Venezuela

¿Para dónde va la Reforma Policial venezolana?

Antonio J. González Plessmann

11/08/2013

Opinión

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Los problemas de la seguridad frente al delito no se resuelven solo con la policía, aunque ella debe ser una parte muy importante de la solución. Esto se complica cuando la policía es, como en Venezuela, más generadora de inseguridad, que de seguridad. Si no deseamos prescindir de la policía, el camino evidente es el de su reforma para ponerla al servicio de la población. Es lo que viene ocurriendo en el país desde 2006 (con una interrupción en 2007), en medio de tensiones y relaciones de fuerza, no siempre favorables a la continuidad de los cambios.

Que la policía es corrupta, clasista, violadora de los derechos humanos, ineficaz para prevenir e investigar delitos e ineficiente en el manejo de sus recursos, es algo que sabemos porque el Gobierno Bolivariano, en 2006, decidió, por primera vez en la historia del país, iniciar un proceso de transformación profunda de la institución policial. Ese proceso arrancó con un primer gran diagnóstico de los entonces 123 cuerpos de policía del país; así como con la primera consulta nacional a la población (incluyendo a la población policial) para conocer su visión del problema y propuestas. Ese trabajo investigativo y de convocatoria a la deliberación y participación social, que duró 9 meses, permitió el diseño del Nuevo Modelo Policial y el inicio de una política de Reforma Policial.

El Nuevo Modelo nacido, por Ley en 2008, creó un Sistema Integrado de Policía, con un órgano rector y poderes para diseñar políticas, brindar asistencia técnica, supervisar, regular, suspender, financiar y estimular, ahí en donde había dispersión y desgobierno (cada Alcalde o Gobernador creaba “su” policía y la manejaba según sus criterios); creó un modelo único de formación profesional y una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ahí en donde había una formación no profesional, heterogénea, asistemática y discontinua; creó modelos de gestión civil, acordes con la función policial, en donde había modelos militarizados ineficaces para la seguridad ciudadana; creó una carrera policial, con rangos unificados, en donde había arbitrariedad para la construcción de rangos y para los ascensos; diseñó un régimen uniforme y razonable de remuneraciones y beneficios sociales, en donde había explotación laboral; creó nuevos controles internos y externos para hacer transparente y sometida a contrapesos la institución policial, en donde antes había descontrol favorable a las malas prácticas; diseñó un régimen disciplinario que garantiza los derechos de los funcionarios, en donde había vulneración del debido proceso. Ese modelo está plasmado en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2008), en la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009) y en 34 Resoluciones del Consejo General de Policía que establecen diferentes estándares sobre la función policial, entre otros, en temas como el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, el reconocimiento a las buenas prácticas policiales, la atención a las víctimas, el enfoque de género y la dotación de equipamiento básico.

El proceso de Reforma Policial ha facilitado un círculo virtuoso en el campo de las políticas de seguridad frente al delito, expandiendo los temas de atención más allá del campo policial, con una mirada de izquierda. El diseño de la Gran Misión “¡A Toda Vida! Venezuela”; la primera política de Estado en materia de prevención y control penal del delito; expresa la síntesis de las acciones anteriores y del círculo mencionado.

Todo ello viene ocurriendo en medio de relaciones de fuerza que, a veces hacen avanzar la reforma y, otras, la hacen retroceder. Para leer estos vaivenes hay que comprender que los comportamientos contrarios al mandato constitucional y al programa policial, enumerados arriba, no son desviaciones de algunos individuos descarrilados, sino patrones recurrentes facilitados por contextos institucionales y sociales. Más que leerlos como fracasos que marchan a contravía del programa, hay que explorar a quién(es) benefician, qué modelo de sociedad reproducen y cómo se articulan esos beneficios en exitosas estrategias de poder que, sin necesariamente ser coordinadas entre sus beneficiarios, imposibilitan una policía al servicio de la población.

Esa policía que no queremos, beneficia a un modelo de sociedad injusta que necesita excluir y contener, en el barrio, a sus jóvenes varones; beneficia a la invisibilización de las cadenas del crimen organizado, cuyas cabezas pertenecen a las clases altas de la sociedad; beneficia a algunos funcionarios que participan en pequeños o grandes delitos (desde el “matraqueo” o el “parceleo” hasta el gran crimen organizado, vinculado al narcotráfico, el robo de vehículos, el secuestro o la comercialización de armas y municiones); beneficia a algunos gobernadores y alcaldes que se consideran emperadores con guardias pretorianas y que prescindiendo de transformaciones profundas de los factores que generan la inseguridad, se contentan con mostrar, efectistamente, operativos policiales (y militares) en las calles. El Comandante Chávez fue un freno a esos “beneficios” y beneficiarios. Se casó con la Reforma Policial y acompañó su crecimiento. Su fuerza permitió enfrentar a las fuerzas adversas y hacer avanzar el proceso. Pero falta aún mucho trabajo por implementar, evaluar y modificar.

El futuro de la reforma se define a partir de las posiciones de fuerza que, por una parte logren consolidar los sectores sociales y políticos que impulsan un modelo democrático, de izquierda, en el campo de la seguridad ciudadana y, por otra, los beneficiarios del mantenimiento del viejo modelo. Hoy, la Reforma está viviendo un nuevo revés, que debilita a algunos de los actores que la impulsan. El equipo que viene liderándola desde 2006 y que tenía en el Consejo General de Policía la instancia pivote para impulsarla, fue removido de sus cargos. Sin duda, los procesos no deben depender de figuras únicas (lo hemos aprendido bien, y con dolor, en el chavismo), pero sabemos que personas y colectivos clave, pueden marcar la diferencia en una contienda determinada. Se trata, sin embargo, de un momento en un proceso muy largo, que no define la continuidad de la transformación. Los cambios se impulsan desde adentro y desde afuera del Estado. De aquellos que asumen la nueva responsabilidad, cabe esperar que se conviertan en protagonistas de la Reforma, sumen sus talentos a esta importante misión y concreten logros de gestión. De los equipos salientes, esperamos fortalecimiento de las alianzas y articulaciones sociales y estatales y que acompañen la continuidad de los cambios.

Antonio J. González Plessmann

Director de la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana de GIS XXI

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