Elección presidencial y protagonismo de masas
Esfuerzo por calzar la protesta social en el marco electoral
06/10/2013
- Opinión
Inflexión: en un clima de constante movilización social los chilenos se encaminan a elegir presidente y legisladores. Inserta en las principales alianzas políticas, la derecha parcializa el debate sobre la reforma constitucional e instala la idea de que las demandas sociales se dirimen en los próximos comicios. Logró trabajosamente acordar una candidata única, mientras el progresismo se debate sobre la profundidad del modelo reformista. Dos de los nueve aspirantes levantan banderas revolucionarias aunque con mínimas chances electorales. El movimiento estudiantil discute su lugar. Varios de sus principales líderes serán candidatos por el Partido Comunista, aliado a la concertación centroizquierdista. El 40° aniversario del Golpe contra Salvador Allende movilizó a miles de personas y puso en evidencia lo peor de los sectores reaccionarios.
La peculiaridad de las elecciones del 17 de noviembre próximo para elegir al nuevo presidente de la República y renovar parte del Parlamento es el clima de conflicto social, que no se veía desde el plebiscito de 1988. Ambos hechos se asemejan en que nuevamente las elecciones jugarán un rol fundamental en la pretensión de institucionalizar y domesticar la protesta social.
Las cúpulas dirigentes temen que la movilización permanente ponga en cuestión la política económica y la institucionalidad vigentes que han garantizado crecimiento económico, inversión extranjera, dinamismo de los mercados y disciplina social. Las elecciones son percibidas como una oportunidad para contener a los exaltados, reorientar el malestar y encontrar la solución a través de los mecanismos institucionales existentes.
Las primarias del pasado 30 de junio, convocadas por las dos alianzas que han gobernado Chile desde 1990, sirvieron para medir fuerzas y capacidad de cooptación social de estos grandes conglomerados políticos. Había temor por una baja participación en aquellas elecciones que debían definir candidato presidencial y, en ciertos casos, postulantes para diputados y senadores. Pero los poco más de tres millones de votantes que participaron llenaron de optimismo al oficialismo y a la opositora Nueva Mayoría, nombre que identifica a la Concertación más el Partido Comunista (PC). Se trata de un optimismo con relativo fundamento si se toma en cuenta que casi 10 millones de personas no votaron en esas primarias.
A esto se suma el permanente mensaje de los movimientos sociales de reafirmar su autonomía ante los partidos políticos y su decisión de consolidar la movilización como herramienta de lucha y empoderamiento de los nuevos actores que han emergido tras casi tres años de masivas marchas en casi todo el territorio nacional.
Los medios de comunicación de masas, controlados mayoritariamente por la derecha económica, instalan la idea de que la solución a las demandas sociales se dirime en las elecciones de noviembre. Prefieren dejar al margen aquellas voces emergentes y pequeñas agrupaciones políticas de izquierda que se han negado a participar en esas elecciones y que insisten en un cambio radical y de Constitución Política.
También estos medios buscan establecer que es imposible cambiar una política que consideran exitosa, aunque admiten que se pueden hacer algunas reformas. Lo mismo pasa con la exigencia de cambiar la Constitución, donde los expertos circunscriben el debate a quienes sólo apostarían a cambiar el sistema electoral binominal y se allanan a la convocatoria a un plebiscito como antesala de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Sorpresa
El eje de las movilizaciones sociales ha sido el movimiento estudiantil, que desde 2006 ha venido construyendo un protagonismo ineludible en la escena política nacional. Sus demandas sintetizadas en 2011 bajo el lema: “educación pública gratuita y de calidad”, además del “fin al lucro”, particularmente en la educación superior privada, se transformaron en consigas que apuntan al corazón de la política oficial. Este reclamo tiene como trasfondo una demanda luego tomada por los distintos actores sociales y expresada con fuerza en la calle: pasar de un Estado subsidiario a un Estado social.
El gobierno de Sebastián Piñera fue tomado por sorpresa cuando asumió, en 2010, por la masividad, colorido y mística de las movilizaciones estudiantiles. Luego, cuando entendió que las demandas apuntaban al corazón de la política económica y la institucionalidad, se encendieron las alarmas en La Moneda.
