Un conmocionado Miércoles de Ceniza vivió Ecuador por el asesinato del diputado nacional Jaime Hurtado González, líder del Movimiento Popular Democrático (MPD), y de sus dos acompañantes, el diputado alterno Pablo Tapia y Wellington Borja, quienes fueron baleados en las inmediaciones del Parlamento por pistoleros cuya identidad no se ha establecido. Tras conocerse el incidente, la dirigencia del MPD ha dirigido sus acusaciones contra el gobierno del presidente Jamil Mahuad, quien por la noche, en una improvisada cadena de radio y televisión, deslindó responsabilidades de su administración y anunció que "agotará todos los esfuerzos para encontrar a los asesinos". Anticipó que creará una comisión investigadora en la que participarán la Iglesia Católica y los familiares de las víctimas, y también ofreció una recompensa de 130 mil dólares a quien proporcione información sobre los atacantes. El MPD sostiene que existe un plan oficial de militarización del país como respuesta al descontento popular por la política neoliberal del régimen. Ciro Guzmán, principal vocero del MPD, ha insistido que resulta muy sospechoso que Hurtado haya sido asesinado pocas horas después de haber oficializado una petición para que comparezca ante el parlamento el Ministro de Defensa, a fin de que explique las imputaciones de que su agrupación política es la instigadora de los brotes subversivos registrados en los últimos meses. Según informes militares filtrados a la prensa, en torno al MPD, considerado como brazo político del Partido Comunista Marxista-Leninista, y los frentes de masas en los que incide -particularmente sector estudiantil y magisterio- se estaría formando una estructura militar conocida como Grupo de Combatientes Populares. Como prueba se menciona el hecho de que en algunas manifestaciones estudiantiles los protestantes han hecho uso de armas de fuego. Este sector político ha cuestionado tal versión, sosteniendo que en realidad se trata de "agentes infiltrados" para justificar la represión. La iniciativa de Hurtado de llamar al Ministro de Defensa buscaba, precisamente, que se aclare esta situación, han señalado fuentes del MPD. Organismos de derechos humanos denunciaron hace un par de meses la existencia de escuadrones de la muerte, a raíz del asesinato del dirigente sindical Saúl Cañar cuyo cadáver fue encontrado el 7 de diciembre con evidentes signos de tortura, luego de que fuera secuestrado por ocho individuos en una avenida de la capital la tarde del 26 de noviembre. Hasta la fecha las investigaciones policiales no han arrojado ninguna pista seria. Estos organismos también han manifestado su preocupación por la creciente militarización que se está operando en el país con el argumento de combatir la delincuencia. Se teme que por esta vía se trate de encontrar una salida al complejo tema de la redefinición del rol y tamaño de las fuerzas armadas, una vez suscrita la paz con el Perú, asignando a los sectores castrenses funciones de exclusiva competencia de la policía. Movilizaciones sociales Desde inicios de año Ecuador ha sido escenario de constantes protestas públicas, sobre todo estudiantiles, contra las políticas de ajuste implementadas por el régimen. Al iniciar su gestión en agosto pasado, Mahuad dispuso la supresión de todos los subsidios sociales, con lo cual los servicios públicos sufrieron un severo incremento, que como en el caso del gas llegó al 410% y el de la electricidad al 360%, mientras para los combustibles se estableció un incremento mensual de alrededor del 15%. Desde enero entró en vigencia una medida similar para la electricidad, teléfonos, agua potable y servicios afines. Para el gobierno, la prioridad es arreglar la crisis fiscal. Las medidas: achicamiento del Estado con el despido de personal, recortes a los gastos sociales, privatización de las empresas públicas (electricidad, teléfonos y petróleo, ante todo); mayores impuestos y créditos externos, entre otras. Sin embargo, dos son los factores que han enervado la indignación popular: la entrega de más de mil millones de dólares a bancos en dificultades, mientras a la población le exige "austeridad", y la supresión del impuesto a la renta para sustituirlo por el impuesto del 1% a la circulación del capital, que en términos prácticos ha significado que las grandes empresas dejen de tributar y que la nueva carga se extienda a estratos sociales bajos que antes no tributaban. En los dos casos, han sido decisivas las presiones del derechista Partido Social Cristiano, que cuenta con la bancada más numerosa en el congreso, para mantener su apoyo al gobierno. Coincidiendo con el segundo aniversario de la caída del ex-presidente Abdalá Bucaram, el pasado 5 de febrero se llevó a cabo una movilización popular convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Coordinadora de Movimientos Populares (CMP), el Frente Popular y la CONAIE, para demandar el incremento del presupuesto para la salud y la educación, congelación de los precios de los combustibles, pago de las deudas que el Estado tiene con el Instituto de Seguridad Social, la moratoria de la deuda externa, derogación del impuesto del 1% a la circulación de capitales, entre otras exigencias. Para restarle fuerza a la medida el régimen decretó feriado el día de la protesta. Y si bien la presencia en las calles fue menor a la que esperaban los organizadores, no es menos cierto que el malestar hacia el régimen es evidente, como lo señalan las encuestas. Los sectores sociales que impulsaron la protesta han dado plazo hasta el 20 de febrero para que el régimen acoja sus pedidos, anticipando que en caso contrario iniciarán nuevas jornadas de protesta. Entre tanto, los maestros se encuentran en paro indefinido desde hace más de quince días ante la negativa del gobierno a reconocer un reajuste salarial y del escalafón que fue aprobado por la legislatura y gobierno anteriores. El régimen aduce que tal incremento fue inconstitucional por no contar con el respectivo financiamiento. Política excluyente Si una palabra se ha puesto de moda bajo el actual gobierno, no es otra que "imagen". Bajo el presupuesto de que el mandatario es un "gran comunicador". Y vaya que lo es, el régimen ha logrado imponer en la escena política una dinámica donde la figura de Mahuad aparece descollante, sin que ningún ministro le haga sombra. Su punto culminante alcanzó cuando las negociaciones de paz con el Perú. Tras bambalinas, en tanto, el presidente Mahuad ha privilegiado una línea pragmática que se basa en el entendimiento parlamentario entre su partido, Democracia Popular, y el Partido Social Cristiano, al cual le ha cedido la iniciativa económica. Esto ha dado lugar a que se configure un esquema de gobierno de tinte "cortesano" que únicamente negocia con su socio para la aprobación de leyes en el parlamento, excluyendo a las demás fuerzas políticas y sociales. Dos días antes de la movilización popular y cuando de por medio se estaba debatiendo el presupuesto, el diario El Comercio, uno de los más influyentes del país, se hizo eco de esta situación en una carta abierta titulada: "Presidente, haga un pacto con la nación". En ella, el matutino plantea: "La política que la sociedad necesita para enfrentar la mutación no puede constreñirse al juego de apenas algunas cúpulas. Esa incomprensión está llevando a su Gobierno a limitar la escena de lo político, cuando lo obvio, este rato, es politizar a la sociedad, llevarla a que, con su participación, sea cada vez más consciente de su destino y menos dependiente -pasivamente dependiente- del Estado y del Gobierno". Para luego añadir: "Tan importante es... equilibrar las cuentas del Estado como proteger el tejido social. ¿Quién duda de que hay privilegios que hay que combatir? Pero a la nación ya no se le puede plantear los cambios como simples ajustes. Estamos en la era de la negociación en la que los verbos ganar y ceder no se conjugan por separado. En estos momentos no cabe, señor Presidente, imponerle sacrificios solo a una parte de la nación". En el proyecto presupuestario enviado al parlamento, el gobierno proponía establecer un impuesto a los autos de lujo y al patrimonio de las empresas, como mecanismo para de alguna manera compensar los beneficios que éstas obtendrán con la supresión del impuesto a la renta. Sin embargo, con el argumento de que no votará por un impuesto más, el socialcristianismo solo aceptó respaldar al gobierno si suprimía estas dos fuentes de ingresos, como efectivamente sucedió. En su lugar, para cerrar la brecha fiscal, incluyó: la reingeniería de la deuda externa (sin que quede claro el mecanismo) y la venta a las camaroneras de tierras estatales que tenían en concesión (sin considerar el impacto ambiental que ello podría traer). Pero a la vez, consiguió que se mantenga el subsidio al diesel, que básicamente beneficia a las camaroneras y flotas pesqueras. Las otras medidas adoptadas para cubrir el déficit fiscal incluyen: recortes en los gastos estatales, principalmente vía despido y congelamiento de la masa salarial del sector público, límites al crecimiento del gasto de las entidades autónomas y recortes al presupuesto de los gobiernos seccionales. Como complemento, el PSC obtuvo la cabeza del titular del Ministerio de Finanzas, Fidel Jaramillo, quien en su momento se opuso al impuesto del 1% y era partidario del impuesto al patrimonio de las empresas. En su reemplazó fue nominada Ana Lucía Armijos (hasta entonces ministra de Gobierno), una de cuyas primeras gestiones fue para que el Banco Central establezca la flotación de la moneda.