México

La entrega del petróleo mexicano

Gabriel Vargas Lozano

22/12/2013

Opinión

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Del 9 al 12 de diciembre de este año y en forma vertiginosa, el gobierno de Enrique Peña Nieto y los representantes del PRI, PAN, PVEM y PANAL aprobaron en la Cámara de Senadores y Diputados, el cambio de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de abrir las puertas de par en par a las grandes transnacionales del petróleo (entre las que se encuentran ExxonMobil y Chevron, entre otras) para que exploten a placer el petróleo, gas y electricidad que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consideraban parte inalienable del patrimonio nacional desde que en 1938, el Gral. Lázaro Cárdenas llevara a cabo la expropiación petrolera.

El procedimiento adoptado por los operadores del gobierno, no guardó ni las mínimas normas de un debate democrático ya que el documento a debate (más de 300 cuartillas) no fue discutido previamente en las Comisiones involucradas de “Puntos constitucionales”; “Energía” y “Estudios legislativos”; el documento sometido a aprobación fue cambiado a última hora sin dar tiempo a los legisladores para estudiarlo y todas y cada una de las propuestas a debate por la oposición conformada por el PRD, PT y Convergencia, fueron desechadas por una mayoría mecánica para que no fueran debatidas ni en la reunión de las tres comisiones legislativas ni en el pleno. Inclusive, una propuesta de un senador del PAN que se salió del script adoptado, en el sentido de que las dos empresas estatales (PEMEX y CFE) fueran consideradas en el documento como instituciones de la nación, fue negada en forma rotunda. La razón es que en la iniciativa oficial se otorga un plazo para que estas empresas de “organismos descentralizados del Estado” se conviertan en “empresas productivas”.

Una vez que la iniciativa presidencial fue aprobada por las dos Cámaras, en un tiempo record de 72 horas, también lo fue por la mayoría de las legislaturas de los Estados controladas por el PRI y el PAN. Hasta el momento en que este artículo se escribe, solo la Asamblea de representantes del Distrito Federal y la Cámara de diputados del Estado de Tabasco, se ha pronunciado claramente en contra[1], sin embargo, como tienen ya más del 50% de las legislaciones, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró constitucional la reforma, el 20 de diciembre de 2013.

De nada sirvieron las multitudinarias manifestaciones convocadas por MORENA ante la inminencia de la presentación de la iniciativa de reforma y que luego se expresaron mediante un sitio a las sedes de las Cámaras de Senadores y Diputados[2]; tampoco otras manifestaciones también muy nutridas convocadas por el PRD con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas. También fueron inútiles los múltiples argumentos expuestos por senadores y diputados y sus expresiones de oposición tomando las tribunas, entre otros actos de inconformidad.

El desprecio a la opinión de muchos sectores de la ciudadanía, entre los que figuraron grupos de intelectuales y artistas, en la aprobación de esta trascendental reforma constituye un negro presagio para el destino de nuestra incipiente democracia mexicana.

¿Qué consecuencias tiene la aprobación de esta contra-reforma priísta y panista?

Podríamos decir que muchas y muy profundas para la vida futura de nuestro país.

Lo primero que salta a la vista es la adopción por parte de la oligarquía dominante de una estrategia en donde se privilegia el interés privado con respecto al interés de la sociedad en su conjunto. El sentido común dice que si un país es poseedor de una gran riqueza en el subsuelo[3], lo más lógico es preservarla para atender a los graves problemas de un país en el cual el 60% de la población se encuentra padeciendo pobreza y millones en pobreza extrema como ha sido reconocido por las propias autoridades y organismos internacionales como el “Informe de desarrollo humano de la ONU”. En esa misma dirección, las transnacionales que vendrán solo les interesará, como es lógico, la ganancia y el Estado, que tiene como una de sus funciones primordiales la atención a las mayorías, verá no sólo disminuida su capacidad de gestión[4] en ese sentido sino que no tendrá recursos jurídicos para obligar a las empresas transnacionales a cumplir con sus obligaciones, en caso de violaciones a los contratos establecidos ya que en virtud de los acuerdos internacionales que México ha firmado, todo conflicto posible deberá estar sujeto a tribunales internacionales.

