El prontuario criminal de Odlanier Mena

29/10/2013
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La CNI y el juicio final (un ejercicio de memoria en el Día del Ejecutado Político, 30 de octubre, 2013)
 
El prontuario oculto de Odlanier Mena incluye al menos 6 secuestros y muertes con desaparición en Arica (Chaca Sur y Chaca Norte; Putre) y múltiples falsos enfrentamientos (ejecuciones) en Santiago y Concepción, mientras estuvo al mando de la Central Nacional de Informaciones CNI, entre diciembre de 1977 y julio de 1980.
 
A ello se suma el encubrimiento en la Operación Retiro de Televisores, donde uniformados hicieron desaparecer por segunda vez, lanzándolos al mar, los cuerpos de detenidos entre 1973 y 1978 para impedir hallazgos similares al de Lonquén.
 
La primera demanda contra los responsables de la operación Retiro de Televisores ordenada por Pinochet fue presentada por Gladys Marín, ex secretaria General del Partido Comunista, en 2004. El ministro Cornelio Villarroel aplicó de inmediato la amnistía, pero ello fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, cuando la justicia investigó uno de estos hallazgos de restos en Peldehue, Odlanier Mena no estuvo entre los sentenciados con irrisorias penas por esos atroces crímenes.
 
Es lógico que el historial criminal de Odlanier Mena no sea revelado por sus cómplices, pero sorprende que luego del suicidio del ex director de la CNI, periodistas autores de premiadas obras sobre los años de la dictadura se hayan unido al coro que intentó canonizar –como señalara Alvaro Ramis en la revista Punto Final – a “San Odlanier Mena mártir” (1).
 
Desaparecidos por la “unidad interna”
 
El ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas justificó en La Segunda, a fines del 2000 la Operación Retiro de Televisores: "El hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la cuasi guerra con Argentina… Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar”. (2)
 
Un ex subalterno de Mena en la CNI, Enrique Sandoval Arancibia, ex mayor de ejército, declaró en el proceso por los restos ubicados en Cuesta Barriga, investigado por el ministro Héctor Carreño y retomado por el juez Cristián Carvajal. Sandoval dijo que en 1978 el subdirector de la CNI, Jerónimo Pantoja, lo envió a chequear el lugar donde se rumoreaba que había restos de detenidos desaparecidos y le ordenó no dinamitar la mina sino usar ácido para demoler los cuerpos.
 
Los restos eran cerca de 20 y fueron puestos en 50 sacos de papas. Sandoval –hasta 2007 encargado de seguridad de la Municipalidad de Providencia, contratado por el ex alcalde Cristián Labbé– testimonió que pidió instrucciones a Mena sobre cómo proceder con el ácido. Mena suspendió sus vacaciones en Mehuin, llegando al día siguiente al aeródromo de Tobalaba en el helicóptero de la CNI y ordenó a Sandoval sacar los cuerpos y limpiar la mina. Detalló Sandoval que bajo las órdenes “del general Mena” llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche para luego partir al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar atados a rieles. (3)
 
La Operación Retiro de Televisores se hizo en todo el territorio nacional, y la CNI no pudo estar ajena a su desarrollo. En 2009 sin embargo, respecto de los hallazgos en otro lugar, Peldehue, la Corte Suprema confirmó condenas sólo para quienes participaron directamente en las exhumaciones de los héroes de La Moneda y lanzaron al mar los restos de los desaparecidos enterrados en el recinto militar. Pese a que el hecho fue tipificado como delito de lesa humanidad, los 3 oficiales y 6 suboficiales culpables, no fueron a la cárcel. Sólo firmaron en libertad condicional por la pena de 270 días.
 
Una uruguaya en Arica y otros crímenes
 
Mónica Cristina Benaroyo Pencu fue descuartizada viva en 1973, mientras Odlanier Mena era jefe de zona en Arica, bajo Estado de Sitio. Profesora uruguaya y traductora, Mónica (43 años) trabajaba en el departamento de cultura de la Municipalidad de Arica, cuya alcaldesa era María Elena Díaz, de militancia comunista. En entrevista al diario La Segunda, el 22 de septiembre de 2010, Mena señalaba que el 11 de septiembre, “preocupado de un eventual guerra con Perú”, la noticia del golpe “me llevó a tomar detenidos a todos los dirigentes comunistas, para que no me agitaran el problema interno”.
 
El cuerpo decapitado de la joven profesional fue hallado casualmente en 2008 por un soldado al interior de la Cuesta Chaca, un recinto del Ejército, 22 km al sur de Arica. Una bala de 9 mm completaba el hallazgo. Junto a los restos momificados, había un billete de un escudo (la moneda de la época), vestigios de un jean, un poncho y una cajetilla de cigarrillos Hilton. Mónica era rumana nacionalizada uruguaya y en Chile, sus datos estaban en el registro de extranjeros, lo cual permitió su identificación.
 
Figuraba como desaparecida en el Informe de la Comisión para la Paz de Uruguay, por denuncia de un familiar cercano. Para encubrir el crimen, se fabricó en septiembre de 1973 un decreto de expulsión de la ciudadana uruguaya. La traductora, además del rumano materno, hablaba inglés, italiano, francés, alemán y español. Su padre había sido embajador de Irán (Persia) en la capital rumana, antes de la segunda guerra mundial. Su identificación se logró ese mismo año, a través de un inédito procedimiento de rehidratación de los dedos de su piel momificada, realizado por la PDI (Policía de Investigaciones) pero sólo fue confirmada por el Instituto Médico Legal el año 2010, por comparación con el ADN de su hermana Fernanda. Tras ello sus restos –menos la cabeza, que nunca apareció– fueron entregados en agosto de ese año a la secretaria de la Comisión para la Paz de Uruguay, Soledad Cibils Braga.
 
Sus amigos uruguayos la llamaban Monique. A su regreso de una beca en la Universidad de La Habana, que premió su monografía sobre la vida del Ché Guevara, Monique se había afiliado al Partido Comunista de Uruguay. Soñaba con regresar a Cuba. Fue vista con vida por última vez el 11 de septiembre de 1973, detenida por militares y trasladada a un recinto militar. (4)
 
Un testigo sobreviviente y una condena
 
La justicia chilena condenó sólo una vez, en 2009, al primer director de la CNI, como autor de tres homicidios que tuvieron lugar en Arica mientras él fue la máxima autoridad del Regimiento Rancagua. Los ejecutados iban a ser cuatro, pero uno, Waldo Sankan se salvó. Oscar Ripoll Codoceo (38 años) era ingeniero metalúrgico, funcionario del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC); Julio Valenzuela Bastías (28 años) era radiooperador del ferrocarril Arica‑La Paz; y Manuel Donoso Dañobeitia (26 años), sociólogo y profesor de la Universidad del Norte. Fueron lanzados en un vehículo a la bajada de la Cuesta Chaca Norte y fusilados el 20 de octubre de 1973, a más o menos 35 Km. de Arica.
 
La prensa local sindicó de inmediato a los jóvenes militantes socialistas como autores del Plan Zeta a ser ejecutado en Arica “por una organización paramilitar del ex Partido Socialista denominada AGP, Agitación y Propaganda”. El Plan Zeta fue un burdo montaje publicado en Chile a días del golpe para justificar la represión y convencer a la población que la izquierda planeaba el asesinato de miles de chilenos.
 
Con el testimonio –entre muchos otros– del ex preso sobreviviente, la Corte Suprema, en un fallo de mayoría emitido por los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller (con los votos en contra de Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros) confirmó en 2009 la condena a Odlanier Mena como autor de los homicidios de los citados militantes socialistas. La investigación la inició el juez Juan Guzmán el año 2004 como un episodio de la Caravana de la Muerte ocurrido al fin de la estadía del criminal general ® Arellano Stark en el norte.
 
Mena fue amnistiado en primera instancia por el fallecido juez Víctor Montiglio, en 2006. Pero los ministros de la Corte de Apelaciones Dobra Lusic y Raúl Rocha y el abogado integrante Benito Mauritz establecieron, posteriormente, que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse ni prescriben. Curiosamente, Sergio Arellano Stark fue absuelto en la causa, porque no se pudo probar su paso por Arica en esa fecha.
 
La pena de 10 años impuesta por la Corte de Apelaciones a Mena fue rebajada por la Corte Suprema a 6 años, que también recibieron los suboficiales René Bravo Llanos y Luis Carrera Bravo, integrantes del Departamento II de Inteligencia, autores materiales del crimen. En el proceso, Mena se negó a confesar afirmando que otros mandos dieron las órdenes y él sólo conoció del “accidente” ocurrido en el camino Arica-Pisagua, en el que se habría desbarrancado un vehículo y muerto tanto prisioneros como personal del ejército. En realidad, nunca hubo uniformados muertos. El certificado de defunción del radio operador Julio Valenzuela indica como causa de muerte "herida a bala con estallido pulmonar". Ripoll tenía la columna quebrada por las torturas infligidas en el regimiento, según declaró el testigo Benjamín Arriagada en el proceso, y todos presentaron heridas a bala.
 
Según el informe Rettig, el 9 de octubre de 1973 los tres fueron llevados al Regimiento "Rancagua" de la ciudad de Arica, uno de los centros de detención y tortura en dictadura, detenidos e incomunicados hasta el 18 de octubre. De allí fueron trasladados al cuartel de Investigaciones y sacados en la madrugada del 20 de octubre por personal militar en tenida de combate –según un testigo– para ser trasladados a Pisagua. El informe Rettig estableció que fueron llevados con la vista vendada y las manos amarradas. El vehículo recorrió 40 kilómetros hasta un punto –Cuesta Chacra en que los conductores descendieron y empujaron al rodado a un barranco.
 
Waldo Sankan sobrevivió porque una puerta del vehículo se abrió expulsándolo. Llegó a pie a Arica y, temiendo por su vida, se presentó ante Mena acompañado del capellán militar Mario Ruiz, quien ratificó estos dichos en el proceso. Declaró inculpando a Mena y el personal a su cargo. Sankan fue relegado a Codpa en 1973 bajo la condición de seguir manteniendo la versión oficial sobre el crimen.
 
“Mena incumple su deber”
 
El juez Montiglio sostuvo en su fallo (5) que “el propósito permanente de ocultar la verdad de lo ocurrido que se advierte en el proceder del Comandante Mena constituye un fuerte indicio del obrar doloso de éste, con la gravedad de que traslada su responsabilidad a sus subordinados, incumpliendo de ese modo el deber de todo comandante de jamás hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de una resolución que a él ha correspondido. Se tiene presente además el hecho que el coronel Mena no dispuso medida alguna en contra de los supuestos insubordinados, lo que reafirma la convicción del tribunal en cuanto a que no es efectivo que los miembros del Departamento II de Inteligencia que intervinieron en los hechos hayan actuado de propia iniciativa, descolgándose de la línea de mando y que, por el contrario, el actuar de dichos subordinados fue en cumplimiento de una orden suya”.
 
 En el proceso, el entonces mayor Mario Carrasco González, entonces fiscal militar en Arica, había declarado que en su regimiento “era el comandante Mena quien ordenaba todas las misiones secretas, reservadas y ordinarias que se realizaban, por tanto debía tener conocimiento de los hechos”.
 
Dos conscriptos desaparecidos
 
Entre los crímenes por los que Mena jamás fue enjuiciado está el secuestro y desaparición en octubre de 1974 de dos conscriptos del regimiento Rancagua de Arica, del cual él era su comandante. El juez Daniel Calvo entregó los restos de los soldados Juan Francisco Peña Fuenzalida (21 años) y Sergio Amador Pantoja Rivera (19 años) a su familia en 2002. Ambas osamentas, plenamente identificadas por el Instituto Médico Legal, fueron encontradas en 1999 por el juez Juan Guzmán luego de remover terrenos en la localidad de Putre. El juez constató que la mayor parte de los restos ya habían sido removidos previamente.
 
El 27 de mayo de 1975 Odlanier Mena firmó la siguiente orden del día reservada que consideraba desertores a los desaparecidos: "Conforme lo dispone el Art.314 del Código de Justicia Militar, dése de baja con fecha 31 de octubre de 1974, a los SL (C) Juan Peña Fuenzalida y Sergio Pantoja Rivera, de la 2a. Compañía de Cazadores, por haberse cumplido el delito de deserción". Sin embargo, en 1978 la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas extendió un certificado señalando que "Pantoja Rivera y Sergio Amador tiene su situación militar al día con valer militar".
 
La verdad, relatada por un ex conscripto del mismo regimiento, es que el 24 de octubre de 1974, luego de ser interrogados por el Servicio de Inteligencia Militar de Arica, Juan Peña Fuenzalida –recapturado luego de un intento de fuga del campamento militar– y Sergio Pantoja Rivera, fueron sacados con las manos atadas y vendados desde el campamento de Putre, al que habían sido trasladados, y subidos en un jeep que emprendió la marcha por el camino hacia Arica. (6)
 
Juan Peña y Sergio Pantoja no fueron vistos nunca más y sus familias de Rancagua iniciaron la larga búsqueda meses después, recibiendo contradictorias versiones. En diciembre de 2012, la Corte Suprema condenó a 3 años y un día (prisión remitida) a los dos oficiales que estaban a cargo del cuartel en Putre como culpables del secuestro y desaparición de los dos conscriptos del regimiento comandado por Odlanier Mena, quien una vez más –¡oh justicia!– no fue encausado en el proceso investigado por el ministro Mario Carroza. Muy poco después de estos crímenes, desempeñándose en la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), fue ascendido a general.
 
CNI: Debut con asesinato
 
Odlanier Mena, posteriormente acogido a retiro, permaneció en el exterior cumpliendo funciones diplomáticas en Panamá y Uruguay. Regresó a Chile en 1977, a pedido de Pinochet, para encabezar la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que sucedió a la DINA de Manuel Contreras. Su primer acto de servicio –venía llegando de Montevideo– fue el asesinato del periodista Augusto Carmona Acevedo (33 años) el 7 de diciembre de 1977. Lo encubrió como un “enfrentamiento” instaurando un libreto que la CNI repetiría por décadas. La línea de los montajes ya le era familiar y los impuso en la institución que buscaba mejorar la imagen de la dictadura en su peor momento, tras el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington.
 
La principal “innovación” introducida por Mena consistió en no desaparecer los cuerpos de sus víctimas. El llevó a cabo una selectiva labor de aniquilamiento de miembros de la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, que intentaba retomar la iniciativa de resistencia activa contra la dictadura. El trabajo de inteligencia desplegado por la CNI descansaba fundamentalmente en el uso de la tortura, tanto en el Cuartel Borgoño como en decenas de instalaciones clandestinas a lo largo del país, en la huella de la DINA.
 
El ministro Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó el 4 de abril 2013 a Mena como autor de este crimen de lesa humanidad. El procedimiento de la CNI incluyó montar una “ratonera” en el barrio, copando la zona y el domicilio del dirigente mirista. Vecinos del lugar, entre ellos el escritor Reinaldo Marchant, atestiguaron que Carmona fue acribillado al ingresar a su casa y arrastrado hacia el interior. Esa noche, el director de la CNI llegó al lugar de los hechos, calle Barcelona de la comuna de San Miguel, en un automóvil Volvo modelo 1977, según declaró en el proceso Juan Arancibia López, uno de sus chóferes.
 
