La jueza Carole Brown de la Corte de Justicia de Notario, Canadá, emitió un fallo aceptando que en ese país se juzgue a la empresa HudBay Minerals por crímenes cometidos en Guatemala por una de sus subsidiarias, entre ellos, la violación sexual a once mujeres, el asesinato de un líder comunitario y las lesiones a un joven que lo dejaron parapléjico.

 

Luz Méndez, representante del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), que proporciona acompañamiento a estas mujeres indígenas q’eqchi’es, calificó ese dictamen como trascendental ya que es un precedente a fin de romper la impunidad con que actúan empresas extranjeras que llegan a Guatemala a extraer recursos minerales y cometen ilícitos.

 

Por primera vez un tribunal canadiense determinó el 22 de julio pasado que es válido iniciar un juicio contra una corporación matriz, ya que su personal está involucrado en violaciones a derechos humanos.

 

Guardias de seguridad privada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de HudBay Minerals, y elementos de las fuerzas de seguridad de Guatemala violaron sexualmente durante un desalojo en 2007 a mujeres de varias comunidades, sólo once decidieron denunciar el hecho.

 

Dos años después reprimieron una manifestación en la que comunidades q’eqchi’ protestaban contra los desalojos que venía haciendo esa empresa, causando la muerte de Adolfo Ich y las heridas a Germán Chub.

 

En una conferencia de prensa a la que asistieron algunas de las sobrevivientes de violación sexual, mujeres entre 33 y 40 años de edad, una de sus representantes Rosa Elvira Po Ix dijo que es importante dar a conocer lo que ellas sufrieron durante el desalojo de sus tierras hace cinco años.

 

Agregó que “para este gobierno en Guatemala nosotras no somos nada, parece que en Canadá sí y nos van a respetar nuestros derechos en un juicio”, tras denunciar que en sus comunidades reciben amenazas para que retiren su denuncia, “pero yo voy a seguir en la lucha”.

 

Estas mujeres además de exigir sean juzgados sus agresores, demandan la certeza jurídica de las tierras que ocupan, “queremos nuestros títulos, no contratos con empresas que hoy tienen un nombre y mañana otro”.

 

Algunas de ellas expresaron sentirse contentas porque hay esperanza de que se juzgue a los agresores y porque han recibido mucho apoyo de varias organizaciones.

 

A decir de Luz Méndez, hay que reconocer el valor de estas mujeres q’eqchi’es, al mismo tiempo señaló que la CGN pretende fragmentar la organización comunitaria, lanzando amenazas y agrediendo a algunos comunitarios, entre ellos, los esposos de las mujeres que presentaron la denuncia a fin de intimidarlas para que desistan de seguir el juicio en Canadá.

 

Tras expresar su satisfacción por el fallo de la jueza canadiense, la viuda del profesor Ix, Angélica Choc, afirmó que todas las agresiones contra las comunidades de El Estor, departamento de Izabal, ocurren porque defienden su territorio, “la tierra que nos alimenta, los terrenos que son de nosotros, y que seguiremos defendiendo”.

 

Precisó que gracias al trabajo del Ministerio Público actualmente guarda prisión Mynor Padilla, quien era el jefe de seguridad de CGN cuando las mujeres fueron violadas y asesinaron a su esposo.

 

“Nuestra lucha es muy importante y muy valiosa, y si ahora han conseguido un avance es el resultado de su lucha como pueblos indígenas”, anotó Angélica Choc.

 

En esta actividad asistieron representantes de varias organizaciones de mujeres y pro derechos humanos, las que expresaron su reconocimiento al grupo de mujeres sobrevivientes de violación sexual por haber tenido el valor de exigir justicia frente a una poderosa empresa transnacional, a pesar de los enormes desniveles de poder y recursos entre unos y otros.

 

^- Rosalinda Hernández Alarcón es periodista mexicana, residente en Guatemala, coeditora de la publicación feminista laCuerda.