"Sólo vamos a retornar a nuestras comunidades cuando el gobierno de Carlos Mesa promulgue la nueva Ley de Hidrocarburos y se inicie el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros", nos dijo Victoria Alcoba, una campesina que vive en una provincia de Chuquisaca, la capital de Bolivia, y es parte de una masiva marcha que se dirige hasta La Paz. Ayer (11/10), una columna de miles de hombres y mujeres, del campo y la ciudad, inició una marcha desde la población de Caracollo (Oruro) con rumbo a la sede de gobierno de Bolivia. Se estima que en los 190 kilómetros de distancia se unirán otros sectores sociales para arribar a La Paz, el 18 de octubre, justo el día en que hace un año la dignidad de los bolivianos y bolivianas echaba del poder al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido con el sobrenombre gringo de "Goni". Victoria Alcoba, no está sola ni tampoco es sólo parte de una representación de campesinas de ese departamento y del país, sino que está junto a Zulma su hija de apenas dos años de edad a quien lleva en brazos o en su espalda, ambas también tienen que soportar los rigores de la dura travesía: el frío del altiplano, la poca comida y la escasez de bebidas. Sólo la solidaridad de las comunidades campesinas por las que atraviesan y las ollas comunes que preparan las mujeres marchistas son el sustento de esta impresionante cantidad de personas que por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar caminan con rumbo a la sede de gobierno del país ubicado en el corazón del continente americano. A su paso, además los marchistas son los encargados de desnudar la realidad de las comunidades campesinas ubicadas en la zona altiplánica: pobres y extraviadas en el mapa de este país. Unidad Popular La masiva marcha "Por la Nacionalización, Justicia y Soberanía Nacional" está conformada por productores de coca, campesinos, regantes, vecinos, trabajadores, estudiantes, amas de casa y representantes de varios sectores populares del territorio nacional. El diputado y dirigente de los productores de coca que encabeza la marcha, Evo Morales Aima, afirmó: "Esta es una movilización pacífica porque no queremos que en el país se imponga la impunidad, el pueblo pide cárcel para Goni por ser el responsable de varios asesinatos y además pedimos que se recuperen los hidrocarburos con la nueva ley". Los marchistas portando una mochila o un bulto en la espalda y sus wiphalas en las manos -la bandera de liberación nacional que tiene los colores del arco iris- avanzan a paso lento pero seguro, conmoviendo a los cientos y miles de pasajeros que transitan por la carretera Oruro-La Paz. Mientras esta movilización se dirige a la sede de gobierno, desde Nor Yungas, Ventilla, Warisata y otras poblaciones se organizan otras columnas de marchistas para dirigirse a La Paz. La dirigente Leonilda Zurita asegura que el lunes 18 de octubre arribarán hasta la sede de gobierno más de 50 mil marchistas y, si hasta ese día, no se tiene aprobada la Ley de Hidrocarburos ni el Juicio de Responsabilidades, protagonizarán una serie de movilizaciones en contra del gobierno de Carlos Mesa. "No nos moveremos de la sede de gobierno y no volveremos con las manos vacías", advierte. La Comisión Mixta de Constitución del Congreso autorizó ayer el juicio de responsabilidades contra Goni y dos de sus ex ministros: Carlos Sánchez Berzaín y Yerko Kukok, acusados de ser los responsables de la masacre de octubre. La autorización de esta comisión debe ser tratada en el Pleno del Congreso Nacional que con dos tercios de sus miembros (105 votos) debe aprobar o no el juicio. Varias voces –incluso de parlamentarios bolivianos- aseguran que si hasta antes del arribo de la marcha a La Paz no se aprueba el juicio contra el ex presidente "se debe cerrar el Congreso". El dirigente de la Federación de Regantes de Cochabamba, Omar Fernández, comentó que sólo la fuerza del pueblo derrotará los intereses de los políticos, gobernantes y las transnacionales. Un año después Cuando los marchistas avanzan a paso seguro, ayer en El Alto de La Paz, se realizó la exhumación y traslado de los restos mortales de las víctimas de "octubre negro". De acuerdo a datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en la "Guerra de Gas" fueron asesinados 79 bolivianos y bolivianas, más de 400 resultaron heridos de bala y una gran cantidad forman el ejército de huérfanos y/o viudas. "En estos momentos no debemos olvidar a nuestros muertos, por qué murieron y principalmente no debemos olvidar a quienes ordenaron matarlos y aquellos que victimaron, aquellos que jalaron el gatillo, todos ellos deben estar en Chonchocoro", afirmó Sacha Llorenti, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos. La exhumación de los restos se realizó a mausoleos construidos en los cementerios de las populosas zonas de Villa Santiago y Villa Ingenio de El Alto, la ciudad donde se masacró a sus pobladores, se realizó en medio de la congoja general pero también en el recuerdo y la promesa de que no se debe permitir la impunidad. Los bolivianos y bolivianas que conforman la "Asociación de Familiares y Víctimas de la Guerra del Gas", junto a otras organizaciones populares como la Central Obrera de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales, Derechos Humanos y la Coordinadora del Gas, también serán protagonistas el viernes 15 de una movilización desde Ventilla a La Paz. Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora del Gas, dijo que los movimientos sociales del país exigen justicia por los sucesos de octubre del año pasado y la nacionalización de los hidrocarburos en la nueva ley. Mientras el paso de los marchistas se consolida, hoy se conoció un "documento secreto" firmado hace un año por representantes del Alto Mando Militar de Ejército, más representantes del MIR, NFR y MNR los ex aliados de Goni, quienes respaldan "una tenaz defensa" en las jornadas de octubre de 2003. En esa reunión reservada, se mencionó que en las jornadas de octubre presuntamente existían grupos organizados ligados al narcotráfico y apoyados por organizaciones subversivas como el ELN y MRTKL y respaldados internacionalmente por Venezuela y Cuba. El principal dirigente de los campesinos de este país, Román Loayza, que también es parte de la marcha, señaló que en el juicio contra Sánchez de Lozada también deben estar incluidos los políticos que avalaron el accionar de los militares. A un año de la "Guerra del Gas", Bolivia ingresa nuevamente a una difícil etapa política y social que será determinante no sólo para el futuro de este país sino también para los cambios profundos que se consolidan en el continente americano… * Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor