El 7 de febrero de 1999 marcó tres aniversarios en Haití: la caída en 1986 del dictador Jean-Claude Duvalier; la toma del mando del Presidente René Preval en 1996, y el juramento en 1991 del anterior presidente, Jean Bertrand Aristide. Pero esta fecha, que recuerda la caída de la dictadura más sangrienta que haya conocido el país y el inicio de un proceso democrático, pasó desapercibida; sin ninguna declaración ni ceremonia oficial. Y es que Haití se encuentra todavía enredada en un proceso tumultuoso y cada vez más incierto. Los mecanismos implantados para hacer funcionar un "régimen democrático" son inoperantes. Después de casi dos años sin gobierno, el país se encuentra con una legislatura reducida a nueve senadores, y con comisiones comunales (designadas por el Ejecutivo) en lugar de consejos electos. Todavía se discute la formación de un Consejo Electoral Provisional (CEP) en remplazo del Consejo Electoral Permanente, previsto tras las elecciones abortadas de 1987, que sigue postergado, sin que las Colectividades Territoriales, ahora caducas, hayan podido cumplir su función. Esa es, en el plano institucional, la situación prevaleciente en Haití desde inicios de este año, cuando Preval reconoció que había terminado el mandato de los parlamentarios electos en 1995. ¿Golpe de fuerza o mandato constitucional...? Preval, quien es poco afecto a los discursos, se vio obligado a dirigirse a la población dos veces en tres semanas. En primer lugar, el 11 de enero, en un breve discurso transmitido por radio y televisión, se pronunció en contra la "prolongación del mandato" de los senadores y diputados electos en 1995. Para luego, el 2 de febrero, en otro discurso, reafirmar lo fundamentado de su decisión. Esa misma noche, Preval se esforzó para tranquilizar a unos y otros y dio a entender que no era su intención desviarse de la vía democrática. "Al contrario, seguimos construyéndola respetando la ley", declaró, a la vez que indicó que entiende la actitud de los ciudadanos de buena fe que se muestran vigilantes frente a las últimas manifestaciones de la crisis. Las reacciones se han multiplicado de parte de los propios electos -cuyas ventajas y privilegios han sido oficialmente retirados-, como de varios sectores políticos. Para los presidentes de las dos cámaras, no cabe duda de que Preval ha intentado "un golpe de fuerza". El Presidente de la Asamblea Nacional, el senador Edgar Leblanc, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Vasco Thernelan, ambos de la Organización Política Lavalas (OPL), anunciaron a la prensa que una "demanda de impugnación" había sido depositada ante el Tribunal Supremo. Su argumento jurídico es que la Constitución está por encima de cualquier otra ley, como la ley electoral de 1995, que había previsto que el 11 de enero de 1999 se termine el mandato de los elegidos en 1995, a fin de normalizar el calendario electoral que había sufrido modificaciones al regreso de Jean Bertrand Aristide en 1994. La Constitución estipula que en ningún caso se puede acortar ni prolongar el mandato de los elegidos, según sostienen los parlamentarios que están decididos a permanecer en sus puestos. Para el Ejecutivo, la Corte debería negarse a recibir esta demanda, siendo que el Jefe de Estado únicamente ejercía su prerrogativa constitucional de vigilar el respeto a las leyes. La OPL, que se ha aliado con otros 5 partidos políticos de oposición, habla sin rodeos del "golpe de Estado del 11 de enero". Los cinco partidos que firmaron este planteamiento con OPL son: la Convención de la Unidad Democrática (KID), el Partido Nacional Progresista Haitiano (PANPRHA), el Congreso Nacional de los Movimientos Democráticos (KONAKOM), Ayiti Kapab y Generación 2004. A estos seis partidos, los cuales en su mayoría apoyaron abiertamente el golpe de Estado militar de septiembre 1991, se añade el Reagrupamiento de Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP). Los empresarios y algunas centrales sindicales apoyan que se mantengan en sus puestos los elegidos en el 95, hasta la instalación de los nuevos electos. La única nota discordante en la oposición es la reacción del Movimiento por la Instauración de la Democracia (MIDH), el cual también coqueteó con los golpistas. Su jefe, el antiguo primer ministro de facto Marc Bazin, dice comprender la posición de Preval, y afirma su disposición a colaborar en una perspectiva