Carmona había dejado atrás el periodismo tradicional en 1977, y desde la dirección máxima del MIR impulsaba la lucha de resistencia y la prensa clandestina. Por sus amplios vínculos con la izquierda, e incluso con sectores progresistas de la democracia cristiana, desarrollaba conversaciones orientadas a la unidad antidictatorial. El periodista, en democracia fue redactor político del tele-noticiero “NueveDiario” en el entonces Canal 9 de TV de la U de Chile, presidente del sindicato de trabajadores de ese Canal y redactor de la revista Punto Final desde su fundación en 1965. En 1970, con la estación ocupada por sus trabajadores en apoyo al proceso que se vivía en el país, Augusto Carmona había sido elegido jefe de prensa de esa estación televisiva, hoy Canal 11, Chilevisión, del grupo Time Warner-CNN.
 
En abril de 2013, al conocerse los procesamientos por el homicidio del periodista, la querellante Lucía Sepúlveda, que junto a su hija Eva María Carmona interpuso la demanda, había hecho notar que algunos de los procesados en prisión por crímenes similares, disfrutaban de beneficios carcelarios como salidas de fin de semana y otros se paseaban libremente, “condenados” sólo a firmar mensualmente. Mena a esa fecha hacía uso de salida semanal de viernes a domingo. Pero el nuevo procesamiento no alteró su beneficio, ya que el juez le concedió la libertad bajo fianza.
 
En 1993 se había aplicado la amnistía por este homicidio y la causa sólo se logró reabrir el año 2003. “La encargatoria de reo es apenas el primer paso hacia una sentencia que marque el fin de la impunidad”, dijo entonces Lucía Sepúlveda, quien hoy considera que Odlanier Mena eludió la justicia mediante el suicidio, siguiendo el modelo de Pinochet que se declaró loco.
 
“Valoramos que la investigación califique el crimen como de lesa humanidad e incluya al máximo responsable de la CNI, Odlanier MENA, como autor del delito, junto a los miembros de la Brigada Azul, encargada de la represión al MIR”, manifestó entonces la abogada Alejandra Arriaza. Los agentes que declararon en el proceso llevado adelante inicialmente por el ministro de fuero Alejandro Solís, sostuvieron que desde el reemplazo de la DINA por la CNI, todos los operativos de exterminio debían tener su autorización previa.
 
Procesados de la Brigada Azul
 
Mena reorganizó los antiguos grupos Halcón de la DINA denominando “Brigada Azul” a una de las nuevas bandas, con casi los mismos secuaces, lo que muestra que sus discrepancias con Contreras eran parte de las luchas de poder. La ejecución de Augusto Carmona fue supervisada por Miguel Krassnoff, bajo el probable mando operativo del ex mayor de ejército Manuel Provis Carrasco. Krassnoff, procesado como autor de este homicidio, cumple condenas efectivas de cárcel por 103 años por decenas de crímenes, sin beneficios hasta ahora. Encabezó la represión al MIR, mediante la tortura, desaparición forzada y técnicas de guerra sicológica y gozó, hasta octubre, de una cárcel dorada en el Penal Cordillera, con toda clase de privilegios, no demasiado diferentes de los que tiene ahora en Punta Peuco.
 
En diciembre de 2012 la Corte Suprema confirmó la pena impuesta en otra causa al procesado Sandoval Arancibia, cuyas declaraciones sobre Cuesta Barriga fueron citadas en esta investigación. El criminal fue condenado a 10 años y 1 día como autor de la muerte de Luis Pantaleón Pincheira Llanos, Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, Luis Nelson Araneda Loayza, todos ellos militantes del MIR, y Juan Ramón Soto Cerda, socialista, en Las Vizcachas, en 1981. Cumplió en libertad la pena de 5 años por el crimen del niño Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, y está procesado además como autor del asesinato de Germán Cortés (1978).
 
Un cuarto procesado por el asesinato del periodista Augusto Carmona, Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, fue condenado en segunda instancia a 5 años y un día por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay (1995) del químico Eugenio Berríos, ex agente de la DINA. Cumple una “condena” en libertad vigilada, a 4 años por homicidio y cuatro por asociación ilícita, por el asesinato del mayor Gerardo Huber, en 1992.
 
El quinto reo, José Fuentes Torres, “El cara de santo” o “Marco Cruzat”, también cumplía en libertad condena a tres años como autor del secuestro de Mireya Pérez Vargas y está procesado por su participación en la Operación Colombo, caso de Los 119 desaparecidos.
 
