Colombia

Elementos para evaluar los tres años del Gobierno Santos

Jorge Espitia L.

10/08/2013

Opinión

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Ser Presidente de la República, implica un sin número de responsabilidades y de decisiones importantes, las cuales afectan a toda la población de manera directa o indirecta. A causa de esto, la retrospectiva sobre la calidad del mandato es sumamente importante. Sin embargo, ¿qué factores se podrían tener en cuenta para evaluar un “buen gobierno”, aquí en Colombia?

A pesar de la dificultad de abarcar todos los puntos a tener en cuenta para emitir un juicio de valor completo sobre el gobierno de Santos, se tratará un punto importante sobre lo que un gobierno debe tratar de responderle a sus ciudadanos en el momento de gobernar: el desarrollo.

Aunque este concepto es cuestión de debate mundial, es preciso tener presente que el desarrollo es diferente para cada país o región del mundo, a causa de las diferencias económicas, políticas, sociales, históricas y culturales de cada región (AmartyaSen, 1999, Desarrollo y Libertad). En el caso colombiano, la cual posee graves problemas de desigualdad, violencia, gobernabilidad en las regiones y corrupción, el desarrollo podría ser estudiado como el avance en estos puntos que componen las grandes problemáticas nacionales.

La desigualdad ha sido una gran constante en lo que respecta a la historia colombiana, y el gobierno de Santos, durante estos tres años, no ha sido el cambio de tendencia, así el mismo insista en compararse con los países de la región más desigual: América Latina y del Caribe. En efecto, el índice de GINI, el cual es usado para estudiar este fenómeno, y donde 1 es una sociedad muy desigual, y 0 una sociedad, no ha variado de manera significativa (Cuadro 1). De igual manera, el año pasado se aprobó una reforma tributaria donde los ricos lloran, pero de la risa, al observar como las clases medias contribuyen más al fisco, mientras a ellos se les redujo la presión fiscal. En el mediano plazo, cuando se evalúe el coeficiente de Gini, antes y después de impuesto, se observara como los niveles de concentración del impuesto de renta recae sobre los contribuyentes de rangos medios de ingreso, en especial los asalariados.

Cuadro 1. Coeficiente Gini 2002-2012 (13 principales ciudades)
Dominio	2002	2009	2012
Barranquilla A.M.	0.528	0.486	0.464
Bogotá	0.571	0.526	0.497
Bucaramanga A.M.	0.484	0.450	0.432
Cali A.M.	0.534	0.503	0.515
Cartagena	0.482	0.491	0.482
Cúcuta	0.480	0.496	0.446
Ibagué	0.477	0.488	0.451
Manizales A.M.	0.490	0.511	0.455
Medellín A.M.	0.547	0.535	0.500
Montería	0.520	0.527	0.501
Pasto	0.510	0.516	0.502
Pereira A.M.	0.483	0.465	0.456
Villavicencio	0.472	0.469	0.469
Nacional	0.572	0.557	0.539
Cabeceras	0.550	0.535	0.514
13 A.M.	0.548	0.524	0.499
Otras cabeceras	0.496	0.511	0.500
Resto	0.518	0.469	0.465
Fuente: DANE

Por otro lado, las políticas públicas que impulsa el Gobierno Nacional para hacer frente a la pobreza no la impactan de manera significativa y mantienen su enfoque asistencialista más que de inclusión social. Se buscan las diferentes formas para hacer llegar los subsidios a las familias más pobres, más necesitadas, con la esperanza que el efecto derrame (“trickletdowneffect”) llegue a las capas menos favorecidas. El marco teórico del efecto goteo es que un mayor crecimiento económico debe llegar a los pobres en la medida en que ese impulso generará un mayor empleo, mayores ingresos y un aumento en el consumo. Sin embargo, cuando se soporta el crecimiento económico sobre un sector poco generador de empleo como el sector minero, el efecto derrame en lugar de reducir la pobreza y la desigualdad lo que hace es que la profundizarlas.

Si se toma como referencia el PIB por habitante del Distrito Capital que se multiplicó por 1,34 entre el 2002 y el 2011 al pasar de 11,8 millones de pesos constantes de 2005 a 15,8 millones de pesos, y redujo el porcentaje de la población pobre en cerca de 20 puntos porcentuales al pasar de 31,8% en 2002 a 11,6% en 2012, se observa cómo la esperanza del efecto derrame en regiones donde la minería ha desplazado las actividades productivas como la industria o la agricultura muestra situaciones contrarias al marco teórico. En el caso del departamento del Cesar, su PIB per cápita se multiplico entre el 2002 y 2011 por 1,61, lo cual le permitió reducir su brecha con Bogotá D. C. en cerca de 9,7 puntos porcentuales, mientras que su porcentaje de población pobre, tan sólo se redujo en 15 puntos porcentuales al pasar del 62% en 2002 al 47% en 2011.

En el caso del Departamento del Meta algo así sucede. El PIB per cápita se multiplicó por 2,7 y la pobreza se redujo en tan sólo 10 puntos porcentuales. Adicionalmente, es una lástima que el DANE no tenga las cifras de pobreza de departamentos mineros como son Casanare, Arauca, Putumayo, entre otros (Cuadro 2).

