Privatización y Estado policial, las claves del consenso cartista
13/08/2013
- Opinión
Militarización y “apertura al sector privado” son las matrices del programa de gobierno del presidente electo.
El director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, es uno de los principales puntales de Cartes.
Foto: Fan page de Horacio Cartes.
El programa para los primeros 100 días de gobierno del presidente electo, el recién converso al coloradismo Horacio Cartes, y el plan específico para los departamentos de Concepción y San Pedro identifican claramente que las líneas maestras de su gestión serán el remate de los bienes públicos con las privatizaciones y un Estado militarizado con el poder de fuego como principal argumento.
Ahora bien, al considerar su rechazo al impuesto a la exportación de soja es posible deducir a qué se refiere cuando habla de ubicar al Paraguay entre los “más eficientes productores de alimentos a nivel mundial”: exención de impuestos a un modelo que sobreexplota los recursos naturales y aporta poco empleo, entre otros factores, como su avance en detrimento de la producción de rubros alimenticios, tal como lo registran numerosas investigaciones sobre la correlación entre el avance del monocultivo y el retroceso de la producción de las variedades destinadas a la nutrición humana.
Del total de 8 líneas estratégicas, entre generalidades como lograr “consenso político y ciudadano sobre visión de largo plazo, y una inserción internacional plena y con dignidad”, lo sustancial se refiere a “afianzar bases para lograr mayor incorporación de la inversión privada”.
Asimismo, su “agenda de transición” está repleta de referencias reiterativas a privatizaciones y otras medidas subyacentes, como las tan mentadas inversiones extranjeras, que bajo fuertes privilegios impositivos, precarización laboral y otras prerrogativas acumulan grandes utilidades que terminan migrando hacia sus centros de origen sin dejar mayores réditos al país:
“Atención profesional de potenciales inversionistas locales e internacionales; revisión de todos los proyectos en carpeta para replantearlos y hacerlos atractivos a la participación privada: de micro a macro proyectos; revisión de la situación económica y patrimonial de las empresas del estado, y su contribución al PIB; identificación de macroproyectos energéticos y de conectividad de interés para la participación privada; puesta en marcha del marco jurídico de las asociaciones público-privada (APPs)”.
También promete “transparencia sobre la situación fiscal recibida, cantidad de funcionarios y sus métodos de contrataciones recientes”.
De hecho, antes de asumir Cartes ya ha solicitado la nómina de funcionarios, su antigüedad y si se encuentran sindicalizados, dejando en claro que gerenciará el Estado como si se tratara de su empresa particular, combatiendo el derecho a la organización sindical.
En una parte de la presentación de su programa se quedó sin eufemismos y admitió que rematará y agobiará al país con deudas, aunque de manera “responsable”.
Estructura de organización del Caico. Dos de los integrantes del “tridente” son los militares y policías.
Foto: Programa de gobierno de Horacio Cartes.
“Presentación de macroproyectos para participación privada en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y energética; plan de obras de infraestructura a ser realizados por el Estado con financiamiento cierto; revisión, compilación y adecuación del marco legal para dar previsibilidad a las inversiones nacionales y extranjeras, para poder formar sociedades y operar en el país en el menor tiempo posible, trabajando con gobiernos locales para facilitar trámites para hacer negocios en el país y endeudamiento responsable”.
“El win-win”
Cartes apela para construir su consenso a la remanida fórmula de que “ganamos todos” con la máxima del “win-win”. También adelanta que recortará las prestaciones condicionadas y, sin hacer mayores especificaciones, promete “excelencia educativa”.
“Trabajo conjunto con los operadores privados buscando consenso y situaciones ‘win-win’; apoyo a la pequeña finca campesina para su inclusión en cadenas de producción (recomposición de suelo, fertilización, riego, productividad y comercialización); medición de los beneficios objetivos del Teko Porá y revisión para mejor utilización; apoyo decidido del gobierno a iniciativas privadas orientadas a negocios inclusivos de gran impacto localizadas en zonas con altos niveles de pobreza rural; reestructuración del Ministerio de Educación, para llegar a una excelencia educativa, optimizando los recursos humanos y financieros”.
Entre otros resultados, el programa pretende concretar un “crecimiento del PIB en niveles promedios de 6% – 7%, aceleración de la inversión productiva (en torno al 24% del PIB), generación de hasta 120 mil nuevos empleos por año; disminución significativa de la pobreza rural y erradicación del hambre”.
Su ortodoxia financiera llega a grados tales que sin disimulo se remite a políticas económicas desacreditadas por el desempleo y recesión que generan, como la austeridad, que está causando estragos en Europa.
En cuanto a fuentes de generación de ingresos, se citan “mayor recaudación del IVA” y “revisión del valor imponible del Impuesto Inmobiliario”.
De esta forma se seguirá cargando la manutención del Estado a costa del consumo de los sectores con menores ingresos al tiempo de seguir exonerando de impuestos a los agroexportadores. Los temas claves de la agenda de Aldo Zuccolillo no podían faltar, como la revisión del impuesto inmobiliario. En lugar de concentrarse en un impuesto a la tierra y a las grandes propiedades, se quiere aumentar el impuesto inmobiliario urbano para obligar a personas de menores recursos a vender sus propiedades a grandes firmas como Inmobiliaria del Este y otros especuladores del sector.
En tanto, sobre un tema tan relevante como el transporte dice apenas que tendrá una “decidida intervención en los sectores de transporte público y combustibles”.
El poder de fuego
En cuanto a la política de seguridad se deja sentado claramente que se reforzará el poder de fuego en lugar de profesionalizar a los cuerpos policiales y militares en prácticas no lesivas de los derechos humanos.
Un nombre propio de un operativo militar lleva el contingente dirigido especialmente a los departamentos de Concepción y San Pedro, la Coordinadora de Acción Integral Conjunta (Caico), que tendrá a su cargo ejecutar el “Plan de acción integral conjunto del gobierno en los departamentos de Concepción y San Pedro”.
El diseño de este plan habría sido el objetivo de un trabajo en el terreno realizado en San Pedro, Concepción y Amambay por agentes del Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel), custodios y asesores de seguridad de Cartes. En este marco se reforzará la fuerza represiva con “elementos de operaciones especiales, elemento de inteligencia y operaciones, elementos de identificaciones, elementos de sanidad”.
Cartes saluda a un agente del Mossad.
Foto: Fan page de Horacio Cartes.
Así, se establece que “las fuerzas policiales y militares serán los coordinadores del programa de combate a la pobreza” y de llegada de los ‘servicios públicos’ en dichas zonas.
En estricto orden jerárquico, los miembros están dispuestos de la siguiente forma: encabeza el componente militar, secundado del policial y, por último, seguidos por el resto de los entes estatales, a su vez comandados por los ministerios del Interior y de Defensa. Posteriormente siguen los demás ministerios, las binacionales, Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), etc.
No ahondaremos en la función asignada a cada cartera, pero es un dato revelador del protagonismo de las fuerzas bélicas que estas estarán involucradas incluso en las “reparaciones de las infraestructuras sanitarias existentes en la zona”, junto con el Ministerio de Salud.
“Armados hasta los dientes”
El componente militar tendrá además, sin perjuicio de sus funciones inherentes, “apoyar y asistir a la población civil (atención médico, odontológica) y coordinar con elementos de sanidad de los Componentes Militar y Policial”.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estará encargado apenas de idear proyectos para que el “sector privado” los lleve a cabo. “Preparar proyectos de asentamientos de pequeñas industrias y presentar a las cooperativas, comités, y al sector privado para su ejecución”, postula el documento.
En la implementación de estos planes el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) queda relegado al lugar marginal de “gestionar el apoyo internacional, para el financiamiento de los diferentes proyectos”.
Entre las pretendidas finalidades de este operativo de guerra encubierto se citan el de “incrementar el nivel de seguridad de la población, disminuir los índices de delincuencia y criminalidad, mejorar la infraestructura vial, de instalaciones educativas y de atención a la salud del sector público y elevar los niveles de atención a la salud de la población”.
En las acciones sectoriales aparece nuevamente la trinidad encabezada por el “componente militar”, seguido del policial y los demás entes estatales.
Puede observarse de manera patente que el actor principal de este programa serán los militares, que estarán encabezando todas las áreas, llegando su esfera de acción incluso a la atención odontológica.
No podemos concluir sin mencionar las estrategias previstas en un tema espinoso para Cartes como el narcotráfico. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estará asignada a “localizar y eliminar cultivos de marihuana; identificar y destruir pistas de aterrizaje clandestinas, en coordinación con la DINAC y con el componente militar, ofrecer asistencia integral para el cultivo de rubros alternativos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ejercer un control permanente, coordinado y estricto sobre el transporte y comercialización de drogas prohibidas”.
Más allá de la mera expresión de deseos de impulsar la agricultura familiar y el empleo, los ejes más importantes se refieren a temas militares y privatizaciones. De esta manera queda de manifiesto qué destino tomará el “nuevo rumbo” al que Cartes pretende dirigir al Paraguay: un Estado fuertemente pertrechado y presto a subastar los bienes públicos a favor de los grupos económicos concentrados.
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