La disputa entre magnates
26/02/2014
- Opinión
Atrapados como estamos, informativa y editorialmente, por la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, desde la mañana del sábado 22, pasó a un tercer plano que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que cualquier operador de servicios de televisión por cable o satelital, lo que incluye a Dish, puede retransmitir los canales 2, 5, 7 y 13 de televisión abierta “de manera gratuita y sin consentimiento expreso de los concesionarios de dichas señales”. Mas no los canales metropolitanos 9 (Televisa) y 40 (Televisión Azteca), pero aún en litigio jurídico del que no se informa por las partes en pugna. Ambas televisoras, como es sabido, constituyen el duopolio del ramo.
La resolución del pleno del IFT forma parte de los lineamientos para la retransmisión de señales de televisión abierta en tv restringida, y el consejero presidente Gabriel Contreras dijo que los primeros entrarán en vigor al día siguiente de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
El viernes 21, en sesión extraordinaria, el pleno del IFT le dio la razón a Dish, pero también dejó abierta una investigación sobre el cumplimiento de la relación entre la compañía de MVS y Teléfonos de México, después de un escándalo generado la semana pasada por la existencia de un presunto documento secreto sobre una opción de compra del consorcio del magnate Carlos Slim a Dish México, a través de Comercializadora de Frecuencias Satélites, de Joaquín Vargas.
El importantísimo revés para los consorcios que presiden Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego implicará que sólo Televisa deje de percibir, según el diario Reforma, 1,400 millones de pesos anuales, pero está supeditado aún a la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia interpuesta por Los Pinos, debido a un amparo otorgado por el Juzgado 13 de distrito en materia civil que establece: El IFT “carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales”.
En este nuevo capítulo de la guerra entre monopolios y trasnacionales aztecas no sólo está en juego muchísimo dinero, además del abaratamiento de un servicio que, según el IFT, la competencia provocó una baja del 44 por ciento en las cuotas a los suscriptores, lo que los usuarios de los servicios telefónicos también desean suceda en ese sector, sino sobre todo la viabilidad de materializar el espíritu y la letra de la reforma en telecomunicaciones que, casi un año después, sigue pendiente la legislación reglamentaria, la famosa como decisiva letra chiquita, cuya ausencia ya abatió la inversión para el presente año en alrededor del 30 por ciento en comparación con 2013, cuando según Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, era el sector de mayor dinamismo en crecimiento e inversión.
Aprobada el 10 de junio de 2013, la Ley Federal en Telecomunicaciones estableció el punto de partida hacia una industria con mayor competencia, pero aún faltan los decisivos y complejos detalles, por los intereses que afectará, sobre cómo se implementará.
Todo indica que la apuesta oficial es a que la ley secundaria sea aprobada por el Congreso en el período ordinario de febrero a abril del presente año. Otras voces afirman que la reforma es tan significativa que los magnates de las telecomunicaciones podrían apostar a que la letra chiquita quede en la indefinición. O mejor aún, que se formule en términos tan ambiguos que el poder del gran capital la incline hacia uno u otro bando a la hora de dirimir litigios, o bien que la eficaz capacidad de manipular a los televidentes obligue al gobierno federal a ceder ante unos u otros de los gigantescos intereses en pugna.
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