Los Cinco: la verdad se abre paso

Salvador Capote

08/10/2013

Opinión

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En el Condado Miami Dade no escampa, pero no me refiero a la lluvia sino al interminable diluvio de escándalos de corrupción que se suceden y se entrelazan sin solución de continuidad. Uno mayúsculo en ciernes y de trascendente implicación política comenzará a tener lugar cuando el próximo 26 de octubre, obligado por una orden judicial del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el Departamento de Estado comience a publicar todos los documentos relacionados con el pago ilegal por agencias federales a 44 periodistas en Miami durante un período que abarca desde la detención de los Cinco en 1998 hasta su condena en 2001 (1).

El carácter mercenario de muchos periodistas del Sur de la Florida se conoce desde hace mucho tiempo, pero las primeras evidencias fueron publicadas en septiembre de 2006 por el columnista del Miami Herald Oscar Corral (2). Los documentos federales obtenidos por este diario revelaron que por lo menos diez periodistas locales habían aceptado dinero del gobierno de Estados Unidos como pago de programas en las emisoras oficiales de Radio y TV Martí: Wilfredo Cancio Isla, Pablo Alfonso, Carlos Alberto Montaner, Juan Manuel Cao y Ninoska Pérez Castellón, entre otros.

Los pagos ilícitos a periodistas locales, realizados por la “U.S. Office of Cuba Broadcasting”, que tiene a su cargo a Radio y TV Martí, y por otras agencias federales, vulneraban la prohibición congresional de utilizar fondos federales para financiar propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos; y no sólo era ilegal sino inmoral que el mismo gobierno que procesaba a los Cinco pagase a periodistas para crear la atmósfera mediática conveniente a su condena.

En septiembre de 2009, la “US Partnership for Civil Justice Fund” (Asociación de Estados Unidos para la Justicia Social), a nombre del Comité Nacional de Estados Unidos para la Liberación de los Cinco Cubanos) interpuso una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra la “US Broadcasting Board of Directors” (Junta de Directores de las Transmisiones) debido a su sospechosa e ilegítima negativa a la difusión pública del financiamiento del gobierno a los periodistas.

La demanda era un paso más en el difícil camino hacia la obtención de documentos probatorios del doble papel desempeñado por el gobierno, como acusador y como manipulador mediático, en un juicio en el cual el jurado no fue aislado y que, por tanto, estuvo bajo la influencia de un ambiente sobresaturado de falsas informaciones sobre Cuba y sobre los Cinco.

El 2 de diciembre de 2009 publiqué un estudio (3) que realicé acerca del comportamiento de dos órganos de prensa de Miami en el intervalo entre el 27 de noviembre del año 2000 y el 8 de junio de 2001, que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por el jurado. En esos 194 días, El Nuevo Herald publicó 806 artículos, y The Miami Herald 305 –un total de 1,111 artículos- que podían influir negativamente en el proceso judicial, un promedio de más de cinco por día, y sin un solo artículo a favor.

Si los resultados obtenidos con solamente estos dos periódicos los extrapolamos al resto de los órganos de prensa, radio y televisión que, igualmente y con la misma saña, contribuyeron a la atmósfera de odio en el Miami dominado política y económicamente por una ultraderecha visceralmente enemiga de la Revolución Cubana, podemos imaginar la increible sobresaturación mediática negativa que acompañó a los Cinco en un juicio que nunca debió celebrarse en esta ciudad.

Wilfredo Cancio Isla, uno de los periodistas denunciados inicialmente por Corral, publicó en El Nuevo Herald y en el período mencionado, 123 artículos incendiarios. En su entusiasmo pagado llegó a publicar tres en el mismo día (19 de enero de 2001). Algunos de los artículos de Cancio son dignos de una antología de la infamia, como el que publicó el 4 de junio de 2001, cuatro días antes de que el jurado anunciase su veredicto, con el propósito evidente de influir sobre éste, y que tituló “Cuba usa alucinógenos al adiestrar a los espías”. Cancio intentó explicar la valentía y la firmeza ideológica de Gerardo, Ramón, Fernando, Antonio y René, con la acusación delirante de que el gobierno cubano utilizaba técnicas de hipnosis y alucinógenos para modificar la conducta de los Cinco y controlar sus mentes a larga distancia.

