Las tensiones sociales y violencia desatada en Venezuela en lo que va del 2014, no son un hecho único. Lamentablemente, en otras latitudes como Ucrania, Siria o Tailandia se han venido sucediendo situaciones de conflicto social que han puesto en cuestión su gobernabilidad y entendimiento sobre los derroteros en sus respectivos países. Por cierto, nuestra apuesta (y llamado) es por la paz y la convivencia humana, sobre la base del diálogo y entendimiento mutuo, con bases de justicia y equidad, y la protección especial de los más indefensos y pobres de cada sociedad.

 

En especial, la realidad de Venezuela nos golpea de más cerca, al estar en nuestro ámbito Latinoamericano. Porque en el Perú no hemos sido ajenos a ello y, más adelante, podríamos reproducir situaciones equivalentes. Pese a que hoy nuestro país está ganado por una perfomance económica mejor sostenida, aunque no necesariamente sólida; con una continuidad electiva de sus autoridades públicas (presidente, congresistas, alcaldes, gobiernos regionales, etc.) ya por varios periodos, aunque tambaleante en su sistema político por la poca institucionalidad y ausencia de partidos políticos (o su frágil consistencia); con deudas aún no resueltas en los niveles de ingresos (y reforma) del sector público y de cómo ello se traslada al sector privado y al conjunto de la sociedad y las familias que la integran.

 

El caso de Venezuela es fundamental de atender porque nos habla de la democracia y sociedad que queremos construir en nuestros países. Donde sabemos que hay diversos intereses en pugna y que dan lugar a movidas políticas de distinta estirpe, generando provocación, violencia y manejo noticiario a veces poco objetivo o muy parcializado. Aun así, no deja de ser importante preguntarse sobre cuestiones claves desde el caso venezolano, como las siguientes:

 

 ¿Quién respeta las reglas de juego de la democracia y se mueve dentro de la institucionalidad? Puede ser complejo señalarlo. Porque si uno parte de cuestionar la legitimidad del gobierno actual del Presidente Maduro (de Venezuela), puede que justifique la necesidad de “derribarlo” por todos los medios posibles. Algunos sectores que protestan hoy en diversas ciudades de Venezuela, al parecer, se mueven con esa lógica; sin embargo, no todos. Creo que el líder de la oposición Henrique Capriles, reconoce que hay serios cuestionamientos al régimen de Maduro pero ha intentado moverse dentro del marco de la Constitución. De otro lado, la protesta es legítima en toda democracia y no se le puede descalificar o intentar amedrentar porque no se comulga con las ideas “oficiales”.

 

Toda gobernabilidad y construcción democrática se asienta en ciertas formas que se da un gobierno. Es cierto que puede haber distintos estilos de hacer política (y liderazgos). Pero no es lo más constructivo el imponer puntos de vista de modo constantemente autoritario y remarcando un sentido militar y vertical del ejercicio del poder central. Porque lo que se marca no es un sentido de libertad o diálogo en el quehacer democrático sino, probablemente, todo lo contrario. La lucha en favor de los pobres no se puede confundir con nacionalismos populistas que duran mientras existe una caja en la que solventarse (o porque se recurre a endeudamientos no necesariamente responsables); estableciendo tejidos organizativos para intentar su continuidad pero poco sustentado en su sentido crítico y de autonomía.

 

 Es cierto que dejó muchas dudas la elección del actual presidente Maduro, especialmente por el poco margen de ventaja respecto a su contendor más cercano. Sin embargo, ello no debe hacer perder de vista que existe un significativo apoyo a lo que se llama el “chavismo” en Venezuela. Lo cual se volvió a evidenciar en las últimas elecciones de autoridades municipales y gobernadores que hubo a fines del año pasado, en la cual también fue reelecto Henrique Capriles en el cargo de gobernador del Estado de Miranda. En ésta ocasión, en el conjunto del país, el oficialismo amplió su distancia respecto a la oposición en alrededor de un 10%. Sin embargo, nadie puede por hoy irrogarse de contar con el respaldo “mayoritario” del pueblo, cuando la cosa sigue (podemos considerar) ajustada y dividida en dos “venezuelas”.

 

 Algunas cuestiones que son fundamentales de considerar desde lo mencionado antes es que:

 

(a)    Quien tiene la primera mayoría (aunque sea ajustada), debe ser quien asuma mayor responsabilidad por abrir diversos canales de diálogo y puesta de acuerdo sobre temas de fondo para el país. No obstante, es de todos los sectores políticos (y sociales) la responsabilidad de hacerlo y propiciarlo. En ello, la oposición debe de mostrar también disposición; tender puentes y no sólo revueltas o “barricadas”.

 

(b)   Lo anterior debiera repercutir en la gestión que corresponde a los diversos poderes del Estado, sin que ello signifique “falta de autoridad” a quien tiene la formal gestión de la misma. Pero se requiere ponerse de acuerdo en una situación de polarización como la que se vive. Debe propiciarse no sólo a nivel central si no de cada gobernación, por ejemplo.

 

(c)    Debe haber un acuerdo inmediato de desarme de los grupos paramilitares existentes, especialmente de los que han surgido desde la influencia del gobierno y que pareciera hoy actúan “sin control”. Su desarme y sanción a quienes han cometido acciones arbitrarias o sigan produciéndolas. Debe primar el ejercicio legítimo de la fuerza por las correspondientes entidades del Estado.

 

(d)   Tiene que haber una mediación desde las propias instituciones locales con mayor legitimidad, en particular, de la Iglesia Venezolona. En lo posible, se debiera ello acompañar de una supervisión de la OEA y otros organismos que faciliten y ayuden a consolidar el diálogo y otras iniciativas como la mencionada “Comisión de la Verdad” para clarifica las muertes ocurridas (entre otros) y darle un curso adecuado a ley.

 

(e)   Se debe lograr establecer un acuerdo de reactivación de la economía y atención a la emergencia que están viviendo diversos sectores con la escasez de productos de primera necesidad.

 

(f)     Garantizar la libertad de prensa para todos y sentido ético en la información que se difunde, recogiendo los distintos puntos de vista.

 

 Hay seguramente otros aspectos. Que sirvan a la unidad e integridad de Venezuela y de una América Latina justa, libre y solidaria.

 

Lima, 26 de febrero de 2014

 

Publicado en el “Horizontes”:  http://blog.pucp.edu.pe/item/182439/justicia-y-solidaridad-con-toda-vene...