Declaración de la Directiva del Colegio de Antropólogos de Chile ante Fallo Judicial que condena por Ley Anti Terrorista a comuneros mapuche La directiva nacional del colegio de antropólogos de Chile expresa su consternación por el fallo del Tribunal de Angol, que aplicando la Ley Anti-Terrorista a comuneros mapuche, los condena a prisión por una década, en los siguientes términos: "Se hace lugar a la acusación deducida por el Ministerio Público y a las acusaciones particulares deducidas por la Gobernación Provincial Malleco Angol y por la empresa Forestal Mininco S. A. y se condena a los acusados JOSÉ BENICIO HUENCHUNAO MARIÑAN, Run no 10.981.478-4, PATRICIA ROXANA TRONCOSO ROBLES, Run no 11.256.506- K, JUAN CIRIACO MILLACHEO LICAN, Run nº 6.659.086-0, FLORENCIO JAIME MARILEO SARAVIA, Run nº 14.474.432-2, y JUAN PATRICIO MARILEO SARAVIA, Run nº 12.564.262-4, todos ya individualizados, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, para cada uno de ellos, como autores del delito de incendio terrorista, hecho cometido durante el día 19 de diciembre de 2001, en el fundo Poluco Pidenco de la comuna de Ercilla". No podemos dejar de relacionar este hecho con lo acontecido recientemente con los Lonko Pascual Pichun y Aniceto Norín, de Temulemu y Didaico respectivamente, quienes fueron inicialmente absueltos por este mismo Tribunal, siendo el fallo posteriormente anulado por la Corte Suprema, para ser nuevamente enjuiciados y condenados por "intención" de delito terrorista en contra del ya tristemente célebre Juan Agustín Figueroa. Nos preguntamos si ahora un Tribunal superior al de Angol accedería a anular el reciente fallo, teniendo en cuenta los reclamos del pueblo mapuche y de diversos sectores de la sociedad chilena, y nos respondemos que es muy difícil, dado que hay presiones que se legitiman por sus resultados y otras que simplemente no son tomadas en cuenta. Concordamos con la declaración emitida por el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, y en particular cuando señala que: "Por otra parte, nos parece que la sala penal de la Corte Suprema, al conocer del Recurso de Nulidad que la defensa interpondrá, deberá poner especial cuidado en la aplicación de los derechos al debido proceso en este caso. Especialmente, el hecho de la utilización indiscriminada por parte del Ministerio Público de los llamados testigos protegidos, en la incongruencia entre la formalización original y la acusación final, que fue aceptada por el Tribunal, en la pertinencia de las pruebas acusatorias, en fin, en todas las restricciones a que se vio sometida la defensa en este caso". El Colegio de Antropólogos de Chile, ha seguido muy de cerca la situación de los conflictos entre comuneros mapuche y empresas forestales, conociendo directamente algunos casos como lo fue en 1999 cuando estuvimos en Temulemu y elaboramos un Informe de Difusión Publica (ver www.colegioantropologos.cl), luego constituimos un Taller de análisis de coyuntura, desde el cual se evacuaron algunos artículos, y en ciertos casos algunos de nuestros miembros han realizado Informes Periciales a solicitud de la Defensoría Publica. En cada oportunidad el Colegio ha estado motivado por la convicción de contribuir a generar condiciones para un Nuevo Trato de la sociedad chilena respecto de los pueblos originarios. Hemos confiado en las ventajas de fondo que la Reforma Procesal Penal podría derivar, permitiendo crear espacios y hechos de respeto por la diversidad étnica y cultural, en un marco de justicia en el pluralismo jurídico. Aunque nos duela reconocerlo, lo sucedido demuestra que hasta ahora nuestros esfuerzos han sido vanos y estériles, ya que se siguen imponiendo aquellos que desde diversas posiciones de poder, banalizan la justicia y transgreden los derechos humanos, evidenciando principios y concepciones excluyentes, clasistas y racistas. De la consternación pasamos al reclamo público, por lo cual sostenemos que: -Estamos preocupados ya que los fallos judiciales evidencian una postura de criminalización de las demandas mapuche por territorio y autonomía, cuya legitimidad está refrendada por el derecho internacional al respecto. -Peor aún, ya que no se trata de sancionar hechos específicos, sino de anatemizar con el calificativo de terroristas al movimiento social y político mapuche en su conjunto, y de esta manera, consolidar la política de los indígenas "buenos" y los "malos". -La estrategia seguida no sólo no resuelve los conflictos, sino que rompe los aún frágiles puentes e inhabilita los emergentes e inestables acuerdos alcanzados, siendo la otra cara de la política de negociación simbólica y de reconocimiento de rasgos culturales, que son los aspectos en torno a los cuales los sectores en el poder aceptan dialogar. Estos fallos no hacen más que endurecer posiciones, ahondar las desconfianzas, desarmar lo construido y poner en serio riesgo la vigencia de los derechos básicos de los pueblos originarios. No será una concepción de guerra entre chilenos y mapuche, la que posibilite transitar por senderos de entendimiento, sino una concepción y práctica de reconocimiento de derechos y de respeto por la diversidad. Llamamos a que la sociedad chilena, y los sectores de poder, asuman de una vez por todas que debe ponerse en práctica una política de restauración de lo dañado material y simbólicamente en el modo de vida de los pueblos originarios; reformar las instituciones públicas y estatales de manera tal que pueda avanzarse en relaciones de interculturalidad y de trato justo y pertinente. Directiva Nacional
Colegio de Antropólogos de Chile
Septiembre 2004.