Pacientemente, año tras año, el Comité Nacional de Estados Unidos por la Libertad de los Cinco Cubanos, con el apoyo de la organización de derechos civiles legales “Partnership for Civil Justice Fund” y el periódico “Liberation”, va desarrollando una batalla legal mediante peticiones basadas en la “Freedom of Information Act” (FOIA por sus siglas en ingles) -ley federal que permite solicitor información al gobierno acerca de sus acciones- para que las agencias federales liberen los documentos que demuestran el contubernio secreto entre el gobierno y los medios de Miami. La ley obliga a estas agencias a entregar los documentos siempre que no estén clasificados. Poco a poco han ido obteniendo evidencias vitales para las apelaciones que tienen lugar actualmente. Más de 2,200 páginas de contratos entre el gobierno y periodistas mercenarios obran ya en los archivos del periódico Liberación (4).

Sin embargo, lo que se sospecha constituye el grueso de los contratos ilegales entre el gobierno y los periodistas de Miami y que compromete, además, a los medios e instituciones a que éstos pertenecen, no ha sido expuesto a la luz pública todavía. Por eso tiene una importancia extraordinaria el fallo del Tribunal del Distrito de Columbia. El Departamento de Estado deberá entregar todos los documentos en su poder relacionados con el pago por agencias federales a 44 periodistas de Miami, y tendrá que hacerlo entre el 26 de octubre de 2013 y el 31 de marzo de 2014, comenzando en la primera de estas fechas. La información que se obtenga puede ser decisiva para lograr que los tribunales declaren nulo el juicio de los Cinco y por consiguiente sus condenas.

“Free of Information Act”, “FOIA”, está en vigor desde 1967 pero sufrió modificaciones sustanciales a partir de 1982. Varias enmiendas y órdenes presidenciales le quitaron filo y punta y convirtieron las solicitudes de información en procesos lentos, difíciles y costosos. Frente a la disposición judicial de liberar los documentos, el gobierno tiene todavía, al menos teóricamente, alguna capacidad de maniobra. Puede incluso, de acuerdo a una Orden Ejecutiva de 2009 del presidente Barack Obama, reclasificar retroactivamente los documentos. No es probable que lo haga pues no tendría justificación alguna convertir simples contratos de trabajo de periodistas en secretos de Estado. Quien mucho clasifica es porque mucho esconde, por lo que, en este caso, una reclasificación de documentos sería una prueba fehaciente de la mala intención del gobierno y tendría un costo político que no creo que el gobierno de Obama esté dispuesto a pagar.

Se ha obtenido un triunfo enorme sin duda pero es mucho lo que todavía tenemos que lograr aunque también es mucho lo que podemos hacer, como ha explicado el compañero Ricardo Alarcón (5). Cada fragmento de verdad que se obtenga hará cada vez más evidente la injusticia cometida con los Cinco, pero esta verdad solamente continuará abriéndose paso si va acompañada de un fuerte y creciente movimiento mundial de solidaridad.

NOTAS

(1) Andrés Gómez: “Decisivo fallo de un tribunal federal en el caso de los Cinco”, Opinión del Día, Radio Miami, 4 de octubre de 2013.

(2) Oscar Corral: “10 Miami Journalists Take U.S. Pay”, The Miami Herald, Sept. 8, 2006.

(3) Salvador Capote: “Los Cinco y la propaganda encubierta”, Cubadebate, 2 de dic. de 2009.

(4) Gloria La Riva y Benjamín Becker: “Puesta al descubierto la operación de propaganda financiada por el Gobierno en Miami”, Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos.

(5) Ricardo Alarcón de Quesada: “¿Qué más podemos hacer?, Palabras en acto por la Jornada Cinco días por los Cinco, en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, La Habana, junio 4 de 2013.

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