El sexto reo Luis René Torres Méndez, alias “Negro Mario”, estaba en libertad condicional, procesado por su participación en secuestros en la Operación Colombo, Operación Cóndor y las detenciones de dirigentes comunistas en calle Conferencia.
 
El séptimo reo, Basclay Zapata Reyes, “El Troglo”, cumple condena en Punta Peuco por once secuestros y el homicidio de Lumi Videla. También está procesado por Operación Colombo.
 
La octava encargatoria de reo como autora del asesinato de Augusto Carmona fue para Teresa Osorio Navarro, “Chica Tere”, quien está acusada por los casos Operación Colombo y por calle Conferencia. Se encontraba libre al momento del procesamiento.
 
La causa judicial continúa respecto de estos criminales. El ministro Llanos prepara la acusación contra ellos, ya que los procesamientos fueron ratificados por la Corte de Apelaciones.
 
 Otros falsos enfrentamientos
 
 
Odlanier Mena continuó en el camino de los falsos enfrentamientos, cuando el 18 de enero de 1978, la CNI asesinó a Germán Cortés Rodríguez (29 años), también dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenido dos días antes. El montaje publicado por la prensa sostenía que luego de su detención fue conducido a su domicilio para entregar documentación y “estando allí, en un momento trató de sorprender a los funcionarios de seguridad, disparándoles un arma que extrajo debajo de una cama, no logrando herirlos y siendo muerto por ellos”, lo que es refutado por ex detenidos. Germán Cortés fue conducido al lugar en muy mal estado debido a las torturas recibidas y abatido allí por la CNI.
 
En agosto de 2013 el ministro de fuero Jorge Zepeda encargó reos por el asesinato de Germán Cortés a tres miembros de la citada Brigada Azul: Krassnoff , Sandoval Arancibia y Basclay Zapata. No alcanzó a dictarse el procesamiento contra Odlanier Mena, aunque lo inculpaban dos testigos sobrevivientes, ex detenidas políticas junto a Germán Cortés: Haydée Palma y Bernarda Santelices.
 
El mismo día de la ejecución de Germán Cortés (18 de enero 1978) fue asesinado por la CNI Gabriel Octavio Riveros Ravelo (29 años), ingeniero y militante del MIR. Agentes del organismo dirigido por Mena irrumpieron violentamente en su domicilio, disparando. Se dijo que Gabriel había muerto de un disparo suicida. El ingeniero formaba parte del apoyo logístico del dirigente Germán Cortés. En su departamento se reunía la dirección del MIR, encabezada entonces por Hernán Aguiló. (7)
 
Otros crímenes perpetrados por la CNI bajo el mando de Mena fueron incluidos en una querella por genocidio contra el MIR interpuesta ante el entonces juez Juan Guzmán (8). José Avilés Miranda (72 años), contratista, de 72 años fue asesinado el 28 de abril de 1979. El cadáver del simpatizante del MIR, padre de un exiliado político que había estado preso en la isla Dawson, fue encontrado en fundo El Montijo de Renca. Había salido el día anterior de su domicilio en la comuna de Pudahuel a hacer algunas diligencias. La CNI informó a la prensa que el MIR había ajusticiado a Avilés, versión refutada en el informe Rettig. El montaje tuvo una segunda fase. La CNI informó que el 17 de mayo de 1979, Arturo Ricardo Nuñez Muñoz (24 años), obrero de la construcción, militante del MIR, había sido ajusticiado por esa organización. En realidad, Núñez fue detenido un día antes apareciendo su cuerpo al día siguiente en el sector de Quilicura, con dos impactos de bala en la cabeza.
 
