Antes de cumplir un mes en el poder, el nuevo gobierno, liderado por el ex militar golpista Hugo Chávez Frías, ha decidido presentar al Congreso un proyecto de Ley Habilitante para legislar por decreto en materia económica y modificar además la administración pública y el sistema de seguridad social. Esta Ley Habilitante lleva consigo la etiqueta de despidos y nuevos impuestos, en un marco de grandes tensiones políticas originadas por la convocatoria, vía decreto presidencial, de un referéndum para llamar a una Asamblea Constituyente que deberá redactar una nueva Constitución. El decreto de convocatoria al referéndum ha recibido fuertes críticas de todos los partidos políticos de oposición, de sectores de la sociedad civil, de los grupos de derechos humanos e incluso de personalidades que apoyaban a Chávez. El centro de la controversia es el artículo número 2 del decreto, que otorga al presidente la potestad de decidir la manera en que se convocará a la Asamblea después de realizar una consulta con todos los sectores del país. Para Raúl Cubas, vocero del Foro por la Vida, una coordinadora que reúne a las 13 organizaciones de derechos humanos más importantes del país, el decreto limita el derecho humano a la participación política de los venezolanos al delegar sólo en el jefe del Estado la decisión sobre cómo se conformará la Asamblea. "Valoramos enormemente la propuesta constituyente, pero el derecho a la participación política debe tener lugar durante todo el proceso. Justamente el que pueda ocurrir la participación de todos los sectores es lo que garantiza que nadie pueda abusar del poder y que haya un adecuado ejercicio del derecho a la participación, ya que éste no es delegable", afirma Cubas en carta enviada al presidente. Y agrega: "estamos convencidos de que el éxito del proceso constituyente depende en gran medida de la participación popular que se logre generar y del nivel de conciencia en la población acerca de sus responsabilidades y derechos como sujetos de este proceso, es por ello que la mejor manera de garantizar un ejercicio pleno del derecho humano a la participación política sería posibilitar que en el referendo se incluyeran las propuestas organizativas (número, método, tiempo) para el desarrollo del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Constituyente". Demandas de nulidad El decreto presidencial ha generado la introducción de dos demandas de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, una planteada por el partido Acción Democrática, principal partido de oposición, y la segunda hecha a título individual por un abogado constitucionalista. También provocó la renuncia de un importante miembro de la Comisión Presidencial Constituyente, el ex candidato presidencial Jorge Olavarría, quien había sido un importante defensor de Chávez y de la propuesta de la Constituyente. En declaraciones recogidas por un diario local, Olavarría afirmó que "estamos operando bajo el deslumbramiento del falso democratismo del referéndum y del plebiscito. Yo quiero recordar que la consulta por medio de un referéndum es una de las prácticas que se pusieron en marcha en la Revolución Francesa, y casi siempre han sido para establecer regímenes autocráticos y autoritarios. Entonces, decir que apelar al pueblo es el súmmum de la democracia no es más que un espejismo mentiroso que la historia desmiente". Sin embargo la actitud del presidente ha estado lejos de parecer conciliatoria. De hecho, en su primer mensaje al país, en el cual se suponía debía dar a conocer las primeras medidas económicas de su gobierno, el principal tema fue la convocatoria al referéndum y su intensión de no retroceder, aún si la Corte Suprema de Justicia decide en contra del decreto. Chávez considera que la oposición a su convocatoria sólo busca retrasar el proceso constituyente y tergiversarlo. Para contrarrestar la idea de que se le está entregando un cheque en blanco para que haga lo que quiera, Chávez ha prometido que realizará un proceso de consultas que se extenderá hasta finales de marzo, en el que incluirá a todos los sectores del país y que la propuesta presidencial estará en la calle a mediados de abril, con el fin de que todo el mundo la conozca antes de la realización del referéndum. Medidas polémicas Entre las medidas que el presidente anunció ese día se incluyó al otorgamiento de un aumento de sueldo del 20% para los empleados públicos, con lo cual el salario mínimo pasó de Bs. 100.000 (US$ 172) a Bs. 120.000 (US$ 207), cifra que todavía se mantiene muy por debajo de la cesta alimentaria que se ubica alrededor de los Bs. 230.000 (US$ 397). La medida fue recibida con poco entusiasmo por la población, pues el presidente había dicho el día de su triunfo electoral que el salario mínimo debería equipararse a la canasta alimentaria. El presidente tomó otra medida polémica, que en este caso fue aplaudida por la gran mayoría de la población. Por medio del nuevo director de la policía política (Disip), retiró las escoltas que este cuerpo tenía asignadas a personalidades de la vida política, en ejercicio o ya retiradas. En la lista se incluían distintos despachos del ejecutivo, empezando por la Presidencia de