Colombia

El negocio de la guerra

Libardo Sarmiento Anzola

02/09/2013

Opinión

^-A ⁺A

La paz es un bien precario. La opción incondicional por la paz es una necesidad imprescindible para el pueblo trabajador y las comunidades populares, urbanas y rurales. Para ellos, como sentenció Ghandi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. La paz es el fundamento y garantía para proteger sus vidas, los territorios, las identidades culturales, la dignidad y sus planes del “buen vivir”.

La paz encontrará arraigo en Colombia cuando sea más rentable que la guerra. La guerra es instrumento de poder y componente necesario del modelo de acumulación y apropiación de riqueza. La constante es la iteración del recurso a la violencia armada desde arriba como fuerza productiva y como recurso de la reproducción de poderes, y el recurso a la violencia desde abajo como instrumento de resistencia o de relación de reparto de bienes, oportunidades o cuotas de poder¹.

El buen negocio de la guerra es de tamaño significativo. Los negocios relacionados con la seguridad, privados y de gobierno, concentran el 15 por ciento del PIB, esto es, alrededor de 56.000 millones de dólares de los 375.000 millones de dólares que circulan en la economía colombiana anualmente. En paralelo, el aparato militar y de policía duplicó sus efectivos entre 2002 y 2010, generando en la actualidad un total de 920.000 puestos de trabajo; al sumar el aparato represivo legal con las fuerzas armadas ilegales –insurgencia, paramilitares, bandas criminales organizadas- el número de hombres y mujeres empleados directamente en la guerra representan el 5 por ciento de los 20,5 millones de personas ocupadas en el país.

Colombia es el país que más dinero destina al gasto militar en relación al PIB en América Latina y en el mundo: en términos relativos duplica el gasto promedio de los 33 países que hacen parte de América Latina y el Caribe y está un punto porcentual arriba del promedio mundial (gráfico 1). Mientras en la década de 1970 el gasto público en defensa de Colombia fue inferior a 1 por ciento del PIB y en las décadas de 1980-90 superó el 2 pero sin alcanzar el 3 por ciento; en los trece años que van corridos del siglo XXI los gastos militares están desenfrenados, superan el 4 por ciento del PIB.

El presupuesto de defensa y seguridad para 2013 suma 26 billones de pesos, esto es, 14.427 millones de dólares. En 2012 este sector ejecutó 23 billones de pesos, equivalente a 12.762 millones de dólares; el presupuesto de guerra aumentó en 13 por ciento durante el último año, 8,5 puntos porcentuales más rápido que el crecimiento anual del PIB. La inversión en defensa y seguridad es de 2,91 billones de pesos (1.614,7 millones de dólares), suma que supera en 46,7 por ciento a la asignada en el presupuesto de inversión militar de 2012; recursos que benefician directamente la industria militar de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, España y Brasil.

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013

Las empresas transnacionales que actúan en Colombia también se han articulado a las redes de violencia y aupado la guerra, en particular las relacionadas con los sectores agroalimentario, minero, petrolero, agrocombustibles, biodiversidad, maderero y servicios públicos. La corrupción estatal, la legislación favorable y la destrucción de sindicatos y organizaciones campesinas, negras e indígenas les garantizan índices exorbitantes de rentabilidad. Los giros al exterior por excedentes de las transnacionales llegaron en 2000 a 673 millones de dólares y en 2007 a 6.535 millones de dólares, registrando un crecimiento cercano a 1.000 por ciento. En 2012 el desangre económico, representado en las utilidades que las transnacionales envían a sus casas matrices, se acercó a 10.000 millones de dólares². El triángulo neoliberalismo, guerra y corrupción generan acumulación de capital mediante el despojo que son victima los pobladores rurales y la devastación del territorio.

La acumulación de capital por despojo está vinculada a la guerra. Durante las últimas tres décadas la guerra generó más de cinco millones de desplazados internos y la apropiación ilegítima de seis millones de hectáreas, lo que equivale a un tercio de la superficie cultivable en Colombia. La exploración y explotación petrolera, por ejemplo, han significado el desplazamiento, la expulsión o la cuasi extinción de comunidades indígenas. La misma triste historia puede contarla la población afrocolombiana y campesina, causada por los empresarios palmeros, ganaderos y madereros. Existe una considerable coincidencia entre el mapa de los recursos naturales valiosos, la ganadería extensiva y los cultivos para biocombustibles, los lugares de operación de las multinacionales, las zonas de control paramilitar y los municipios donde ocurre el desplazamiento forzoso.

