Deseo Agradecer la invitación de la Comunidad Cristiana Mesoamericana para compartir con ustedes algunas ideas sobre el camino recorrido como Consejo Nacional de Iglesias en nuestro acompañamiento al Movimiento Social y Popular salvadoreño. El período que voy a cubrir es el de estos últimos doce años, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 que pusieron fin a la guerra. Antecedentes. Los doce años que van desde 1992 hasta nuestros días los dividiremos en cuatro períodos a partir del criterio principal que orientó las acciones de la iglesia comprometida y del movimiento social. El primer período se relaciona con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el segundo con el debate sobre la reconstrucción del país, el tercero con los desastres naturales y el cuarto y último, con la globalización y los tratados comerciales. Debemos señalar como antecedente que como iglesias y movimiento social iniciamos este nuevo período histórico de construcción de la paz con una rica herencia de trabajo ecuménico y de lucha por la justicia heredada del período anterior, del período del conflicto armado, que se prolonga también por doce años, de 1980 a 1992 y que marcó a los actores básicos que seguimos actuando en el escenario ecuménico y progresista de las iglesias vinculadas al movimiento social. El gran referente ecuménico, evangélico y profético de nuestro trabajo fue Monseñor Romero. Y lo sigue siendo. Como iglesias comprometidas durante esta etapa del conflicto armado, de manera unificada construimos espacios y generamos procesos para la humanización del conflicto armado, para la atención humanitaria a las víctimas que iban desde torturados y desaparecidos hasta población desplazada de sus lugares de origen; y para la lucha por una solución política a la guerra y las labores de denuncia de la represión y la ingerencia de estados Unidos en nuestros asuntos internos. Es con estos presupuestos que llegamos al 16 de enero de 1992, fecha de los Acuerdos de Paz, a los que contribuimos desde el Comité Permanente del debate Nacional por la Paz (CPDN). Momento uno: el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Como iglesias y sectores populares nos sentíamos muy felices de haber conquistado la paz. Habíamos logrado la paz luego de doce años de conflicto armado. Era un sentimiento generalizado. Pensábamos que ibamos a construir un nuevo país. Y para eso era necesaria una nueva institucionalidad. Definimos como tareas prioritarias de nuestro trabajo la democratización, la desmilitarización, la reconstrucción y la reconciliación. Eran los cuatro pilares de nuestro esfuerzo en este momento post Acuerdos de Paz. Le apostamos con mucho entusiasmo a la creación de una nueva policía: la Policía Nacional Civil. Totalmente diferente, esperábamos, pensábamos, a los anteriores "cuerpos de seguridad" existentes, a la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y Guardia Nacional que eran organismos profundamente represivos, pilares de la dictadura militar que torturaban y secuestraban. Fueron el núcleo de donde surgen los escuadrones de la muerte. También participamos en la configuración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un organismo del Estado que iba a tutelar, a vigilar para que se respetaran los derechos humanos en nuestro país. En un país con sesenta años de dictadura militar y de doce años de conflicto armado la creación de esta institución era una conquista importantísima, pensábamos. Y fuimos testigos de otros procesos, de la creación de un Tribual Supremo Electoral, de una nueva Corte Suprema de Justicia, de la legalización del FMLN y su transformación de fuerza político-militar en un partido político. Presenciábamos la creación de una nueva institucionalidad democrática, novedosa. Y pensábamos que el país iba a cambiar. Fuimos testigos de la depuración y reducción de las fuerzas armadas. El país se desmilitarizaba ante nuestros ojos. Y una institución que dirigió los destinos del país por sesenta años era obligada a jugar un papel subordinado, incluso con una nueva doctrina militar, de naturaleza civilista. Había una nueva institucionalidad. Esto nos llevó alrededor de dos años, del 92 al 94. Como iglesias acompañamos a los sectores populares en este momento de transición. Lo fundamental era el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Segundo Momento: la lucha por la reconstrucción. A medida que se iban agotando las tareas vinculadas a la democratización y desmilitarización, iba surgiendo con fuerza creciente el debate sobre la reconstrucción del país. La discusión era entre dos posiciones: la gubernamental que planteaba que la reconstrucción estaba vinculada a la creación de una infraestructura-carreteras, aeropuertos- que permitiera mayores niveles de inversión extranjera. Y por parte de los sectores populares se discutía la necesidad de poner como centro la satisfacción de las necesidades de la población, proporcionando créditos para los sectores