Guatemala

En el olvido

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

22/10/2013

Opinión

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A partir de la entrada en el nuevo siglo, posiblemente la palabra que mejor define la relación mundial con Guatemala es el olvido

GUATEMALA.- Los años 80 del siglo pasado se pueden calificar como los años de la solidaridad con Guatemala; la década de los 90 como la de la solidaridad y la cooperación internacional con ese país centroamericano. Sin embargo, a partir de la entrada en el nuevo siglo, posiblemente la palabra que mejor define la relación mundial con Guatemala es el olvido.

En torno a la firma de los Acuerdos de Paz (1996) se desató un interés bienintencionado, o no, por respaldar el proceso de paz. Pero, el paso del tiempo y el incumplimiento reiterado por parte de los sucesivos gobiernos guatemaltecos de los mencionados acuerdos no tuvo otra respuesta de la comunidad internacional que el olvido absoluto de las condiciones políticas y sociales de los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, aquellos que verdaderamente sufrieron el genocidio que supuso la guerra abierta por el estado de Guatemala contra estos pueblos.

Hoy, Guatemala vive en una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus pueblos sufran los caprichos y avatares de los intereses de las transnacionales y de los mercados, además de los de una mínima élite dominante (apenas una veintena de familias)

Hoy Guatemala, aunque perdida en la memoria de nuestras sociedades y en las crónicas de los medios de comunicación vive en una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus pueblos sufran los caprichos y avatares de los intereses de las transnacionales y de los mercados, además de los de una mínima élite dominante (apenas una veintena de familias). Este país centroamericano está abierto al expolio más absoluto e inconsulto, con una violación permanente de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad mundial, e incluso ratificados por los gobiernos de ese país.

Pero es que la historia de Guatemala es, en gran medida, la crónica de un estado-nación nunca acabado, nunca construido, pese a que hace casi 200 años que se produjo la teórica independencia de la metrópoli colonizadora. En realidad, y como en otros muchos países del continente, el proceso que se abrió en esos años es el que se puede denominar como de colonialismo interno. La nueva élite política y económica criolla sustituyó a la vieja de corte colonial; sin embargo, las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales se mantuvieron sin cambios reales. Las grandes mayorías, generalmente indígenas, permanecieron en la marginación y la explotación como mano de obra barata al servicio de los nuevos poderes.

El aparentemente nuevo estado-nación se erigió sobre los elementos básicos y fundamentales de la colonia: el racismo, la discriminación y la exclusión contra los pueblos maya, xinca, garífuna y gran parte del mestizo. Y hoy, en pleno siglo XXI, esta situación persiste, hundida y enraizada en las estructuras centrales de este país. Durante los llamados años del conflicto interno esto quedó ampliamente demostrado. En realidad, y tal y como recientemente se verificó en el juicio contra el general dictador Efraín Ríos Montt, lo que se produjo en esos años fue el genocidio contra el pueblo maya. Más de 250.000 muertos, un millón de desplazados de sus territorios, 250.000 refugiados en el exterior, más de 400 aldeas mayas arrasadas y masacradas hablan claramente de la política que practicó el ejército guatemalteco durante el conflicto armado.

Y como se ha señalado anteriormente, la firma de los Acuerdos de Paz no acabaron con esta situación de discriminación. Hoy estos pueblos sostienen que siguen inmersos en un proceso de genocidio que se traduce en la libre disposición de sus territorios que se concede a las transnacionales mineras, petroleras e hidroeléctricas principalmente. Los reconocimientos de los derechos de estos pueblos (22 de ascendencia maya, más el pueblo xinca y el garífuna) para definir su vida, sus modelos de existencia, el manejo de sus territorios, en definitiva el derecho a una vida digna, son desconocidos en el día a día y de forma cada vez más sistemática. Dichos tratados figuran en los Acuerdos de Paz, pero también en la propia constitución del estado y en convenios y tratados internacionales como el 169 de la OIT (1989) o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).