de salida de la crisis. De otro lado, hay quienes apoyan la gestión del Ejecutivo. Según ellos, al exigir la aplicación de la Ley Electoral, Preval no ha cometido ninguna violación. Para la Asamblea Popular Nacional (APN), dirigida por Benjamín Dupuy, son los "falsos demócratas" quienes tratan de hacer creer que el parlamento ha sido disuelto. Hay el apoyo sin reservas, también, de Lafanmi Lavalasse (Familia Lavalas) del antiguo presidente Aristide. El 25 de enero, organizaciones pro Lafanmi, entre ellas Juventud Poder Popular (JPP), llegaron incluso a manifestar en las calles su apoyo a Preval. La prensa señaló la presencia de varios millares de personas delante del palacio nacional. Esta manifestación constituyó, entre otras, una respuesta a la oposición, cuyo llamado a la huelga general, tres días antes, había tenido resultados mitigados. El 22 de enero, el gran comercio y las escuelas fueron en buena parte paralizados. Toda vez, el comercio informal, el transporte común, la industria de maquila, los bancos, los supermercados y estaciones de servicio funcionaron normalmente. Entretanto, Jacques Edouard Alexis, quien fue ratificado la víspera del 11 de enero, sigue como Primer Ministro sin gobierno. No había presentado su declaración de política general ante el parlamento y enfrenta hoy graves dificultades para conformar un gabinete ministerial, percibido de antemano como de facto. La perspectiva electoral: Hay mucho en juego En su intervención del 2 de febrero, el jefe del Estado planteó, una vez más, la necesidad de organizar las elecciones en buenas condiciones para asegurar el remplazo de las autoridades de las colectividades territoriales y de los miembros de la 46 Legislatura. Un clima de confianza y serenidad, un CEP credible y no partidario, un Consejo de Vigilancia Electoral, misiones de observación electoral nacional e internacional, apoyo financiero del Estado a los candidatos; tales son, según Preval, elementos indispensables a la realización de buenas elecciones. Este es el punto de vista que ha mantenido en su ronda de diálogos con los partidos de oposición, que se han reunido con el Presidente varias veces desde fines de enero. La opción electoral tiene el visto bueno, igualmente, de la comunidad internacional, particularmente la ONU y los parlamentarios francófonos que efectuaron a mediados de febrero una visita de información a Puerto Príncipe. Washington, en tanto, si bien aprueba la perspectiva electoral, por lo bajo esgrime la amenaza de interrumpir su ayuda financiera a Haití y subraya la necesidad de implantar un Consejo Electoral credible y de contar con una ley electoral transparente. Paralelamente, la embajada estadounidense muestra una muy buena disposición hacia los parlamentarios de la 46 Legislatura, a quienes ha abierto un servicio especial para la tramitación de visa, en el caso de que deseen viajar a EE.UU. Es más, una delegación parlamentaria norteamericana que visitó Haití recientemente expresó abiertamente su apoyo al parlamento. En su informe, la delegación de cuatro diputados dirigida por el republicano Benjamín Gilman, apoya la demanda del parlamento ante el Tribunal Supremo y advierte contra una precipitación de las elecciones. Es justamente en el plano electoral que hay mucho en juego. Las próximas elecciones presidenciales deberán realizarse en el año 2000. Cada cual quiere jalar más agua a su molino, en una situación donde el anterior presidente Aristide, en campaña permanente, no tiene la intención de ceder terreno. La gestión del poder hoy, al nivel que sea -Sección Comunal, Comuna, Colectividad Territorial, Cámara de Diputados, Senado, Ministerio- deberá permitir ciertos medios para poder posicionarse mejor de cara a la próxima contienda. Así se explica por qué en el terreno, hasta ahora, la instalación de las Comisiones Comunales, recientemente nombradas, causa numerosos problemas. En muchas comunas, están siendo impugnadas por parte de varios grupos de la población, en su mayoría vinculados a Lafanmi Lavalasse. Ciertas organizaciones populares de su lado, intentan sortear el polarizado esquema por o contra Preval/Lafanmi Lavalasse y Parlamento/OPL. Ambas partes son vistas como dos caras de la misma moneda, en la medida en que no se las considera garantes de las reivindicaciones populares, sino ligadas al plan neoliberal impuesto por las instituciones internacionales.