¿Por qué unos cientos de miles de estudiantes resultaban tan intimidantes para el Gobierno? Primero, porque desde mediados de los años 1990 se constataba una creciente desafección por la participación electoral de los jóvenes. Segundo, porque las demandas no sólo afectaban al estudiante como individuo sino también a las familias que se endeudaban para que sus hijos pudieran estudiar. Tercero, porque la voluntad de lucha de los estudiantes podía contagiar a otros potenciales actores sociales con capacidad de organización y de lucha, generando un cuadro de inestabilidad sólo equivalente a los años de 1980 con cientos de miles involucrados en la lucha contra la dictadura. El caceroleo y las barricadas en barrios de clase media en la noche del 15 de agosto de 2010 fue la peor fotografía para el Gobierno. Cuarto, las movilizaciones estudiantiles repercutieron en la caída en la adhesión ciudadana al gobierno y convirtieron a Piñera en el presidente peor evaluado desde 1990, constatado por encuestas de centros de estudios vinculados a la derecha como Adimark y Cep.
Estrategias
El Gobierno buscó criminalizar la protesta social, desgastar la movilización de los estudiantes e impugnar su demanda central: la gratuidad de la educación pública. Un recurso clave para esta estrategia fue coordinar a los grandes medios de comunicación bajo control de la derecha: Megavisión; TVN; Canal 13; Chilevisión; El Mercurio y Copesa (La Tercera).
La idea inicial fue asociar movilización estudiantil con violencia callejera (protagonizada preferentemente por “encapuchados”), que afectaba a los transeúntes, automovilistas y pequeños comerciantes. El tiempo destinado a cubrir las marchas y las opiniones de los dirigentes era inferior al espacio en el que se difundían desmanes y quejas de ciudadanos directamente afectados. La segunda línea de acción era contraponer a un gobierno abierto al diálogo con dirigentes estudiantiles intransigentes.
La otra cara de la estrategia fue impugnar las demandas estudiantiles por infundadas y trasnochadas peticiones de inspiración socialista. Una millonaria campaña buscó convencer a la ciudadanía de las bondades de las políticas vigentes. Según este razonamiento, si la educación es gratuita para todos, sería injusto que los pobres financiaran la enseñanza a los ricos. Por lo tanto, el único camino era bajar los intereses a los créditos y aumentar las becas. Se señaló que el tema de la calidad era realmente lo central y lo urgente: no importaba cuánto se pagara sino que el producto que se ofrecía fuera de calidad. El presidente Piñera reiteró varias veces que la educación era “un bien de consumo”.
La misma estrategia se aplicó a otros actores sociales que protagonizaron importantes movilizaciones: trabajadores subcontratados, pescadores artesanales, mapuches, trabajadores de la salud pública, entre otros.
Por derecha
Las elecciones de noviembre implican para la derecha la oportunidad de defender las bondades del modelo y la actual institucionalidad política. Muchos de sus dirigentes aceptan que debe haber correcciones en muchas áreas, pero en ningún caso se debería cambiar de modelo y mucho menos cambiar una Constitución Política del Estado que tantas “cosas positivas” le ha traído al país. También es una buena oportunidad de recuperar adhesiones políticas perdidas y reponer nuevos liderazgos “desde arriba”.
No obstante, hay conciencia en la derecha que la ciudadanía se ha empoderado y no aceptará pasivamente todas las decisiones políticas de un eventual nuevo gobierno. Esto explica, en parte, las actuales contradicciones del sector. El conflicto entre los dos partidos principales de la Alianza por Chile, Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), se ha agudizado en estos años. El partido más conservador de la Alianza, la UDI, cambió tres veces su candidato presidencial en menos de un año: Lawrance Golborne desistió su postulación tras el escándalo que lo vinculaba con abusos de parte de la empresa donde era un alto ejecutivo y el descubrimiento de cuentas en un Banco de un país antillano conocido por ser un paraíso fiscal; el reemplazante de Golborne, Pablo Longueira, venció en las primarias al abanderado de RN, Andrés Allamand, pero pocos días después depuso su candidatura aduciendo una fuerte depresión; finalmente, la UDI, adelantándose a las negociaciones que sostenía con su socio RN, nominó a Evelyn Mathei, hija de un comandante de la Fuerza Aérea de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Esta última determinación generó gran molestia en el presidente de RN, Carlos Larraín, quien se sintió avasallado por la UDI y por el Gobierno al que responsabilizó de ser funcional a los intereses de su aliado, aunque el presidente Piñera sea militante de RN.
