Sólo una cuestión parece estar clara en el desarrollo del proceso constituyente que se inició con la convocatoria presidencial a un referéndum en el que se decidirá el llamado a una Asamblea Constituyente. El 25 de abril será el día. Desde el 2 de febrero a estos días, todo cuanto se daba por cierto ha quedado en entredicho. No hay claridad sobre si la asamblea constituyente será plenipotenciaria o si sólo se limitará a escribir la nueva constitución. No está claro si la última formulación de las preguntas hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es legal o no, pues en el caso de la pregunta número 2, centro de la controversia desde que se hizo la convocatoria, se realizó una redacción genérica que refiere a unas bases de convocatoria por publicarse. No está decidido si se debe establecer un quórum para dar validez a la decisión que arroje la consulta, ni quién debe establecerlo. Nada de esto está claro, pero el 25 de abril habrá referéndum. Ante la confusión, la población tiene claro que el proceso va y que el acuerdo del ¿cómo? deberá resolverse entre los factores de poder. Mientras esto ocurre, los sectores con capacidad de convocatoria hacen esfuerzos por lograr generar propuestas para la asamblea. También los intelectuales y personajes públicos han dado a conocer sus puntos de interés. La iglesia, por orden directa del Vaticano, ha negado la posibilidad a sus ministros de participar en la elección. El país calienta motores para un proceso que, al margen de las discusiones legales, se terminará dando y en el que se prevé una dura lucha entre los defensores del Estado fuerte garante de derechos y los que prefieren un Estado disminuido, ordenador del juego económico. Los derechos sociales serán el centro de esta lucha. El país de hoy Mientras las discusiones técnicas se desarrollan teniendo como centro a la Corte Suprema de Justicia y al CNE, y las discusiones políticas sobre el país que vendrá se dan en foros de distinto calibre a nivel nacional, el país de hoy pasa por un momento de difíciles contradicciones. En el plano económico, la decisión de los países miembros de la OPEP de recortar la producción petrolera ha provocado un importante repunte en los precios del crudo. Esto significa un ingreso mayor al fisco con su consecuencia directa en el déficit fiscal, también una mejoría en las expectativas de los inversionistas sobre el país, pero trae como consecuencia negativa la disminución de las inversiones que como parte de la apertura petrolera, tenían previstas las empresas internacionales que poseen concesiones para exploración y explotación petrolera en territorio venezolano. Bajo esta premisa, mayores precios equivalen a menos producción y en consecuencia a menos inversión y empleos. De esta ironía económica se desprende otro problema que se está tornando alarmante. El desempleo no ha hecho más que crecer desde enero hasta hoy. Las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en un aumento importante del desempleo formal. La Oficina Central de Estadística e Informática (Ocei) y la Oficina Asesoría Económica del Congreso de la República lo ubican en 12% (2,06% en lo que va de año); el Consejo de Economía Nacional y Datanálisis coinciden en 14%; los industriales en 16%; la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) afirma que no baja de 22% (aproximadamente 2 millones de personas). Según cálculos del economista Héctor Valecillos, 400 mil personas han perdido su puesto de trabajo desde enero de 1998 hasta la fecha. De acuerdo al profesor y economista Domingo Maza Zabala, la tasa de desempleo se encuentra cercana a 18%. Estas cifras dan por descontado el hecho de que más del 50% de la población económicamente activa trabaja en la economía informal. El aumento del desempleo y la disminución del poder adquisitivo se ven reflejados en otros indicadores importantes como el consumo de alimentos. Según los cálculos de productores e industriales, entre febrero y marzo el consumo cayó 5%, si se compara con las cifras de diciembre y 8% si se validan con las cifras de enero de 1998. Añadamos ahora el déficit de viviendas, que según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur), era para octubre de 1997 de 1.150.000 viviendas, mientras que para Jesús Eduardo Ortega, Presidente de la Asociación Metropolitana de Inquilinos, "en el país hay un déficit de 1.740.000 viviendas y (...) la edificación de nuevas viviendas cayó 40% en 1998 con respecto a 1997". A esto hay que agregar que más de 300 mil viviendas están cerradas sólo en la capital, debido a la falta de garantías legales para su arrendamiento. Para terminar de delinear el alarmante cuadro situacional del país habría que añadir las cifras de deserción escolar. Según cifras del Ministerio de Educación y de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI) un poco más de 1,5 millones de muchachos con edades entre 5 y 17 años, no asiste a la escuela. De éstos, 800 mil son menores de 14 años. Entre las causas están la pobreza, la desinformación de los padres y el fracaso escolar, entre otras. Así, podemos decir que tenemos un 85% de la población en condiciones de pobreza, con dificultades para conseguir trabajo, alimentándose mal, incapacitada de brindar educación a sus hijos, que en casi un 70% carece de beneficios sociales como la seguridad social o las pensiones de retiro y que en muchos casos carece de vivienda. Las invasiones Quizá esto explique el que desde los primeros días del nuevo gobierno se haya desatado un proceso de invasiones de terrenos y edificaciones