Colombia

Campaña electoral, reelección y reforma política

Clara Rocío Rodríguez Pico

07/03/2014

Opinión

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Las propuestas de reforma política realizadas recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, son una prueba más de la inconveniencia de la reelección inmediata. En el marco del lanzamiento de su campaña releccionista, temas claves para el país se vuelven ganchos de campaña. Prometidos por quien ostenta el máximo cargo del Gobierno a nivel del Ejecutivo, adquieren una resonancia que de otra forma no tendrían. Esto puede afirmarse para las propuestas de aumento del período de mandatarios locales y la reunificación de periodos de éstos con el del presidente, lanzado en el marco de un encuentro nacional de alcaldes. Lo mismo aplica también para el compromiso de acabar con la reelección en el país, propuesta que cuenta con un amplio respaldo a nivel de la opinión pública, y que lanzada por quien tiene el mayor apoyo en las encuestas de opinión puede resultar creíble.

También en el marco de la campaña política, el candidato al senado Álvaro Uribe asume una postura crítica frente a los planteamientos del Presidente, olvidando que propuestas de este tipo formuladas por cualquier candidato sin el poder del Estado, no tendrían mayor trascendencia, si no fuera por el cambio del “articulito” que él avaló y sus ministros y colaboradores contribuyeron a “aceitar”, utilizando todo tipo de medidas posibles.

Lo cierto es que ni cuatro ni ocho años fueron suficientes para uno y otro para proponer reformas seria en los temas que hoy los enfrentan los intereses político-electorales.

La reforma política, más allá de la campaña electoral

Como ha sido sostenido por muchos de los miembros del Grupo de Interés de Reforma Política, este tipo de iniciativas deberían cumplir al menos dos requisitos: tramitarse en periodos no cruzados por coyunturas electorales, de tal forma que permitan una reflexión y una deliberación amplia para llegar a las mejores decisiones normativas, y dos, que no afecte a actores políticos de manera inmediata, sino que su aplicación pueda diferirse hacia adelante, garantizando de esta forma que no responden a intereses particulares.

Estas condiciones mínimas del trámite de proyectos que por su propia esencia tocan la distribución del poder político, no son frecuentes en un país donde las reformas se realizan muy signadas por la coyuntura. Así sucedió con la adopción de la reelección inmediata que benefició al mandatario de turno, con la reforma política del 2009, que permitió el transfuguismo parlamentario o con la ley 1475 de 2011, que fue avalada por la Corte Constitucional unos meses antes de las elecciones.

Los temas de la reforma Santos

Varios aspectos han sido planteados hasta el momento por Santos en la campaña y sobre ellos vale la pena hacer algunos comentarios, para motivar la reflexión y el debate:

La prohibición de la reelección y su no adopción para autoridades territoriales: Quienes en el año 2004 nos opusimos a la reelección inmediata insistimos en el daño que esta modificación haría a toda la estructura constitucional y a la institucionalidad democrática. Hoy que el balance no es positivo, los argumentos parecen ir más en el sentido de volver a la prohibición que se había adoptado en la Constitución y de no extender este diseño a gobernantes locales y departamentales. Quien hoy abandera estas ideas en la campaña, el presidente-candidato Santos, planteó, hace cuatro años, también en el marco de su actividad política, pero como candidato del Uribismo, que defendería la reelección presidencial, al no considerarla un peligro para el equilibrio de poderes, así mismo adicionaba que “La Constitución contempla las reglas de juego claras del sistema democrático colombiano y no debería estar variándose permanentemente” (Cartilla Siete Claves para que no bote su voto, guía para las elecciones presidenciales 2010, Foro - NDI). En la medida en que no se realizó ninguna iniciativa en este sentido durante su mandato, ¿se puede creer hoy en el cambio de opinión del mandatario y en la idea de que no responde a otro tipo de intereses?

Ampliación de los periodos del Ejecutivo: ante el fracaso de la reelección, muchos han considerado como una propuesta más viable el prolongar uno o dos años los periodos de gobierno presidenciales, con el argumento de que cuatro años pueden ser insuficientes. Al respecto resulta interesante analizar la experiencia de América Latina donde la tendencia entre 1978-2007 fue a una disminución leve de los periodos pero a un aumento de las reelecciones presidenciales, tal y como se expresa en el siguiente cuadro:

Reelección	Inmediata	No inmediata	Prohibida
Duración periodo
4 años	Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Ecuador	Costa Rica	Guatemala Honduras
5 años	Bolivia	El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay	Paraguay
6 años	Venezuela	Chile	México

Fuente: Zovatto y Orozco, 2008, con algunos ajustes de la autora

14 países acogen la reelección en cualquiera de sus modalidades y cuatro la prohíben totalmente, mientras que la mayoría cuenta con mandatos cortos de cuatro años (8 países), siete con 5 años y solo tres países tienen actualmente períodos de seis años.