El exterminio de los trabajadores organizados también eleva la tasa de ganancia. Entre 1985 y 2012 asesinaron a más de 4.000 asalariados. En 1990 la proporción de trabajadores sindicalizados respecto al total era 12,8 por ciento, en 1997 cae a 6,5 por ciento y en 2013 no alcanza el 3 por ciento. En paralelo, a inicios de la década de 1980 el porcentaje del valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era 44 por ciento, en el año 2000 esta participación cae a 36,5 por ciento y en 2010 alcanzó su nivel más bajo, esto es, 31 por ciento, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del DANE.

La economía colombiana, como siempre, goza de buena salud: durante los últimos cincuenta años la tasa promedio de crecimiento anual del PIB es 4,3 por ciento. Y la concentración del ingreso en el país es la más alta de América Latina y en el mundo; el índice de concentración Gini (entre más se acerca el valor del índice a uno la concentración del ingreso tiende a ser absoluta) gira alrededor de 0,55 (en la década de 1960 el valor era de 0,48). A la clase política también la favorece la guerra: más del 40% de la votación al Senado de la República en 2002 y 2006 fue sustentada por redes de narcoparamilitares y por métodos violentos; en las regiones los guerreros se han tomado las administraciones locales y, por ende, usufructúan para su interés privado los recursos públicos.

Guerra, dinero, poder, corrupción y violencia fluyen rítmicamente por todos los circuitos económicos. A los 56.000 millones de dólares que circulan en el sector de la seguridad y la defensa, hay que sumarle el negocio del narcotráfico que genera utilidades por 5.000 millones de dólares al año³; y el monto de la corrupción estatal en Colombia que de acuerdo con cálculos del Banco Mundial es de 2.800 millones de dólares anuales. Estos significativos recursos “engordan” la producción nacional. Allí están las fuentes de recursos asociados con las dinámicas financiera, la bolsa de valores, las pirámides crediticias y el boom de la construcción, es, además, el aceite que lubrica el contrabando y la fuga de capitales, estimula la demanda de bienes suntuarios y el disfrute de la diversa red de servicios (restaurantes y hoteles, principalmente). El Producto Interno Bruto mide el crecimiento sin importar de qué bienes y servicios se trata y los medios utilizados para producirlos. El PIB no considera aspectos éticos o morales.

Acciones colectivas por la Paz

Es esperanzadora, sin embargo, la creciente dinámica de la sociedad civil que se expresa en distintas formas de resistencia a la guerra a partir de la Constitución de 1991. Desde entonces, las iniciativas por la paz, a pesar de los altibajos, no han cejado en su movilización y acciones propositivas. Colombia es el país en conflicto armado con una mayor movilización social para la paz. Así lo registra el informe anual 2012 del CINEP/Programa por la Paz. Además, la tendencia decreciente en los índices de homicidios, después de tres décadas de máxima barbarie, coloca al país en el nivel de violencia registrado a fines de la década de 1970 (gráfico 2).

Fuente: Datapaz CINEP/PPP e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Durante los dos últimos años el número de acciones colectivas por la paz se mantiene alrededor de 180; por encima del promedio de la última década. De acuerdo con CINEP/PPP, se trata de movilizaciones pacíficas y no violentas, contra el conflicto armado y las distintas expresiones de violencia. Igualmente, se destaca el aumento de acciones de memoria, expresión de las víctimas en la movilización por la paz. En el año 2012 los agentes que más convocaron por la paz fueron las alcaldías municipales, las organizaciones de víctimas, las ONG, los movimientos políticos, las organizaciones por la paz, las mujeres y los indígenas. En términos geográficos, el Distrito Capital, Antioquia y Cauca, lideran la movilización por la paz.

Sin embargo, la negociación de la paz entre el Gobierno y la Insurgencia no se ha consolidado como parte de las acciones colectivas por la paz. La movilización en rechazo al conflicto armado y las distintas expresiones de la violencia no está vinculada con el apoyo expreso y consciente al proceso de paz. Si bien persiste un justo anhelo de paz, hay intereses encontrados y posiciones en pugna y conflictivas entre los colombianos sobre el camino para alcanzarla, su contenido y las estrategias para consolidar un movimiento nacional por la paz.

Recordemos la enseñanza del maestro Estanislao Zuleta en su texto “Sobre la Guerra”: sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.

Notas:

¹González, Camilo. La vía ciudadana hacia la paz, 2010, p.18.

²Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos; producto de tres años de investigación sobre el papel de las empresas transnacionales y sus responsabilidades en la violación masiva y sistemática de los derechos de los pueblos colombianos, julio de 2008.

³Thoumi, Drogas ilícitas en Colombia, PNUD, 1997.

Fuente: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-negocio-de-la-guerra?category_id=138

https://www.alainet.org/es/active/66995