Reformismo
La alianza Nueva Mayoría que lidera Michelle Bachelet, favorita desde el triunfo en las primarias, se debate entre un alma liberal y un alma socialdemócrata. Ese conglomerado lo constituye la Concertación, que agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Radical socialdemócrata, Por la Democracia y Socialista; el Partido Comunista (PC), el MAS (Movimiento Amplio Social), Izquierda Cristiana y la Izquierda Ciudadana.
El PC optó por apoyar un programa reformista sin dejar de animar la movilización social, gracias a la presencia de militantes propios en varios de los sectores sociales que se han movilizado en los últimos años. Esta apuesta ha encontrado resistencia en la militancia de base aunque finalmente se impuso la disciplina partidaria. Pero la decisión de acompañar a la Concertación generó mucho ruido en el principal actor de las movilizaciones sociales: el movimiento estudiantil.
Para Nueva Mayoría es la oportunidad histórica de llegar a La Moneda y controlar mayoritariamente el Congreso. En principio, es el escenario ideal para poder llevar a cabo todas las transformaciones que ha anunciado Michelle Bachelet. Sin embargo, la alianza que lidera la dirigente socialdemócrata contiene en su interior corrientes contrapuestas. El sector liberal buscará mantener la política económica y la institucionalidad actuales, haciendo reformas puntuales para que no siga consolidándose la desigualdad social, como reformas específicas a la Constitución, particularmente al sistema electoral y la posibilidad de elegir gobernadores para democratizar, sin traumas ni violencia, la vida política del país. Los liberales de Nueva Mayoría se oponen a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El sector socialdemócrata de esta alianza presionará por hacer reformas económicas profundas, principalmente relacionadas con el área tributaria y el sistema de pensiones. Allí se oyen voces que reclaman por una Administradora de Fondos de Pensión (Afp) en manos del Estado, resistida por los liberales; otras piden una potente reforma tributaria que permita financiar un sistema de educación pública gratuita en todos sus niveles.
Díscolos
Otros candidatos que también aparecen en las encuestas de opinión, aunque lejos de disputar la Presidencia, son Marco Enríquez Ominami, ex socialista y de la Concertación, ahora abanderado del Partido Progresista (PRO), que él ayudó a formar; y el liberal de derecha Franco Parisi, quien asegura tener soluciones de mercado a problemas sociales y culturales y ser enemigo del amiguismo y la corrupción de las élites.
Enríquez Ominami logró casi el 18% de los votos en las pasadas presidenciales, en medio de una profunda crisis política que afectaba a la Concertación, entonces en el gobierno, y que fuera aprovechada por Piñera para ganar la elección. Su discurso se caracterizó por la promesa de encarnar la verdadera renovación de la vieja política nacional y una mezcla de populismo y liberalismo.
Frente a las movilizaciones sociales Franco Parisi ha tenido una postura zigzagueante: rescata la demanda social pero reivindica logros del gobierno de Piñera y del pasado gobierno de Bachelet. Asegura moverse por buenas ideas y no por compromisos políticos partidarios. En cambio, Ominami tiene una postura mucho más crítica del gobierno y la derecha, es partidario de una nueva Constitución Política, aunque no al punto de sumarse al coro de un cambio radical del modelo.
Desde la calle
Sólo dos candidatos a presidente han señalado una postura convergente con los actores sociales que han protagonizado las movilizaciones más fuertes desde 2010: Marcel Claude y Roxana Miranda. Ambos formaban un mismo partido que, al dividirse, dejó en evidencia la buena recepción que el primero de ellos generó en la oposición política más radicalizada. Claude (enrolado en el Partido Humanista) ha recibido apoyos de partidos y movimientos de izquierda que rechazaron la decisión de los comunistas de apoyar a Bachelet.