Un gobierno que realmente quisiera velar por sus ciudadanos debería haber tomado otro tipo de decisiones como las siguientes:

1) En lugar de cobrarle a PEMEX el 60% de sus ganancias en impuestos, como lo ha hecho desde hace años, destinar una parte de sus ingresos a sanear la empresa para que fuera más productiva;

2) eliminar la enorme corrupción existente en diversos sectores entre los que figura el sindicato oficialista (STPRPM) cuyos fondos, aparte de convertir en inmensamente ricos a sus líderes, han sido utilizados para financiar fraudes electorales[5] ;

3) fortalecer el Instituto Mexicano del petróleo para que formara personal especializado en las nuevas tecnologías de explotación petrolera;

4) y en último caso, como declaró el jurista Diego Valadés, ex ministro de la Suprema Corte, “bastaba con modificar el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, donde existía una prohibición de firmar contratos con Pemex, sin necesidad de tocar la Constitución” [6] Nada de esto se hizo.

La decisión del gobierno actual constituye la culminación de toda una estrategia neoliberal que ha durado ya treinta y dos años sin obtener resultados positivos para la economía del país[7]. La estrategia neoliberal fue adoptada en 1982 por Miguel de la Madrid y ha sido continuada hasta la fecha: el saldo ha sido la venta de las empresas estatales más productivas (un caso emblemático fue “Teléfonos de México” que permitió que su dueño se convirtiera en el empresario más rico del mundo); la explotación indiscriminada del petróleo dilapidando las ganancias [8]; la firma de un “Tratado de libre Comercio de Norteamérica” (TLCN) que implicó la dependencia del comercio hacia los Estados Unidos en un 90% en condiciones de desigualdad; la eliminación de la propiedad ejidal en el campo; la privatización de las vías de comunicación; la venta a las transnacionales de siderúrgicas como “Las truchas” en Michoacán; la venta de los Ferrocarriles[9]; el traspaso al pueblo de una inmensa deuda que resultó de los fraudes bancarios denominada FOBAPROA; la reforma a las condiciones laborales que implicó la pérdida de derechos de los trabajadores; la privatización de las pensiones; la supresión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), etcétera. Todas estas reformas fueron anunciadas, en su oportunidad, como un “enorme beneficio para el país” e inclusive como “el seguro ingreso de México al primer mundo” han constituido un verdadero fraude a la nación[10].

Se han abierto entonces, de par en par, las puertas para que ingresen las transnacionales del petróleo. Este hecho implica sumar a México en la estrategia continental norteamericana para el control de los energéticos; implica incorporar al escenario nacional, ya de por sí complicado, un nuevo actor político e implica dejar intacta a la corrupción. No hay que olvidar que las transnacionales aludidas han sido encontradas culpables de fraudes escandalosos en los Estados Unidos y hay una vasta experiencia internacional sobre sus acciones contra los gobiernos en donde operan.

La contra-reforma que acaba de aprobarse implica también todo un rediseño del Estado que involucra a todos los sectores. Al vender las empresas del Estado; acordar una dependencia con los Estados Unidos; depender de los dictados de los grandes países tecnológicamente desarrollados que le han asignado una función subsidiaria y finalmente, al desprenderse de un recurso estratégico que sería la única carta de negociación que le quedaba, el Estado mexicano queda profundamente debilitado en su soberanía.

Pero la reciente contra-reforma petrolera no sólo golpea económicamente al Estado sino también a otro aspecto no menos importante: la memoria histórica del pueblo. La gesta histórica del General Cárdenas en 1938 en contra de la explotación a que eran sometidos los trabajadores “por las compañías extranjeras” y a favor del rescate de nuestras riquezas nacionales es considerada por la mayoría de los mexicanos como un trascendental acto de soberanía. La subordinación en lo económico, lo político y lo ideológico constituyen medidas que el pueblo no aceptará.

