En Bolivia, el país ubicado en el corazón del continente americano, se está implementando una estrategia de criminalización y judicialización de los movimientos sociales para evitar que cristalicen demandas justas para las mayorías nacionales como la Asamblea Popular Constituyente, la nacionalización en la nueva Ley de Hidrocarburos y el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Aunque los responsables intelectuales y materiales del asesinato de más de 80 bolivianos y bolivianas y por lo menos 400 heridos de bala en la "Guerra del Gas" de octubre de 2003 siguen impunes; la justicia –a través de la Fiscalía General de la Nación- empezó a citar a los dirigentes de los movimientos sociales para que declaren. El líder cocalero y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales; el dirigente minero y de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, el dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora del Gas, Oscar Olivera y otros representantes de los movimientos sociales fueron los primeros en ser conminados a prestar declaraciones ante la justicia. Oscar Olivera, a tiempo de anunciar que el viernes 26 de noviembre se presentará en la Fiscalía de Cochabamba, afirmó que esas citaciones son una forma de criminalizar al movimiento popular boliviano. "No hay miedo. Aunque denunciamos que esta es una forma de acallar a los movimientos sociales, porque resulta que ahora los acusadores pasamos a ser los acusados. Esta no es más que una maniobra de la justicia manejada por el gonismo para criminalizar nuestras organizaciones", aseveró. Hace poco más de un mes, el Congreso Nacional de Bolivia en una sesión histórica determinó iniciar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y todos sus ministros. La resolución congresal señala: "El Congreso Nacional autoriza la remisión del proceso relativo al juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial conformado por Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc del Carpio, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal, Guido Áñez, Adalberto Kuajara, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Mirtha Quevedo, Javier Comboni, Carlos Morales, Jorge Berindoague, José Guillermo Justiniano y Jorge Torres, por violación a los derechos y garantías individuales consagradas en el título primero de la Constitución Política del Estado en sus artículos 6, 7, 9, 12, 13 y 21 y el artículo 138, párrafo 2º y 3º del Código Penal, según el requerimiento del 21 de noviembre del 2003. Es dada en el Congreso Nacional a los 14 días del mes de octubre de 2004". Conocida la determinación del Parlamento Nacional, el ex presidente Sánchez de Lozada que tiene el sobrenombre gringo de Goni, desde Washington DC (Estados Unidos), dijo que se resistirá a una posible orden de extradición y exigió una investigación internacional de las muertes ocurridas durante la movilización social que hace un año llevó a su renuncia. ''No hay que ser un constitucionalista para saber que no se puede encausar a alguien sin una investigación'', agregó el ex mandatario de 74 años, quien abogó por una investigación de carácter internacional para todos en que podría estar involucrado el conocido magistrado español Baltasar Garzón. El ex mandatario -que no ha solicitado asilo político- actualmente reside con visa de turista en los alrededores de la capital estadounidense, en una de cuyas universidades estudia su esposa. Goni acusó al actual ejecutivo encabezado por su antiguo vicepresidente, Carlos Mesa, de manipular con destituciones el ministerio fiscal del país y rechazar una investigación de 10 meses de un fiscal especial porque no les complacía. ''El vicepresidente fue parte del golpe'', dijo Sánchez de Lozada, quien equiparó a Mesa con la figura del socialista moderado ruso Alexander Kerensky que tomó las riendas de su país después de la caída del zar Nicolás y acabó siendo víctima de la revolución bolchevique. ''Mesa cabalga sobre el tigre, pero puede acabar en su estómago'', advirtió el ex presidente. Misión Internacional En junio de este año, una Misión Internacional por la Justicia y los Derechos Humanos luego de realizar diversas reuniones con el Presidente de la República de Bolivia, los Ministros de Gobierno y Asuntos Indígenas, el Viceministro de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo constató que en Bolivia se está implementando una estrategia de criminalización de los movimientos sociales mediante la persecución sistemática, las detenciones ilegales, la tortura y los asesinatos selectivos que responde a intereses extranjeros. Partes salientes de la Declaración de la Misión Internacional señala: "En Bolivia se está implementando una estrategia de criminalización y judicialización de los movimientos sociales bolivianos, que busca contener la legítima y justa protesta social, por los derechos humanos, la dignidad, el territorio y la soberanía. Esta estrategia se aplica con la persecución sistemática, las detenciones ilegales, tortura y los asesinatos selectivos". Los representantes de la Misión Internacional arribaron a este país para hacer un seguimiento del caso del defensor de los derechos humanos, el colombiano Francisco "Pacho" Cortés, detenido por presuntos actos de terrorismo y alzamiento armado. En un año y siete meses no se lo pudo comprobar nada al colombiano, ni siquiera se inició el proceso. Diversas fuentes –políticos, sindicalistas y los propios gobernantes- admiten que la justicia boliviana aún está controlada por funcionarios que dependen directamente de Sánchez de Lozada o Sánchez Berzaín o los partidos de la ex coalición. Hasta la fecha ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional ni menos la Fiscalía hicieron absolutamente nada para iniciar el proceso a quienes apretaron el gatillo y a quienes ordenaron matar en la "Guerra del Gas", sólo se dedicaron a citar a los dirigentes del movimiento popular para que presten declaraciones. Mientras campea la impunidad para los ex gobernantes, el gobierno de Carlos Mesa ordenó la detención de dirigentes sindicales del Movimiento Sin Tierra (MST), como Gabriel Pinto, acusado de participar en el asesinato del ex alcalde de la población altiplánica de Ayo Ayo, pero también continúan los procesos contra varios dirigentes de los productores de coca del Trópico de Cochabamba presuntamente por estar ligados a acciones "narco-terroristas". El representante de la Asociación de Familiares y Mártires de la Guerra del Gas, Néstor Salinas, lamentó que la justicia boliviana esté manejada a control remoto por Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín. Los tentáculos de Goni El analista Andrés Soliz Rada asegura que si se tiene el control de tres de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia, se controla a Bolivia. Y Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de Sánchez de Lozada, tiene el mencionado control. El Tribunal Constitucional fue introducido en la Constitución Política del Estado (CPE), en 1995, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada y fue concebido como un órgano de control de la constitucionalidad de leyes y decretos. Sin embargo, hoy resuelve conflictos, de manera inapelable, entre Poderes del Estado, recursos directos de nulidad y de amparo constitucional, determina la validez de convenios internacionales y las opiniones que emite son obligatorias. El jurisconsulto Víctor Hugo Escobar Herbas, en su libro "Justicia Ordinaria Versus Justicia Constitucional", editado en junio de 2004, advierte que el Tribunal Constitucional, por la vía de los recursos de nulidad y de amparo constitucional, ha supeditado a la Corte Suprema de Justicia, ha fracturado los principios de unidad jurisdiccional y de jerarquía y se ha convertido en súper poder incontrolable. Añade que "adopta decisiones que sólo compete a los jueces ordinarios y ha creado un clima de inseguridad jurídica por superposición de competencias". El Consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez, denunció a Martha Rojas, Martha Iñiguez y José Antonio Rivera de haber sido designados miembros del Tribunal Constitucional por influencia directa de Sánchez Berzaín; Rivera respondió que Gutiérrez es parte de la cuota "gonista" en el Poder Judicial. En días precedentes, el Tribunal Constitucional anuló las designaciones provisionales de magistrados y fiscales dispuestas por el Presidente de la República, en atención a que esos cargos estaban vacantes desde hace varios años. Con esta decisión se logra detener el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y otros sindicados por genocidio, violaciones a los derechos humanos y daños económicos al Estado. Atentados dinamiteros Para completar el oscuro cuadro por el que atraviesa Bolivia, cuando ya se ingresa a la recta final para elegir el 5 de diciembre a alcaldes y concejales de 327 municipios del área urbana y rural, en la última semana fue sacudida por cuatro atentados dinamiteros. Los senadores Filemón Escóbar (ex MAS) en Cochabamba y Leopoldo Fernández (ADN) en La Paz encontraron explosivos en las puertas de sus domicilios, horas antes se produjo una explosión en el Círculo de Oficiales del Ejército. En la madrugada del miércoles 17, una carga de dinamita explotó en inmediaciones de la red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) que dirigió el presidente Carlos Mesa antes de incursionar en política. Aunque en los cuatro casos no se produjeron daños personales, los atentados conmocionaron a gran parte de la población. Todas las investigaciones apuntan a que los dinamitazos provienen de gente involucrada al ex gobierno y que pretende desestabilizar la actual gestión. El ministro de gobierno, Saul Lara, afirmó que en Bolivia se detectó la presencia de dos grupos terroristas; el ministro de la presidencia, José Galindo, descartó la existencia de organizaciones subversivas. Con el justificativo de solicitar recursos de los Gastos Reservados, el Ministro de Gobierno aseguró ante una comisión del Parlamento Nacional que los sistemas de inteligencia de la policía desarticularon, entre julio y octubre, dos organizaciones terroristas en etapa de estructuración; mientras que el Ministro de la Presidencia en una rueda de presa dijo que no se detectó ni identificó a grupos insurgentes que busquen derrotar al gobierno mediante el uso de la fuerza. Lo cierto es que en las próximas elecciones municipales los partidos de la ex coalición de gobierno de Sánchez de Lozada: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) pueden ser los más derrotados y algunos casi sepultados como Acción Democrática Nacionalista (ADN) del extinto presidente Hugo Banzer Suárez; ahora existen otros protagonistas como el Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) o el Movimiento Sin Miedo (MSM) y varias agrupaciones políticas vestidas de ciudadanas que pueden apropiarse de la nueva configuración de los municipios por los próximos cinco años. Pero más allá de las elecciones municipales están las demandas populares, aquellas que ni la administración de Estados Unidos ni las transnacionales, ni los empresarios fascistas ni la justicia controlada, ni la denominada clase política ni el gobierno de Carlos Mesa pretenden dar paso a torcer: la nacionalización de los hidrocarburos en la nueva ley, el juicio contra Goni y sus ex ministros y la convocatoria a la Asamblea Constituyente Popular. Por eso, estos sectores de poder utilizan cada vez con más fuerza el pretexto de la criminalización de los movimientos sociales, olvidando que estos movimientos sociales no sólo expulsaron a una transnacional como Aguas del Tunari ni tampoco perforaron el modelo neoliberal, sino también detuvieron la exportación del gas a mercados norteamericanos o incluso fueron capaces de derrotar a un gobierno tirano…sino que le pregunten a Goni… * Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.