PIB per cápita vs Porcentaje de población pobre
	PIB/HAB (Pesos 2005)		Pobreza (% Hab)
DEPARTAMENTOS	2002	2011	2002	2012
Antioquia	7,322,901	10,053,535	47.9	26.8
Atlántico	5,788,479	7,470,318	50.1	33.9
Bogotá D. C.	11,817,854	5,813,484	31.8	11.6
Bolívar	5,948,939	8,899,737	64.9	44.2
Boyacá	6,524,192	9,850,284	67.1	35.6
Caldas	5,578,424	6,812,430	46.1	35.4
Caquetá	3,392,881	4,191,028	53.0	42.1
Cauca	3,392,226	4,751,435	57.8	62.1
Cesar	5,608,005	9,043,424	61.9	46.8
Chocó	2,186,371	4,178,279	67.6	68.0
Córdoba	4,296,473	4,843,489	65.6	60.2
Cundinamarca	7,211,792	9,429,469	51.4	23.3
Huila	6,070,638	7,288,736	69.6	45.4
La Guajira	5,039,056	6,183,258	67.2	58.4
Magdalena	3,600,793	5,015,838	65.5	52.3
Meta	8,236,260	1,955,396	39.8	29.5
Nariño	3,083,424	4,068,523	65.7	50.8
Norte Santander	4,347,496	5,677,995	56.6	40.4
Quindío	5,337,794	6,147,389	47.1	38.9
Risaralda	5,174,497	7,058,434	37.6	28.4
Santander	10,014,670	15,300,870	45.0	20.8
Sucre	3,057,484	4,305,664	69.2	51.5
Tolima	5,328,892	6,946,021	54.3	42.3
Valle	7,720,368	10,188,149	38.9	26.9

Fuente: DANE.

Ahora bien, pareciera que programas públicos la construcción de viviendas de interés social, por ejemplo, y la campaña mediática de la política no sólo ha venido siendo usada como estrategia política en vista hacia la reelección, pues aún no resuelve de manera concreta la situación precaria de los colombianos de bajos recursos, ni tampoco reduce los índices de desigualdad.

Por otro lado, la Ley de Victimas llevada a cabo por el gobierno Santos, la cual, a pesar de varios problemas de aplicabilidad en el sentido que el conflicto armado no ha cesado, es un esfuerzo por devolverles a los campesinos desplazados la tierra de la cual fueron expulsados. Esta ley en principio, se espera que mejore la situación de pobreza de dichas familias. Sin embargo, las últimas denuncias hechas por algunos Senadores y la Contraloría General de la República sobre la violación de la función social de las tierras baldías, cual es la mejorar el bienestar de la población pobre del campo, llevan a pensar en la posibilidad que grandes grupos económicos nacionales así como multinacionales tengan la posibilidad de desvirtuar la función social de las tierras baldías con el objetivo de generar más beneficio para ellos y reconcentrando aún más la tierra.

Vale la pena resaltar, como punto importante de la política de Juan Manuel Santos, la propuesta del gobierno a abrir negociaciones con el grupo guerrillero de las FARC, entendiendo la importancia de acabar con el conflicto armado colombiano no solo de manera pacífica, sino también de manera urgente. A pesar de dichos esfuerzos, sin embargo, existe una preocupación dentro de la población sobre el nivel de impunidad como precio por la paz, además del no cese al fuego por parte de ambos grupos.

En lo que respecta a los avances en la corrupción, Colombia desde 2010 ha tenido una evolución bastante mediocre, según TransparencyOrganization, donde Colombia ha pasado de estar posicionado en el puesto 78 en 2010, ordenados de la menor percepción de corrupción a la mayor, hasta el puesto 94 en 2012. Colombia, según estos resultados, no ha avanzado en el control de la corrupción dentro del territorio, sino que ha retrocedido con respecto a la tendencia del resto del mundo (www.transparency.org).

Finalmente, durante el gobierno de Santos se han venido presentando varias movilizaciones frente a problemáticas graves e importantes dentro del territorio. La primera de ellas fue la reforma a la Ley 30 de educación, la cual fue rechazada rotundamente por el estudiantado y varias universidades. Dicha reforma no se hizo efectiva en parte a las grandes movilizaciones en su contra, además del arduo debate de la Mesa Amplia Estudiantil frente al gobierno nacional. Durante este año, por otro lado, se movilizaron los campesinos del Catatumbo a causa del abandono por parte del Estado de este territorio. La respuesta del gobierno ha sido la de deslegitimar la movilización por medio de acusaciones a los movilizados de tener infiltraciones de la guerrilla, y proponer negociaciones dirigidas a la entrega de subsidios, sin asegurar una mayor presencia estatal en términos de política social.

En síntesis, durante los últimos tres años de Gobierno se ha cambiado la manera de gobernar en varios puntos de manera drástica, con respecto al gobierno de Álvaro Uribe: con la ley de víctimas y las negociaciones de paz, el gobierno Santos le apuesta a un Estado más incluyente y con las claras intenciones de avanzar en lo más posible con la resolución del conflicto armado. Sin embargo, sigue siendo un gobierno con pocos objetivos hacia la resolución de los graves problemas sociales, como la desigualdad, y sigue gobernando en varios puntos de una manera muy tradicional, en lo que respecta a la tolerancia hacia la corrupción y la aversión hacia las movilizaciones sociales, asociando las movilizaciones con los grupos subversivos.

Jorge Espitia L.

Colaborador Semanario Virtual Caja de Herramientas

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 363

Semana del 9 al 15 de agosto de 2013

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