Casi todos los informes de la FAO, IICA y la CEPAL, demuestran que la región latinoamericana es una de las regiones más desiguales del mundo,  y que después de la aplicación de políticas y programas de ajuste estructural, la vuelta al monocultivo de la palma africana, azúcar, cacao y los biocombustibles, y la ejecución de grandes proyectos mineros e hidroeléctricos,  la tierra se ha reconcentrada hasta el limite de volver invisibles los logros alcanzados con los programas de reforma agraria.

 

Los organismos financieros internacionales, en especial el Banco Mundial,  satanizaron los problemas tradicionales de reforma agraria por ser muy centralistas, lentos, corruptos, caros y generar crecientes distorsiones en  el mercado de tierras. Apoyaron a gobiernos de Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras con crecientes conflictos agrarios,  en la ejecución de programas de reforma agraria asistidos por el mercado. Se trata de un reforma agraria concertada para ayudar a personas sin tierra y deseosas de trabarlas con financiamiento y asistencia técnica directa para que puedan adquirir tierra y explotarla,  y así salir de la pobreza.

 

Con la excepción de Brasil, donde este tipo de programas se ligó a otras reformas como la bonificación de la política social con Transferencias Monetarias Condicionadas (TCM), la bolsa alimentaria y la erradicación del analfabetismo, los resultados no han sido los esperados. En Honduras por ejemplo, se creo el Programa de Acceso a la Tierra (PACTA) con 8 millones de dólares del Banco Mundial y apoyo técnico de FAO, pero las metas iniciales previstas de cubrir 1300 familias no se lograron, la pobreza aumentó y se generó un especie de fatalismo en las familias ya que tienen que pagar la tierra a la banca, cuando aquellos campesinos beneficiarios con las compras de tierras por el Estado no lo hacen.  Curiosamente, con la ejecución de este programa, la presión y el conflicto social sobre la tierra en vez de disminuir aumentó.

 

Una tercera vía para que las familias campesinas puedan acceder a  tierra productiva y demás servicios de asistencia técnica (capacitación, tecnología, micro riego, crédito, semilla, almacenamiento, asesoría legal y comercial, etc.), es la vigencia de un impuesto progresivo a la tierra  agrícola ocioso y mal utilizada. En ciertos países de la región centroamericana como Guatemala, Nicaragua y Honduras, este tipo de impuesto ya había sido propuesto como una alternativa a los conflictos generados con la reforma agraria tradicional, pero  los catastros agrarios nacionales no estaban concluidos.

 

Una modalidad de funcionamiento es el pago de un impuesto directo  por  el propietario de la tierra inculta y mal utilizada al Estado según sea el tamaño de esta y por un periodo de tiempo determinado, caso contrario la tierra ociosa es expropiada para fines de reforma agraria. Otra modalidad es simplemente establecer un impuesto territorial a la tierra que exceda cierta cantidad de techo agrario en regiones seleccionadas de cada país y donde existe una alta concentración de la propiedad.

 

Puede operar también la llamada modalidad concertada: a) El Estado a través de los Ministerios e Institutos de Reforma Agraria en conjunto con las Secretarias de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería en cada país identifican las zonas o regiones agrarias de mayor concentración de la tierra agrícola; b) Identifican y clasifican las propiedades por tamaño, vocación del suelo y estado jurídico; c) Se concerta con el propietario, en el caso de tierras privadas,  una visita a la propiedad para elaborar un perfil de proyecto; d) Se elabora el estudio de factibilidad con fondos públicos y presenta al propietario; e) Se otorga un plazo prudencial para que el propietario de la tierra consiga el financiamiento para ejecutar el proyecto; f) En caso que el proyecto se ejecute el Estado cobra un canon por la asesoría y asistencia técnica; g) En caso que no se ejecute, el Estado cobra un impuesto progresivo a la tierra inculta, o sea un porcentaje de los ingresos que pierde la economía si no se ejecuta el proyecto; h) Estos recursos conforman un fondos para financiar la compra de tierras para las familias campesinas pobres; i) Si el propietario de la tierra no paga el impuesto, la tierra se expropia y se asigna a los campesinos, campesinas y comunidades étnicas.

 

Los terratenientes se quejaron que con la reforma agraria tradicional no se les dio tiempo y espacio para hacer producir las tierras expropiadas, lo ciertos es que, como en el caso de Honduras, tuvieron el tiempo suficiente para vender, traspasar y dar en arriendo gran parte de las propiedades. Con en esta modalidad innovadora, no solo se le dala oportunidad de producir la tierra, si no que el Estado brinda asistencia técnica a los propietarios.

 

Esa nueva vía de acceso a la tierra agrícola  para beneficio de familias campesinas en situación de pobreza e indigenciadebe ser promovida a través de las instituciones y mecanismos de la integración agrícola regional como el Consejo Agrícola Centroamericano (CAC) con  apoyo de agencias cooperantes como FAO, PNUD, COSUDE, IICA, RUTA y CATIE, acompañado de las organizaciones y federaciones campesinas y de pueblos étnicos regionales. En el marco de la Política Agrícola Centroamericana (PACA) vigente para los países de la región, debe incorporase esta nueva iniciativa de transformación agraria regional.