Enero: represión e imputaciones a mansalva para debilitar la lucha campesina
14/02/2014
- Opinión
La resistencia en el campo y las denuncias de fumigaciones y represión policial lograron permear la agenda política. Volvieron a poner en el centro de las acusaciones al modelo sojero. El gobierno de Cartes reconoció que el Estado paraguayo estaba resguardando a productores que violaban leyes ambientales.
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| FOTO: En represalia por denuncias de deforestación, civiles armados atropellaron, agredieron, quemaron enseres y dispararon a toda la comunidad mbya guaraní Karanda, en Caazapá. FUENTE: Radio Ñanduti. |
Desde el inicio de la campaña sojera 2013/2014 en setiembre se intensificaron los conflictos en el campo paraguayo, debido la resistencia de las familias campesinas organizadas contra la deforestación y las fumigaciones en sus comunidades.
Esta dinámica durante los meses de siembra de la oleaginosa nunca fueron extrañas durante los anteriores gobiernos, de hecho siempre la contradicción fue la misma: las ansias de extensión sojera/ganadera contra la defensa del territorio campesino o indígena, que implica la resistencia de la cultura campesina o indígena.
La policía para resguardar fumigaciones
Pero faltaba ver cómo un gobierno de contraofensiva de derechas como el de Cartes encabezaba la respuesta del sector agroexportador.
Y fue como se previó, la policía -en enorme despliegue de hombres y armamento- resguardando/legitimando la actividad sojera, garantizando las fumigaciones y tala de árboles, por más irregulares que sean ante la ley ambiental.
En contrapartida, violentando y atropellando a hombres, mujeres, niños y niñas de las comunidades de la agricultura familiar, con armas de fuego, balines de goma, cachiporra, gases lacrimógenos, montada, helicópteros...En muchos casos, destruyendo la infraestructura del lugar y hasta el local de la escuela, como en Capiibary.
Civiles armados e imputaciones
Una situación que agravó aún más la tonalidad de violencia fue la presencia de pistoleros civiles en medio de la policía en los operativos de represión. Éstos son contratados por los productores sojeros para amedrentar y violentar a las comunidades campesinas que se oponen a las fumigaciones. En estos casos, el Estado paraguayo no tuvo problema de apañar a parapoliciales y abrir las compuertas de más violencia.
De hecho, ante esta realidad la Federación Nacional Campesina (FNC) presentó en diciembre notas a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior, recordando que no tolerarían la presencia de civiles armados en sus comunidades, y que se verían obligados a responder.
Esta decisión la tomó la organización campesina en 1996, luego de que pistoleros emboscaran y asesinaran a los dirigentes Arsenio Vázquez y Mariano Díaz, en el departamento de Caaguazú.
El círculo represivo se cierra sobre la gente humilde con la eficiente y estratégica tarea de agentes fiscales, que vienen imputando y encarcelando a padres de familia, como parte del amedrentamiento e intento de desbaratamiento de la organización campesina. Sólo la FNC registró 120 imputados en enero.
Sin estudio de impacto ambiental
Siguiendo la tendencia de reorganización neoliberal de la economía paraguaya, de agroexportación y subordinada a los centros de poder económico, el gobierno vino montando su andamiaje de leyes que le permitan tener el ambiente de justificación y concreción de su proyecto.
Parte de este paquete es el decreto 954 que el presidente Cartes firmó el 18 de diciembre, que elimina de las leyes paraguayas la necesidad de un estudio de impacto ambiental para aquellas empresas que quieran liberar en el país un cultivo transgénico.(1)
Ardiente enero
En enero siguió la resistencia a las fumigaciones, en concordancia con el nivel de crecimiento avanzado de la soja, que demanda más fumigaciones. Durante la primera semana la policía y guardias privados, orientados por la asistente fiscal Fátima Montiel, desalojaron con violencia a 15 familias de una ocupación en la colonia Tacuarí, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. (2)
Esa semana también los familiares de víctimas de la masacre de Marina Kue comunicaron su decisión de cultivar aquellas tierras con alimentos, por la situación delicada en que viven varias de ellas.