agropecuarios. Dos visiones totalmente opuestas. Me acuerdo que en 1993 hicimos una Consulta Nacional para el Desarrollo con participación de ONGs, sectores rurales, sectores comunales e iglesias. Al final predominó la visión neoliberal de sectores de la ANEP, de ARENA y del GOES. En este período surgen experiencias de autogestión comunitaria realizadas por poblaciones vinculadas al FMLN, entre las que sobresale las experiencias de la Comunidad Segundo Montes en Morazán, Guarjila en Chalatenango y la Ciudadela Manuel Ungo en las faldas del cerro de Guazapa. Existía la visión de un modelo alternativo de desarrollo, superior al modelo capitalista. Como iglesias acompañamos este proceso de búsqueda de nuevas formas de organización social y económica. Este momento va desde 1993-1994 hasta finales de 1998. En su último tramo, y bajo el impulso de FUNDE, UNES, ASDI, FUNSALPRODESE y el CNI se forma la red SAPRIN, vinculada a un esfuerzo de cuestionamiento de las política del Banco Mundial. Con este esfuerzo además de aglutinar a una gran cantidad de ONGs y organizaciones sociales pudimos vincularnos orgánicamente al movimiento mundial antiglobalización que se preparaba para la batalla de Seattle. Alfonso Goitia y luego Roberto Rubio fueron claves en este proceso. Tercer momento: la lucha por la gestión de riesgos en las comunidades. A finales de 1998 se abrió una nueva coyuntura en las luchas de los sectores sociales centroamericanos a partir de la tormenta Mitch que golpeó duramente a la economía y a poblaciones enteras de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Esta tormenta nos reveló la fragilidad de nuestros sistemas de protección frente a desastres naturales y la necesidad que asumiéramos el reto de denunciar esta situación, de supervisar la ayuda millonaria que empezaron a recibir los gobiernos así como la urgente tarea de capacitar a nuestras comunidades en la gestión y elaboración de mapas de riesgo. Este momento nos permitió coordinar a nivel centroamericano y conformar la organización Centro América Solidaria (CAS) que incluso realizó labores de cabildeo en Europa para gestionar fondos de ayuda para damnificados y reconstrucción. A nivel de nuestro país, como fruto de esta experiencia surge el Foro de la Sociedad Civil, que posteriormente asume perfiles de coalición popular contra el modelo neoliberal. En enero y febrero de 2001 suceden dos terremotos que configuran una nueva situación de emergencia nacional. Alrededor de esta nueva situación se configura una nueva coalición de ONGs y sectores populares, la Concertación Ciudadana para la Reconstrucción. En este esfuerzo juega un papel orientador el Obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Cuarto momento: la lucha contra los tratados comerciales La amenaza de tratados comerciales como el Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA) abren un nuevo momento en el desarrollo de las coaliciones de sectores populares y sociales, con presencia de la iglesia comprometida. Frente a estos tratados existen dos visiones: hay un sector del movimiento social que rechazan los acuerdos pero consideran que es posible y factible realizar modificaciones que reduzcan los principales elementos de riesgo y que para esto hay que participar en el proceso de discusión, mientras otro sector piensa que hay que desplegar un rechazo frontal a tales tratados porque son nocivos para nuestros pueblos y no se deben de legitimar. En ambos sectores hay círculos de la iglesia comprometida. Asumen la primera visión diversos sectores no solo nacionales sino a nivel centroamericano aglutinados en la Iniciativa Mesoamericana CID. Por otra parte, los que se oponen categóricamente a los tratados comerciales se aglutinan en diversas coaliciones que todavía no logran unirse. Una de estas es la Red de Acción Ciudadana Sinti Techan, surgida en el año 2000 y que aglutina a importantes ONGs como son la UNES, DIGNAS, FESPAD y CDC. En el año 2003 surgen dos agrupaciones populares con una clara vocación de lucha contra los tratados comerciales. El Bloque Popular Social y el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre. Ambos con presencia de sectores religiosos comprometidos con la paz y la justicia. En agosto de este año surge el Movimiento Ciudadano por la Vida con Justicia Social, una nueva coalición popular comprometida con la lucha por el cambio social. En todos estos esfuerzos hemos participado. Esta es la riqueza de nuestra experiencia, de nuestra lucha. Somos una iglesia comprometida con la paz, con la justicia, con la democracia, con la verdad, con la confianza de la victoria de Jesús de Nazaret sobre todo lo que esclavice a los seres humanos. *Ponencia presentada por Rev. Roberto Pineda, a nombre del Consejo Nacional de Iglesias de El Salvador en Taller de Capacitación del Consejo Mundial de Iglesias y de la Comunidad Cristiana Mesoamericana realizado este 21 de octubre de 2004 en la Universidad Luterana, San Salvador, El Salvador.