Un ejemplo sintomático de esta continua violación de derechos hace referencia directa al de consulta y reconocimiento de la organización social y política propia. En los últimos años, ante el incumplimiento de los gobiernos de la obligación a consultar a los pueblos ante un hecho, proyecto o proceso que les afecte directa o indirectamente (Convenio 169 OIT), y ante el aluvión de concesiones a transnacionales para la explotación, uso y abuso sobre los territorios, se han realizado de forma autónoma 72 consultas comunitarias. Éstas han mantenido los procesos tradicionales de las comunidades y en todas ha habido una supervisión nacional y, en muchos casos, internacional, validando estos procesos como transparentes y adscritos al derecho reconocido por el ya citado Convenio 169. Se buscaba el posicionamiento libre, participativo y democrático de la población ante una agresión a sus territorios, realizada por las transnacionales (en muchos casos españolas) mineras y/o hidroeléctricas con el respaldo pleno del gobierno. Los resultados, abrumadoramente por la defensa de los territorios se han trasladado al congreso de la república, quien sistemáticamente los ha ignorado. Obviamente, para esta institución y para el gobierno de turno tiene más valor el interés económico de una de estas empresas que el pensamiento, deseos y posicionamiento de la población. Se ignoran así los derechos políticos de participación, de consulta, de organización y otro largo número de derechos individuales y colectivos. Por el contrario, se protegen abiertamente los intereses de las transnacionales y, además, se criminaliza la protesta y resistencia como respuesta a las continuas violaciones de derechos. Esto último alcanzando en los últimos años más graves niveles como son las detenciones de líderes, los asesinatos selectivos, declaraciones de estados de sitio y recientemente casos de masacres; Totonicapán hace un año, y hace unas semanas San José Nacahuil, con 11 muertos y 15 heridos por un ametrallamiento indiscriminado sobre la población.

Toda esta situación actual y el previo proceso histórico es lo que permite afirmar que el colonialismo interno en Guatemala sigue siendo una triste y dura realidad. Las bases de discriminación y marginación, de empobrecimiento y explotación, de exclusión y racismo, siguen operando como pilares fundamentales del país, constituyendo la política del estado y de las clases oligarcas.

Pero esta situación es cambiable, es transformable. La organización comunitaria en torno a las consultas ha supuesto que esta población pueda romper el silencio al que estaba condenada, desde los años más oscuros del genocidio. Estas consultas han propiciado procesos amplios de reflexión, de análisis, de debates y de

Otro hecho que ha incidido en esta ruptura de reclusión y parálisis ha sido el proceso de enjuiciamiento del general Ríos Montt. Nunca se imaginó que esto pudiera darse: el proceso y condena contra un genocida vivo

expresión de sentimientos por parte de los pueblos maya y xinca, que hacía demasiados años que habían sido condenados al destierro, al olvido en la creencia interiorizada de que esos eran derechos solo para los pudientes y no para los empobrecidos, los relegados por el colonialismo. Otro hecho que ha incidido en esta ruptura de reclusión y parálisis ha sido el proceso de enjuiciamiento del general Ríos Montt. Nunca se imaginó que esto pudiera darse: el proceso y condena contra un genocida vivo. Sin embargo, fue la valentía de las mujeres ixiles la que abrió esta puerta para denunciar lo ocurrido en la política de tierra arrasada que practicó el ejército (por cierto, en ese momento, el hoy presidente de Guatemala Otto Pérez Molina era oficial en el territorio ixil). Estrategia de genocidio y denuncia de la misma que hoy ha llevado a la condena a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Cierto es que posteriormente las presiones ejercidas por los oscuros poderes de siempre llevaron al alto tribunal a desconocer el juicio y ahora deberá repetirse. Sin embargo, esto ha puesto en evidencia una vez más los ocultos intereses de la clase dominante, económica, política y militar y el carácter no democrático y racista del estado guatemalteco. Y ocurra lo que ocurra el juicio ya ha sido una victoria para los pueblos de Guatemala.

Todo esto es lo que la comunidad internacional sigue ignorando y/o mantiene en el olvido, con el fin de que los intereses económicos sigan gozando de inmejorables condiciones para la explotación de los recursos naturales y humanos en el marco de la doctrina neoliberal y neocolonial. Por eso, por la justicia y la solidaridad internacional es por lo que corresponde ahora acabar ya con el olvido y recuperar para la dignidad la vida de todos los hombres y mujeres, de todos los pueblos de Guatemala.

http://www.codpi.org/observatorio/196-guatemala-en-el-olvido

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