El debate está abierto en el caso nuestro a la luz de lo que ha sido la experiencia reeleccionista y la tradición del país. Sin embargo, esta propuesta que puede ser razonable, parece viciarse ampliamente si se le adiciona el extenderla a autoridades locales (alcaldes y gobernadores) y simultáneamente hacer coincidir los periodos de gobierno, extendiendo por dos años más el periodo de los mandatarios territoriales actuales, como lo propone el presidente candidato. Esta iniciativa presenta al menos dos grandes cuestionamientos e interrogantes. De un lado, si no se desconoce la voluntad del elector que escogió gobernantes para cuatro años, al hacerlos permanecer más allá del mandato que les fue otorgado, en segundo término sí esta reforma no condiciona el apoyo electoral actual de los mandatarios locales al candidato presidente en su campaña, en la perspectiva de contar con su apoyo futuro para la permanencia en el cargo.

La unificación de los periodos de Gobierno:Esta propuesta debe mereceun análisis particular sopesando sus pros y sus contras. Mientras por un lado es probable que elecciones concurrentes generen un efecto de arrastre y mejoren los niveles de participación electoral y la identidad partidaria, por otra es muy posible que tienda a fortalecer la figura presidencial en desmedro de las dinámicas políticas propias de municipios y departamentos. En ocasiones, gobiernos territoriales de signo contrario al presidencial pueden ser fuente de oposición importante, mientras que la elección simultánea podría generar la tendencia a gobiernos del mismo signo a nivel nacional y en buena parte de las alcaldías y gobernaciones.

La eliminación del voto preferente: Al igual que lo hicieron otros candidatos a la Presidencia de la República en la campaña de 2010, Santos manifestó su compromiso hacía una reforma electoral tendiente a la eliminación del voto preferente, así como al fortalecimiento de los partidos políticos, el régimen de bancadas y la financiación de las campañas. Al igual que con los temas mencionados previamente, no hubo iniciativas de su gobierno tendientes a desmontar el voto preferente. ¿Tendría que ver en esta inactividad al respecto el empeño en no afectar intereses de congresistas de su coalición de gobierno, con miras a contar con apoyos para su reelección? ¿Por qué habría de creerse que en una segunda presidencia sí abordará esta reforma?

La eliminación de la circunscripción nacional: Aunque esta reforma ha sido propuesta por diversos sectores con el argumento de que no se logró la eliminación de los feudos políticos prevista en la Constitución y que por el contrario se aumentaron dramáticamente los costos de campaña, la circunscripción nacional presenta varias ventajas que también deben balancearse a la hora de impulsar una reforma. En primer término, posibilita el surgimiento de liderazgos de orden nacional ligados generalmente, aunque no exclusivamente, a opciones alternativas. Al respecto podrían nombrarse varios senadores a los que les cabe el país en la cabeza y que no están solo ligados a una región en particular. En segundo término, la circunscripción nacional favorece la competencia electoral, dando posibilidad de entrar al congreso a los grupos más pequeños y a candidatos desligados de las maquinarias y feudos electorales. Circunscripciones más pequeñas hacen más difícil la entrada de nuevos competidores. La desaparición de competencia a nivel nacional sería, en este sentido, una medida más que contribuiría al cierre del sistema político. En tercer lugar, fenómenos como la parapolítica tienen una dimensión claramente territorial, con lo que circunscripciones exclusivamente territoriales podrían contribuir a ahondar este fenómeno. Finalmente, es de señalar cómo en la labor legislativa sí es posible observar diferencias entre las actuaciones del Senado y de la Cámara que desaparecería con la supresión de la circunscripción nacional.

En síntesis, las iniciativas planteadas por el binomio Santos Vargas Lleras se perciben más como ganchos de campañas, que como propuestas serias de reforma al sistema político. Los temas planteados por Santos el candidato-presidente, no son todos los temas que requiere el país en materia de reforma política, quizás tampoco sean los prioritarios para legitimar el sistema político y buscar que mejore su funcionamiento y supere sus innumerables vicios. Sin embargo sí plantean aspectos importantes que es necesario analizar para consensuar lo que mejor conviene al país.

La elección de un nuevo Congreso de la República para el período 2014-2018 y el cambio del Gobierno Nacional son una oportunidad para tramitar reformas requeridas. Algunas de ellas deberían, así lo esperamos, estar ligadas a los acuerdos de paz, otras a la búsqueda de soluciones que el sistema político requiere, independientemente de los procesos de La Habana, y que se pueden ir avanzando incluso antes de la refrendación de los acuerdos. En este sentido el tiempo de presentación del proyecto de reforma podría ser el adecuado. No así la propuesta de beneficiar a actores específicos que se desprendería de estas iniciativas, frente a lo cual habría que evitar a toda costa que las transformaciones adoptadas respondan a pagos de promesas de campaña.

Clara Rocío Rodríguez Pico

Coordinadora Programa de Institucionalidad Política Democrática de la Fundación Foro Nacional por Colombia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 390

Semana del 7 al 14 de marzo de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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