El 21 de junio 1979, Juan Carlos Gómez Iturra, “Loquillo”, 27 años, dirigente del MIR y ex preso político (hijo del fallecido periodista José Gómez López), murió luego de ser detenido y baleado en las cercanías de Lo Valledor, tras un control policial que intentó eludir junto a otro resistente. Juan Carlos Gómez fue uno de los participantes en la huelga de hambre que los prisioneros políticos del campo de concentración de Puchuncavi realizaron en 1975 en protesta contra el montaje periodístico de la Lista de Los 119 (Operación Colombo). Gómez, amnistiado en 1978, decidió permanecer en Chile. Capturado y herido, fue torturado por un carabinero en un vehículo e ingresó muerto al Hospital Barros Luco, a causa de heridas a bala toráxico abdominales con salida de proyectil, según el certificado de defunción. Su acompañante fue condenado a 10 años de cárcel por la muerte de uno de los policías. En 2011, su hermano, el senador Juan Antonio Gómez, presentó una querella por su muerte, que lleva adelante el ministro Carroza.
 
El 23 de junio de 1979 fueron ejecutados en Concepción Alberto Eugenio Salazar Briceño, ex marino de Talcahuano, e Iris Yolanda Vega Bizama, miembro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. Ambos eran militantes del MIR y murieron al explosionar un artefacto explosivo en calle Maipú. La CNI los acusó de intentar colocar una bomba en el local de Radio Nacional. Otras diez personas fueron detenidas y acusadas de planificar la operación. Todos los imputados fueron absueltos en 1980 y no hay procesados por el homicidio de Alberto Salazar e Iris Vega, reconocido por el Informe Rettig.
 
El 4 de agosto de 1979 murió Antonio Apolonio Lagos Rodriguez (33 años), técnico en minas y militante del MIR que cumplía tareas de resguardo de Andrés Pascal, secretario general de ese partido. Su casa, ubicada en El Arrayán, fue atacada por efectivos de la CNI. La policía secreta buscaba a Pascal, que había retornado a Chile ese año y vivía allí, pero esa noche no llegó. A consecuencia de los disparos se produjo un incendio en el inmueble y una explosión. Antonio Lagos murió carbonizado.
 
El 21 de agosto de 1979, en el centro de Santiago fue detenido por un carabinero el profesor secundario Federico Alvarez Santibáñez, por lanzar panfletos del MIR. Desde la 9ª Comisaría la CNI lo llevó al cuartel secreto de Borgoño 1470, donde fue torturado durante seis días por cuatro agentes, entre ellos Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas Bories. Sin poder sostenerse en pie y sangrando profusamente, se le condujo ante un fiscal militar quien lo envió incomunicado a la Penitenciaría. Al día siguiente los gendarmes lo trasladaron a la Posta Central donde falleció víctima de contusiones múltiples, fractura de cráneo y aspiración de sangre y vómitos. El sumario llevado a cabo por el Colegio Médico en contra de los miembros de la orden que participaron en los hechos indica que la causa de muerte no fue un golpe en la cabeza, mencionado en la versión dada a conocer por la CNI y el gobierno (7).
 
El 27 de noviembre de 1979 muere el profesor Ricardo Ruz Zañartu (36 años) dirigente del MIR, ex preso político liberado en 1978. La versión del informe Rettig indica que intentó evitar un control vehicular de Carabineros en calle Pedro de Valdivia esquina Las Encinas, en Santiago. Él se percató de esta situación y trató de huir en el taxi en que se movilizaba, produciéndose en ese momento “un enfrentamiento con los policías que le causó la muerte”, el conocido libreto repetido por la CNI.
 
También ese día, 27 noviembre 1979, fue abatido Andrés Fernando Fuenzalida Zurita (33 años). La versión oficial indica que fue muerto en Pedro de Valdivia con Las Encinas, Santiago, por Carabineros, en un enfrentamiento, como indicaban todos los comunicados oficiales de la época. Tres días antes, un comando miliciano de la resistencia había asaltado un camión recaudador del Banco Concepción, en el supermercado Agas, ubicado en Manquehue Sur, Las Condes. La CNI sindicó a Andrés Fuenzalida como culpable de la muerte del cabo carabinero Bruno Burdiles Vargas durante esa acción.
 
