencia, pero prisa no.

Fuente: SubVersiones – Agencia Autónoma de Comunicación

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