La COB en pensiones: Excluyente y autoritaria
28/08/2013
- Opinión
En el mes de mayo de este año la COB ejecutó una prolongada y profunda movilización con el objetivo de modificar la Ley de Pensiones. Intentó que con los recursos del Fondo Solidario y del Estado, el monto de las jubilaciones para un segmento del proletariado minero que circunstancialmente en ese momento “ganaba bien” sea de un mínimo de 8,000 bolivianos[1]. Su visión era perpetuar mediante el Sistema Previsional esa excepcional circunstancia, en favor de ese reducido grupo y hasta el fallecimiento de sus derecho habientes, sin reparar en la sostenibilidad del Sistema Previsional ni las necesidades de otros sectores que ni siquiera aspiran a una jubilación contributiva.
La iniciativa de la COB contó al inicio con el respaldo de las masivas federaciones del magisterio urbano y rural, pero ni bien el magisterio rural entendió que tal planteamiento se haría a costa de desangrar el Fondo Solidario se retrajo, persistiendo tan solo la dirigencia el magisterio sindical urbano trotskista que insistió hasta el final con el decepcionante planteamiento de la jubilación al 100%.
Decepcionante planteamiento, debido a que quienes circunstancialmente “ganan bien” irían a la olla del Fondo Solidario con un enorme cucharón mientras que sus afiliados -los docentes- lo harían solo con una cucharilla, lo peor era que la sopa de las Pensiones duraría a lo sumo cinco años. Una vez que también las bases del magisterio urbano comprendieron que la jubilación al 100% no es sinónimo de un igual monto de jubilación con respecto a quienes circunstancialmente “ganan bien”, debieron tener una gran desazón, más aún si además ese privilegiado proletariado minero aporta muy poco al Fondo Solidario. Debió ser tan grande la decepción en las bases del magisterio urbano que como nunca el sindicato trotskista prometió devolverles al menos el 50% de los descuentos causados por llevar a cabo la medida de presión durante casi tres semanas.
Es posible que la COB se haya dejado llevar por el entusiasmo e intereses de algunos de sus dirigentes y acabó planteando un objetivo exagerado, como finalmente reconocieron los mismos proletarios mineros dependientes del Estado; pero el fondo es que el objetivo de la movilización se apartó de la experiencia y tradición de lucha proletaria en materia de Pensiones, quedando en evidencia su enfoque excluyente e inevitablemente la COB acabó aislada y debilitada.
La larga lucha del proletariado minero en Pensiones se caracterizó por ser incluyente y aglutinadora, en la década del 20 creó el Ahorro Obrero Obligatorio, inspirándose en la solidaridad de clase, destinado a compensar situaciones de interrupción de los medios de subsistencia, por accidente, enfermedad, muerte o envejecimiento. Jamás el proletariado minero pensó en perpetuar coyunturas excepcionales relacionadas con altos ingresos. Desde un inicio quedó claro que rentas exorbitantes desnaturalizaban los principios de equidad y solidaridad.
La revolución del 52 permitió el crecimiento del empleo y dio lugar al nacimiento de la Seguridad Social. El Código de Seguridad Social del año 56 consolidó el principio de mantener los medios de subsistencia asegurando la sostenibilidad del Sistema Previsional, para ello provisionalmente fijó la edad de jubilación y señaló que será susceptible de variación de acuerdo al estudio técnico – actuarial. Este estudio definiría montos de las rentas, porcentajes de los aportes y condiciones de acceso.
A partir del año 1986, cuando el neoliberalismo logró controlar la hiperinflación, los jubilados emprendieron una penosa y larga lucha por recuperar la capacidad adquisitiva de sus rentas. Entonces los incrementos eran directamente proporcionales, lo que significaba que las rentas bajas estaban prácticamente congeladas, en tanto que las rentas altas tenían significativos incrementos absolutos.
El año 1992 los jubilados, liderados por el proletariado minero, marcharon pidiendo el ajuste de rentas con el Porcentaje Promedio Ponderado y la Escala Inversamente Proporcional. Ese año por primera vez se aplicó la Escala Inversamente Proporcional, que mejoró las rentas bajas.
El año 1996, con la neoliberal Ley 1732 del Seguro Social Obligatorio, deja de aplicarse la Escala Inversamente Proporcional.
El año 2.000, el Ampliado Nacional Minero decide organizar una marcha nacional y fija el objetivo de una renta mínima de Bs1.000.-. Ese año las rentas tenían un primer tramo de solo Bs350.- y sin embargo, el gobierno neoliberal de turno, había logrado insertar en la planilla de pagos rentas de Bs10.000.- y hasta Bs30.000.-. Los jubilados lucharon infatigablemente, como señala Julio García Colque[2] dirigente sindical minero y político trotskista, por la renta mínima de Bs1.000.-, por aplicar el ajuste de rentas bajo el Sistema Inversamente Proporcional, por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las rentas y por fijar un tope máximo al pago de las rentas.
Tres soberbias marchas bajo el lineamiento incluyente del proletariado minero jubilado, con un total caminado de 235 Km, un pico de 7.000 jubilados movilizados, la muerte de 9 de ellos, de Oruro a Caracollo el 2000, de Caracollo a Patacamaya el 2001, y de Patacamaya a La Paz el 2003, apabullaron a los agotados y endebles gobiernos neoliberales de turno. Después de penosos y largos 17 años de lucha, los jubilados conquistaron entre sus principales victorias, el pago al primer tramo de las rentas con un mínimo de Bs850.-, el ajuste de rentas Inversamente Proporcional establecido por Ley 2197 promulgada a regañadientes por Banzer el 9 de mayo de 2001, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la renta, y el tope al pago de las rentas en un monto inferior a Bs8.000.-.
Toda esta tradición de lucha proletaria incluyente ha sido dejada de lado por la COB en el mes de mayo de 2013, en esa ocasión la COB optó por el peregrino planteamiento de rentas equitativas para los que circunstancialmente “ganan bien”. Tal postura ya debe estar siendo revisada porque al parecer la “circunstancia” de los salarios altos en la COMIBOL llegó a su fin y la empresa estatal si quiere evitar la quiebra debe reorganizar sus operaciones y reestructurar su planilla salarial.
Sin embargo, la COB ahora plantea que "si no nos dejan participar en el directorio de la Gestora, no vamos a aprobar el reglamento de inversiones"[3], tal parece que pretenden llegar a dirigir esa entidad sin cumplir los requisitos para la elección de directores, es simple y llanamente una posición autoritaria que podría esconder algún interés clientelar en la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo.
Los dirigentes mineros que hoy conducen la COB carecen de una visión incluyente y democrática. Lejos de trabajar para fortalecer el frente amplio de los trabajadores, crean rivalidades internas, y ahora castigan a todos los asegurados del Sistema Integral de Pensiones al inviabilizar por varios meses la gestión de un Decreto Supremo sobre inversiones llamado a mejorar la rentabilidad de los Fondos Previsionales.
Hans Mejia Vera es economista
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