la República, del poder legislativo y el judicial, además de ex presidentes, ex ministros, presidentes de partidos políticos y congresantes, quienes en algunos casos ocupaban a los espalderos como mandaderos o choferes. El retiro de esos 400 escoltas y de 80 vehículos del organismo policial asignados a las tareas de vigilancia le significará al Estado un ahorro de 1.920 millones de bolívares al año (US$ 3.300.000 aprox.). En su intención de demostrar que la ley entra por casa, Chávez ha anunciado la reducción de los gastos de la Presidencia con medidas como la reducción del número de funcionarios del regimiento Guardia de Honor (encargado de la protección del Presidente) de 1400 a 400 hombres, o la entrega de una de las casas presidenciales para que sea convertida en escuela. Las medidas han sido mostradas como una primera muestra de que los privilegios y el despilfarro de la clase política se han acabado. Enfrentando la crisis Los analistas económicos son pesimistas en cuanto al desarrollo de los indicadores macroeconómicos para este año 1999. Una inflación superior al 30% y una caída de la economía cercana a los 5 puntos, son las cifras en las que todos coinciden, con la consecuente caída del valor de la moneda de Bs. 580 a Bs. 700 por dólar estadounidense para finales de año. El gobierno ha mostrado sin embargo signos de optimismo. La expectativa dada a conocer por el presidente es de 20% de inflación y de reducción del déficit fiscal en 3 ó 4 puntos del PIB. La vía mostrada por el gobierno es la de la ampliación de la recaudación de impuestos mediante la eliminación de exenciones, la reducción de la evasión y la creación de nuevos impuestos. Otra vía anunciada para la disminución del hueco fiscal es la reducción del Estado, lo que implicará despidos y por lo tanto conflictos. El primer paso del gobierno en este sentido ha sido la fusión de ministerios. Sin embargo, la dureza de estas medidas, ha venido acompañada de posiciones reivindicadoras de los derechos fundamentales de la población. En este sentido tanto el presidente como sus ministros han afirmado que la educación seguirá siendo gratuita en todos sus niveles, al igual que los servicios de salud, dos sectores que habían estado en la mira de la anterior administración. También se ha anunciado la creación de un fondo de emergencia social que se dedicará a prestar apoyo a los sectores más necesitados. Otro paso importante ha sido el anuncio del levantamiento de la suspensión de garantías constitucionales en 14 municipios fronterizos, algo que ha sido pedido insistentemente por los grupos de derechos humanos, pues la restricción se ha mantenido durante más de 4 años y ha traído como consecuencia innumerables abusos por parte de las fuerzas militares destacadas en la zona. Aunque se ha anunciado que la presencia militar se mantendrá. En ese tono también resulta destacable la designación de una indígena de la etnia Wayúu como Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. De esta manera se reconoce la importancia de las comunidades indígenas en la preservación del ambiente y se les reconoce como interlocutores para la revisión de los proyectos de explotación de recursos forestales, hidrográficos, mineros y turísticos. El primer anuncio de la nueva ministra ha sido el de la derogación del Decreto 1.850 que permite la explotación minera en una reserva forestal, atendiendo a una petición de grupos ecologistas, indígenas y de derechos humanos. Otra de las medidas del presidente a tomar en cuenta ha sido la puesta en marcha de un proyecto cívico-militar de desarrollo para enfrentar lo que ha definido como emergencia social. 85% de pobreza, 40% de pobreza crítica y 15% de pobreza atroz o miserable (indigencia) según cifras del Consejo Nacional de Economía y de otras organizaciones. El plan consiste en el envío de maquinaria y la utilización de recursos materiales y humanos de las Fuerzas Armadas para asistir a las zonas más necesitadas del país. El plan incluye refacciones en escuelas, centros de salud, servicios básicos, sistemas de riego, vialidad y áreas verdes. Esto dentro de un marco de acercamiento de las fuerzas armadas a la comunidad y de la utilización de los recursos invertidos por el Estado en materia de defensa y formación de personal para el bienestar común. Un líder carismático Chávez tiene a su favor para impulsar estas reformas un inmenso carisma que lo ha hecho ganarse el aprecio de importantes líderes internacionales. Los buenos resultados de sus reuniones con el Rey de España; con el presidente del Fondo Monetario Internacional; su participación en una reunión con Fidel Castro y Andrés Pastrana para discutir el proceso de paz en Colombia; y sus reuniones con Bill Clinton y Fernando Henrique Cardoso, entre otros, lo han mostrado como un líder que transmite seguridad y que puede asumir roles protagónicos a nivel continental. Mientras, en el plano nacional su popularidad no ha hecho más que aumentar desde que obtuvo el triunfo el 6 de diciembre. Una semana después de haber asumido la presidencia una encuesta colocaba en un 90% su nivel de aceptación, lo cual se ha convertido en el arma política más importante de su gestión.