que puso al gobierno ante su primera gran crisis de opinión pública. Según los medios, miles de invasiones se desataron en todo el país, producto de la mala interpretación que la población hizo de algún discurso presidencial. La situación puso en estado de alerta a los gobernadores, quienes exigieron al Presidente la intervención de las Fuerzas Armadas para desalojar a los invasores y evitar nuevas invasiones. La respuesta gubernamental no pudo ser más inusual. Chávez manifestó, por segunda vez en su corta gestión, que las Fuerzas Armadas no tienen la misión de reprimir las manifestaciones de descontento de la población, que su misión va más allá del control del orden público. Según el presidente, el proceso de invasiones debía resolverse con el diálogo, y cada gobernador y alcalde debía demostrar su capacidad de negociación y su liderazgo enfrentando personalmente y con sus fuerzas policiales el proceso que se había desatado. Ya anteriormente se había negado a sacar a la calle a la Guardia Nacional cuando se produjeron disturbios con motivo de la muerte de un estudiante en una manifestación en la ciudad de Cumaná. La respuesta del presidente fue apoyada por todo el sector oficial. No más peinillazos y bombas lacrimógenas para resolver los problemas de orden público. Se ordenó la realización de un censo de invasiones, y el propio presidente se trasladó a algunos de los asentamientos para dialogar con las personas involucradas. Mientras empresarios y partidos de oposición llamaban a tomar acciones tajantes contra los delincuentes y en favor de la recuperación del estado de derecho. El Gobierno Nacional conformó una Comisión de alto nivel para implementar un programa de dotación de tierras que repartirá 1,5 millones de hectáreas para ubicar a los invasores de diferentes regiones del país. "Porque no se trata de ladrones, sino de necesitados de viviendas y otros servicios públicos indispensables, que les ha negado el sistema democrático de los últimos 40 años". Así lo expresó Julio Mora Contreras, nuevo presidente del Instituto Agrario Nacional, ente encargado de ejecutar los lineamientos de la reforma agraria. Según Mora, en la primera información recabada en el censo por las Fuerzas Armadas, de 15.000 ocupantes censados cerca de la mitad tienen casa propia, o son menores de edad o son personas solas. El resto, 7.800, son los verdaderamente necesitados. Además de la dotación de tierras el gobierno anunció un programa de construcción de viviendas para comenzar a solventar la escasez. A partir de estos anuncios gubernamentales las invasiones se detuvieron. Ley Habilitante Sin embargo, a pesar de haber mostrado buena capacidad de maniobra ante crisis como la de las invasiones, el nuevo gobierno ha sido acusado con insistencia de no tener una política económica clara, e incluso de no tener un proyecto de país. Una prueba de ello fue el publicitado anuncio del plan económico. Hasta ahora el nuevo gobierno venía ejecutando la política económica del pasado régimen, incluso había dado continuidad en el cargo a la Ministra de Hacienda Maritza Izaguirre, una especialista proveniente del BID. El 25 de marzo, sin embargo, el presidente mostraría al país el nuevo proyecto económico. En dos horas y media de discurso el proyecto nunca apareció. Chávez apenas definió, como lo resumió un importante periódico, cinco frentes de batalla. Todas las expectativas del nuevo gobierno parecen centrarse entonces en la Ley Habilitante solicitada al congreso para legislar de forma extraordinaria en materia económica y financiera. Según el jefe de la fracción parlamentaria del primer partido de oposición, Henry Ramos Allup, se trata de la Ley Habilitante más amplia jamás concedida en la era democrática, pues implica la reformulación de 50% del universo legislativo del país en materia económica. La Habilitante, aprobada por el Congreso el 27 de marzo, incluye la reforma a las leyes que rigen a los trabajadores de la administración pública, con el fin de facilitar la reducción del personal del Estado. El establecimiento de un impuesto al débito bancario, que pechará con 0,5% cada transacción financiera y que se extenderá por un año. La transformación del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor en un Impuesto al Valor Agregado que probablemente tendrá una alícuota de 15,5%. La Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta para ampliar la base de recaudación. La ley incluye además modificaciones al régimen minero, la creación de un fondo único social, la unificación de los entes financieros de la pequeña y mediana industria, modificación de leyes relacionadas con la tenencia y propiedad de las tierras del Estado para favorecer el desarrollo agrario y el respeto de los derechos de los indígenas. Aunque no son todos los aspectos de la Ley, podemos ver que se trata de modificaciones que apuntan al aumento de los impuestos, al abaratamiento del despido en el sector público, al impulso del sector agropecuario y posiblemente de la industria minera. Las reformas han sido pensadas para reducir el déficit fiscal e iniciar la reactivación de la economía, sin embargo, llevan consigo la cruz de los despidos y del aumento de impuestos. Además, salvo las medidas impositivas, son difíciles de aplicar a corto plazo, por lo que se prevé que los decretos leyes se irán aprobando en el transcurso de seis meses. Es así que resulta poco probable entonces que la situación económica mejore a corto plazo, aunque indicadores como el valor de la moneda o el índice de inflación se mantengan estables.