Los movimientos sociales se juegan en esta elección su autonomía y capacidad de lucha. Son conscientes de que tendrán más legitimidad social en la medida que se mantengan independientes y autónomos ante las autoridades políticas que resulten elegidas. Conocen los esfuerzos por parte de los Partidos del sistema para cooptarlos.
Esto explica, en parte, las resistencias que generó en el ambiente estudiantil el anuncio de candidaturas al parlamento de los líderes más visibles de las movilizaciones de 2010 y 2011, como la ex presidente de la Fech (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la más importante del país) y militante de las Juventudes Comunistas, Camila Vallejos; y de Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica (la segunda más importante del país), quien dio vida a un movimiento llamado Revolución Democrática.
La principal queja de los sectores más radicales del estudiantado es que estos líderes con sus candidaturas traicionan la autonomía del movimiento. Pero los ahora candidatos argumentan que la llegada al Parlamento es otro recurso importante en la gran lucha nacional para cambiar la línea económica y la Constitución Política del Estado.
Otros líderes que se candidatean al Parlamento provenientes del movimiento estudiantil son Francisco Figueroa (ex vicepresidente de la Fech en 2010) y Gabriel Boric (ex presidente de la Fech en 2011), ambos provenientes del “movimiento autonomista” de la Universidad de Chile, una organización de izquierda inspirada en referencias teóricas postmodernas.
Con un oído en la calle y otro en el establishment, Bachelet, Matthei, Parisi, Ominami y Claude encabezan, en este orden, las preferencias del electorado según mediciones de fines de agosto del Centro de Estudios Públicos (CEP). Los nueve candidatos presidenciales se completan con Roxana Miranda (Partido Igualdad), Alfredo Sfeir (Partido Ecologista), Ricardo Israel (Partido Regionalista de los Independientes) y Tomás Jocelyn-Holt (independiente), aunque ninguno de ellos llegaba al 1% de intención de votos.
Desde Santiago, Mauricio Díaz
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Golpe injustificable
El presidente Sebastián Piñera responsabilizó a Salvador Allende por el golpe de Estado del que fue víctima el líder socialista en 1973: aquel gobierno “quebrantó la legalidad y el Estado de derecho”, afirmó. El mandatario interpretó que “el resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y social”. Aclaró que “ello no significa, por supuesto, que todas las responsabilidades sean equivalentes” y que “ninguno de los hechos o responsabilidades justifican los inaceptables atropellos a la vida y la integridad de las personas”. Según su razonamiento, explicó que “algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos (pero) también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia”.
El jefe de Estado fue el único orador en el acto que el Gobierno de derecha realizó para recordar los 40 años del derrocamiento y suicidio del presidente Allende. La oposición rechazó la invitación del Ejecutivo y celebró su propio encuentro encabezado por la ex presidente y actual candidata Michelle Bachelet. La dirigente del Partido Socialista advirtió que “no es justo hablar del golpe de Estado como un destino fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado”. Destacó que “las responsabilidades de la implantación de la dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado, la violación de los derechos humanos no son justificables, no son inevitables, y son responsabilidad de quienes los cometieron y los justificaron”.
“Tenemos necesidad de conocer lo que vivieron las víctimas y qué pasó con ellas (...) Allí donde la justicia se niega, la impunidad ocupa su espacio ahondando las fracturas de un pueblo”, dijo Bachelet. Las violaciones de los derechos humanos dejaron más de tres mil muertos, de los cuales unos 1.200 siguen desaparecidos, 38 mil víctimas de prisión política o tortura y varios miles de exiliados. Cuarenta años después del comienzo de la dictadura, la justicia chilena tramita 1.250 procesos por delitos cometidos entre 1973 y 1990. Sólo han sido juzgados 911 agentes policiales y militares, apenas 263 recibieron condena definitiva y únicamente 66 están encarcelados.
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