Finalmente, la estrategia del gobierno mexicano implicará severas contradicciones con el bloque nacionalista que se ha conformado en Suramérica (Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, etc.) que han desarrollado una estrategia pos-neoliberal y que aboga por una mayor soberanía sobre sus recursos naturales y una justicia social para sus pueblos.

La izquierda mexicana tiene, entonces, un enorme reto histórico: mantener la lucha por la nación y prepararse para conducir por una vía exitosa el enorme descontento popular que explotará cuando la inmensa mayoría llegue a la conclusión de que, una vez más, las condiciones económicas no mejorarán y las sociales se volverán más críticas. La izquierda (o las izquierdas) van a seguir luchando por todos los medios legales, como la “consulta popular” para las elecciones de 2015 (cuya reglamentación se encuentra en espera de aprobación en las Cámaras) y la interposición de otros recursos jurídicos y políticos para no permitir este retroceso, sin embargo, deberá hacer llegar toda su argumentación a una gran cantidad de personas por los medios más efectivos con el propósito de combatir las falacias, algunas verdaderamente irritantes, mediante las cuales el gobierno pretende presentar la contra-reforma como, una vez más, la salvación del país. La izquierda tendrá que prepararse para una nueva etapa de lucha y realizar una profunda revisión de toda su política anterior para poder terminar con la estrategia neoliberal que tanto ha costado a los pueblos del mundo.

México, D.F. 21 de diciembre de 2013.

Gabriel Vargas Lozano

Profesor-investigador de la UAM-I. Director de la revista Dialéctica.

ANEXO

Cambios constitucionales

La constitución, en su artículo 25 decía:

En su artículo 27, se establecía lo siguiente:

“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva (subrayado de GVL) las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.

Y en el artículo 28 se decía:

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica

minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”

CONTRA-REFORMA:

Enrique Peña Nieto envió, el 2 de agosto de 2013, una iniciativa que fue ampliada mediante un acuerdo que realizaron entre el PRI y el PAN y que quedó como sigue:

1) Eliminación de la restricción para que el Gobierno firme contratos múltiples con la iniciativa privada para la extracción de hidrocarburos en el subsuelo con pago en función de los recursos obtenidos.

Se establecen diversas modalidades (contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia para realizar por cuenta de la nación actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo las que puedan hacer las empresas productivas del Estado con particulares.

El Estado pagará una contraprestación en efectivo para los contratos de servicio; mediante un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida o bien un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida; con "la transmisión onerosa de los hidrocarburos" (venta a boca de pozo) una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia; o cualquiera de estas combinaciones.

2) dejar de considerar a la petroquímica básica como área estratégica del Estado y eliminar el concepto de “monopolio del Estado” para que los particulares participen en todo el ciclo de extracción refinación, transporte y venta

3) Nuevo régimen fiscal para PEMEX y su re-organización al igual que la CFE.

4) México creará un nuevo fondo para administrar la renta petrolera que será supervisado por el banco central.

Establecimiento de un fondo para apoyo de carreteras, escuelas, hospitales, etc.

4) Abrir el mercado de generación de energía eléctrica

Siglas

PRI (Partido Revolucionario Institucional) Que gobernó ininterrumpidamente durante más de setenta años y se conservó como partido mayoritario hasta el año 2000, perdió el poder federal ante la derecha durante doce años y lo recuperó en 2012.

PAN (Partido Acción Nacional) Partido conservador que se convirtió en neoliberal y adquirió fuerza por la alianza que hicieron con Carlos Salinas de Gortari para otorgarle una legitimidad que no había obtenido en las urnas debido a un gigantesco fraude realizado en contra del candidato de las izquierdas, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas.

PVEM (Partido Verde Ecologista de México) Concesión a una familia de empresarios que asumieron por conveniencia el nombre de “verdes” pero que fueron expulsados de la Internacional Verde por su traición a sus principios.

PANAL (Partido Nueva Alianza) Partido que fue una concesión a la profesora Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) y que jugó en diversos momentos un papel de organizadora de los fraudes electorales, actualmente en la cárcel acusada de fraude y peculado.