Los acontecimientos más intensos del mes se registraron en las dos últimas semanas. El 22 una enorme represión policial cayó sobre la comunidad de Crescencio González, distrito de General Resquín, departamento de San Pedro. Allí al menos seis campesinos fueron heridos y uno de ellos, don Aníbal Alegre (67) perdió el ojo izquierdo, debido a la brutalidad policial, que lo disparó estando en el piso. Dos policías también resultaron con heridas de parte de los campesinos. (3)
Campesinos, dejen de atacar a los pobres sojeros
En esos días una comitiva del gobierno y familiares del sojero Tranquilo Favero visitaron a las familias acampadas en las tierras de Ñacunday, en el Este del país. Éste es uno de los conflictos de tierras más grandes que arrastra el actual gobierno junto con los de Marina Kue y Laterza Kue.
Según voceros del gobierno, hay un “ambiente” de solución en el lugar, pues existe el plan de reubicar a las cientos de familias acampadas en otras tierras. La propuesta muestra el tipo de “solución” de este gobierno. Descomprimir el conflicto, pero no mirar el fondo de la cuestión, la situación de propietario irregular de Favero en esas tierras que fueron usurpadas al Estado.
En esos días el titular de Agricultura, Jorge Gattini, se definió públicamente a favor de los productores de soja, desconociendo las denuncias sobre plantaciones irregulares que afectan la salud y la alimentación de las familias campesinas.
Pidió a los campesinos no “atacar” a la soja y cambiar de concepto. Se mostró favorable y alentó a que los pequeños productores cultiven la soja, en el marco de un convenio con otros ministerios para resguardar este tipo de emprendimientos.
Las fumigaciones en el centro del debate político
Otro acontecimiento de importancia fue el revés mediático y político que sufrió el gobierno en torno a las fumigaciones y la actuación de la policía. Esto después de una tremenda presión de un frente compuesto por organizaciones del campo, organismos de la sociedad civil y parlamentarios que lograron instalar públicamente la denuncia de que la policía reprime campesinos para resguardar sojales y fumigaciones que violan las leyes ambientales.
En una minicumbre de los tres poderes del Estado se hablaron de esfuerzos conjuntos para regular de acuerdo a las leyes las fumigaciones y de un nuevo protocolo de actuación de la policía, que incluirá la participación de los entes encargados de controlar las leyes ambientales. Esa última semana, además, por lo menos de discurso, el ministerio de Salud se comprometió a investigar las consecuencias de las fumigaciones. (4)
Karanda y Laterza Cue
Tal vez el hecho más grave del mes, en el plano de los conflictos entre comunidades rurales y los actores del modelo extractivista, fue el criminal atropello a la comunidad indígena Karanda, ubicada dentro de la reserva natural San Rafael, en el departamento de Caazapá.
Según relatos de los pobladores y pobladoras, unos 15 hombres armados y encapuchados se presentaron el 29 de enero en la comunidad compuesta por 55 indígenas mbya guaraní. Dispararon a quemarropa, agredieron y amedrentaron a varios hombres del lugar y especialmente se ensañaron contra Antolina González, líder y vocera de la organización local que articula a 11 comunidades indígenas.
También robaron las pertenencias personales y comunitarias de la gente y prendieron fuego al edificio comunal donde se guardaban alimentos, semillas, trabajos, tarjetas de débito, documentos, teléfonos, por un monto de al menos 10 millones de guaraníes.
Todo esto frente a los niños y niñas del lugar, que en un momento fueron aparentemente trasladados por un camino, en medio de la amenaza de que estaba siendo conducidos para ser arrojados al río Tebicuary. Los agresores desistieron y dejaron el lugar rápidamente. Antes dijeron a Antolina que si llegaba a denunciar, la próxima bala no fallarían.
El trasfondo del avasallamiento es la denuncia de tala y delitos ambientales que realizan las organizaciones indígenas, las más afectadas por la mafia de rollotráfico (5) que es un flagelo en el lugar. (6)
Otra comunidad víctima de amedrentamiento permanente por parte de sectores del agronegocio y las mafias inmobiliarias es Laterza Cue, distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú. En los últimos días de enero varios pobladores salieron a expresar que están vendiendo sus derecheras debido a que se reanudó el acecho de la empresa Bioenergy, que se dice propietaria del lugar donde hace más de 40 años viven las familias agricultoras.
El fondo de este conflicto es un problema de corrupción en los padrones de la tierra del Instituto de la Tierra (INDERT), donde figuran dos propietarios.
Jueves 13 de febrero de 2014
Notas
5- Tráfico de madera todavía con forma de troncos enteros.
https://www.alainet.org/es/active/71309?language=es
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