Al año siguiente, el 28 de abril de 1980, muere “en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad”, según la manida versión oficial, Oscar Salazar Jahnsen, profesor, quien salió de su casa, no regresando al mediodía, como se había comprometido. Había sido objeto de seguimientos previos, razón por la cual había interpuesto un recurso de amparo preventivo en su favor. Ese mismo día, un comando de la Resistencia había accionado frente a la llamada Llama de la Libertad, en el cerro Santa Lucía, resultando muerto un carabinero. A las 20:00 horas fue allanado su domicilio por personal de la CNI. Al día siguiente los familiares leyeron en los diarios que Oscar Salazar había fallecido en un enfrentamiento.
 
A fines de 1980 Odlanier Mena dejó la CNI, cuestionado porque pese al aumento de detenciones, el uso de la tortura y el montaje de falsos enfrentamientos, el MIR continuaba operando con audaces acciones armadas. El 15 de julio de 1980 un comando de la resistencia ajustició a Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Pinochet pidió la renuncia a Odlanier Mena el 24 de julio, asumiendo el mando de la policía secreta el ex miembro de la junta militar, general ® Humberto Gordon Rubio hasta entonces jefe de zona en Estado de Emergencia. Pinochet ordenó a Gordon coordinar desde un denominado Comando Antisubversivo (CAS) a los servicios que investigaban el ajusticiamiento del coronel Roger Vergara.
 
Gordon había conformado un comando Antisubversivo integrado por la Brigada de Homicidios (BH), la recién creada Brigada de Inteligencia Policial (BIP), el Departamento OS-7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI, que también empezó su gestión con un crimen. El 2 de agosto de 1980 murió a consecuencias de la tortura el estudiante de Periodismo Eduardo Jara Aravena (29 años), militante del MIR, secuestrado el día 23 de julio en la esquina de las calles Eleodoro Yáñez con Los Leones junto a Cecilia Alzamora, quien sobrevivió. Nunca hubo condenas por el asesinato de Eduardo Jara, aunque cayó la plana mayor de Investigaciones encabezada por Ernesto Baeza, debido a las repercusiones de ése y otros casos (9). De ahí en adelante, en la CNI la historia vuelve a repetirse con nuevos asesinatos y montajes, detenciones y uso permanente de la tortura como método principal de investigación, en la huella de su fundador, Odlanier Mena.
 
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que preside Alicia Lira, entregó a los tribunales de justicia 311 nuevas querellas por ejecutados políticos, hombres y mujeres entre los cuales están varios de los casos aquí reseñados (10). Esta demanda forma parte de la campaña “Impunidad Jamás”, que ha mantenido la agrupación. Un total de 1.350 víctimas fueron ejecutadas por agentes del Estado en dictadura. Gran parte de esos crímenes fueron perpetrados por la CNI moldeada por su primer director Odlanier Mena, quien ni siquiera cumplió los 6 años de prisión dorada a la que fue condenado por la justicia chilena, y fue enterrado en medio de vítores de uniformados activos y retirados de su generación. Pero el pueblo de Chile y las nuevas generaciones ya no aguantan más mentira y más impunidad y no desean que más criminales puedan eludir la justicia.
 
Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista y escritora chilena
 
Referencias:
 
1) Alvaro Ramis, “En la Piel del Verdugo”, Punto Final, edición 791.
 
2) “Ex Director de la CNI advierte”, en La Segunda, 15 noviembre 2000, citado por Elizabeth Lira y Brian Loveman en “El espejismo de la reconciliación Política en Chile: 1990-2000”
 
3) Operación Retiro de Televisores, en “Los Crímenes que estremecieron a Chile, Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega” (Ceibo 2013), págs. 357-373.
 
 
5) Fallo Cuaderno Arica del Proceso Caravana de la Muerte, dictado por Víctor Montiglio el 12 de abril de 2006.
 
 
 
7) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25613 E. Cortés, Cronología del Terror, Punto Final.
 
 
 
 
Fuente: Mapocho Press
 
https://www.alainet.org/es/active/68567?language=en

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