PRD (Partido de la Revolución Democrática) Que fue constituido en 1988 como una alianza de diversos grupos disidentes de la política gubernamental que iniciaba el neoliberalismo y en especial de la izquierda mexicana

PT (Partido de los Trabajadores) Partido conformado inicialmente por el hermano de Salinas de Gortari pero que posteriormente se independizó adoptando una política de izquierda y apoyando a Andrés Manuel López Obrador.

PC (Partido Convergencia) Partido que se llamaba Convergencia por la democracia (1999) y luego solo Convergencia (2002) y el actual en 2011 que fue integrado por antiguos miembros del PRI y otros ciudadanos y que se autodefinen como social-demócratas

PEMEX (Petróleos Mexicanos)

CFE (Compañía Federal de Electricidad)

STPRPM (Sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana)

MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) organizado por Andrés Manuel López Obrador para la constitución de un nuevo partido de la izquierda como producto de los dos fraudes electorales recibidos en 2006 y en 2012.

[1] Documento publicado en el periódico La Jornada el 18 de diciembre de 2013.

[2] Dos elementos que jugaron en contra de la fuerza que adquirieron estas manifestaciones fue un infarto que sufrió el principal dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el 3 de diciembre pero también el cálculo realizado por los estrategas del gobierno de aprobar la reforma justamente el día de la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe que normalmente convoca a millones de fieles.

[3] En el último año, PEMEX reportó al gobierno ingresos por 52,020 millones de dólares por crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural, a lo cual le restaron por importaciones 31,025 millones de dólares lo cual implicó una ganancia de 20,995 millones de dólares (Notimex, 29 de enero de 2013) El gobierno estima que tiene una reserva d 30,000 millones de barriles de petróleo y 500 trillones de pies cúbicos de gas natural. (Revista Forbes)

[4] La economista Guadalupe Huerta Moreno de la UAM, declaró recientemente (16 de diciembre de 2013 en la página informativa de dicha Universidad) que “La reforma energética aprobada tendrá graves implicaciones para la economía nacional; en términos de finanzas públicas se generará un boquete enorme porque las empresas transnacionales que participarán en este “gran festín de privatización del país” no pagarán los impuestos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga actualmente y que corresponden a cerca del 60 por ciento de sus ingresos por venta” (…) Para cubrir este déficit necesariamente se crearán nuevos impuestos que recaerán sobre la clase media, y en general el país sufrirá un alto nivel de empobrecimiento”.

[5] Solo un botón de muestra: en la campaña del año 2000, Miguel Romero Dechamps, líder del Sindicato petrolero, entregó 500 millones de pesos para financiar la campaña del candidato del PRI. Este hecho fue ampliamente conocido como el PEMEXGATE y sancionado después de transcurridas las elecciones presidenciales de ese año por el Instituto Federal Electoral sin que tuviera más consecuencias que una multa al partido en cuestión.

[6] Proceso, 15 de diciembre de 2013, p. 7

[7] El país no ha crecido más allá del 1.5 al 2% del PIB durante todos estos años.

[8] El yacimiento supergigante “Cantarell” descubierto en 1977, fue explotado en una manera exorbitada ya que en 2003 alcanzó la producción de 2,2 millones de barriles diarios ocasionando naturalmente su declinación. Este es otro de los argumentos que se han empleado para justificar la privatización aunque, por otro lado, declaran que en el subsuelo existen 30,000 millones de barriles y 500 trillones de pies cúbicos de gas. (Revista Forbes)

[9] Realizada por Ernesto Zedillo y hoy miembro del consejo de administración de la empresa transnacional norteamericana “Union Pacific” que la adquirió.

[10] En este caso, el gobierno promovió su contra-reforma mediante anuncios y declaraciones en que insistía en que no se trataba de una privatización y que, en un futuro, se tendrán más empleos y tanto el gas como la gasolina serán más baratas. Estos son obviamente un engaño más.

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