Frente al asesinato de más de 400 personas en el Supermercado Ycua Bolaños el pasado 1º de agosto, en medio del dolor de paraguayas y paraguayos, exigimos justicia y reparación para las víctimas de la tragedia. Las organizaciones integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) nos sumamos al luto ciudadano y reconocemos la labor de organizaciones e instituciones, públicas y privadas, y de personas individuales que están contribuyendo a paliar las consecuencias de la catástrofe. Sin embargo, consideramos que el Estado debe iniciar sin demora acciones para evitar tragedias futuras. La ciudadanía se encuentra desprotegida en razón de un Estado ausente que no adopta las medidas necesarias para asegurar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, en este caso a través de la evidente falta de fiscalización y control sobre lugares públicos como en el que ocurrieron los hechos. Se trata de una responsabilidad básica del Estado que vemos incumplida de manera cotidiana y que se expresa también en otros ámbitos, por ejemplo como hace un año atrás un incendio de agrotóxicos en los depósitos de la OFAT envenenó a un amplio sector de la población local. Por otra parte, muchos de los servicios de "seguridad privada" son absolutamente precarios y no profesionales, riesgosos para la ciudadanía. Sobre ellos tampoco recae un riguroso proceso de habilitación y supervisión, ni control jurisdiccional asociado a la impunidad. Lo ocurrido en Ycua Bolaños es consecuencia del actuar criminal de los directivos de esa empresa, pero también de un sistema de seguridad diseñado para garantizar primero la propiedad y después la vida de las personas. Responsabilizamos a las autoridades, principalmente a la Municipalidad de Asunción, de la falta de control y fiscalización efectiva para la habilitación de lugares y servicios públicos y exigimos al intendente Enrique Riera que presente un informe actualizado de las medidas de seguridad con que cuentan los edificios públicos (oficinas, shoppings, cines, supermercados, vehículos de transporte público, etc.). De no contar con condiciones aceptables de seguridad, pedimos el cierre inmediato de estos lugares y servicios. También urgimos a los empresarios que explotan espacios y servicios públicos a que en un breve plazo se adecuen a la normativa de seguridad correspondiente. Al Ministerio del Interior le apremiamos a incrementar los controles sobre los servicios de seguridad privada, de tal manera a que éstos cuenten con personal profesional adecuado más allá de los intereses privados o de sus contratistas. Apelamos a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial a que impulsen decididamente las causas penales o procesos civiles abiertos o que pudieran abrirse a consecuencia de los luctuosos sucesos, contemplando a todos los responsables directos e indirectos que pudieran estar involucrados y la reparación integral de las víctimas. Por último, invitamos a toda la sociedad a seguir alerta para evitar que nunca más la propiedad valga más que la vida. Por la coordinación de Turno: Andrés Ramírez. TIERRAVIVA. Tel 209092
Pilar Royg. SERPAJ - PY. Cel 0971 284290. Tel 481333
Maria Noguera. AFAVISEM. Cel 0981 878203
CODEHUPY. Tel. 449482