En el escudo de armas de Panamá hay un águila que simboliza la soberanía. De su pico pende un cintillo que dice en Latín: "Pro mundi benefici", es decir, "para beneficio del mundo. ¿Cuándo Panamá dejará de ser candil de la calle y oscuridad de la casa? Con la aprobación de la Ley 44 de 31 de agosto de 1999 se aprobó la ampliación de la denominada "Cuenca del Canal" en 213,112 hectáreas (2,131.12 Kls. cuadrados). Eran los días finales de la administración del Dr. Ernesto Pérez Balladares. El Ejecutivo había presentado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su aprobación. El Licdo. Martín Torrijos, hoy Presidente de la República, era Viceministro de Gobierno y Justicia. Según la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) esta Ley 44 era necesaria, para los planes de ampliación del canal actual, así como para responder a las demandas de agua de las áreas urbanas de las provincias de Panamá y Colón. La reacción de las comunidades que se encuentran ubicadas dentro de esa área no se dejó esperar. Se asociaron en la llamada Coordinadora Campesina Contra los Embalses, ya que con la ampliación del canal –según este proyecto- se inundará un amplio territorio donde están asentadas numerosas poblaciones, lo cual implica un impacto económico, social, cultural y ambiental, debido a que parte del área pertenece al denominado Corredor Biológico Mesoamericano, donde aún existen bosques tropicales húmedos jóvenes y maduros, con importante biodiversidad de flora y fauna. Según el Frente Campesino Contra los Embalses, otra de las organizaciones surgidas más recientemente, para enfrentar esta problemática, la creación de estos embalses afectará a una población de 40 mil campesinos. Según el economista William Hughes en su obra: "Impacto de la ampliación del Canal de Panamá", se trata de la creación de tres lagos en las cuencas de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, "lo cual está atado a la construcción de dos hidroeléctricas en el primer y tercer embalse". El área a inundarse es de 80 mil has. (800 Kms. cuadrados), a la cual deben añadírsele unas 1,900 has. (19 Kms. cuadrados) "que, posiblemente, serían afectadas en el trayecto de la construcción del tercer juego de esclusas, lo que también podría implicar la reubicación de poblaciones asentadas en la denominada 'vieja' o 'tradicional' cuenca del canal" (W. Hughes, Op. Cit.). Se trata de una población campesina en extrema pobreza. Los funcionarios de la ACP sugieren que cambiar de lugar a estos campesinos es la solución, lo que va como anillo al dedo al proyecto de los embalses. La falta de servicios médicos, educación deficiente y dificultades para mercadear los productos, son los problemas de este campesinado, que –de ser resueltos- se elevaría su nivel de vida. Es decir, que la solución a la pobreza de esta gente no está en que los cambien de lugar. Reubicar a este campesinado no sólo les trastocaría su entorno social y cultural, sino que también produciría una presión social en las áreas donde sería reubicado, demandando mayores servicios sociales al gobierno. El reubicarlos implicaría también limitarlos en el uso de la tierra, debido a la existencia de poblaciones en el área de posible reubicación y, debido también al ya existente problema de la concentración de la propiedad de la tierra. Pero los impactos no sólo serían de carácter económico y sociocultural, sino también de carácter ambiental y ecológicos. La inundación que se pretende hacer, para crear los embalses y construir el tercer juego de esclusas afectaría también a la capa de ozono, pues se requiere realizar una deforestación tal que coadyuvaría al recalentamiento del planeta, ya que esta foresta presta un servicio como resumidero de dióxido de carbono. También la creación de los embalses implicaría la destrucción de posibles sitios arqueológicos, cementerios desaparecidos, además de pérdidas de biodiversidad, ruptura de ecosistemas y muerte de especies. Según el economista Hughes, los impactos económicos y sociales en la población, así como el impacto ambiental, son de tal dimensión que el proyecto no podría mostrar niveles de rentabilidad favorables para el pueblo panameño, pero sí para la economía marítima internacional.