Monsanto en crisis de relaciones públicas
27/06/2013
- Opinión
El pasado 11 de junio la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley 624, el cual pretende regular las semillas agrícolas del país. Como he declarado en un comunicado anterior, el proyecto en cuestión parece hecho a la medida de Monsanto y otras corporaciones transnacionales semilleras.
Monsanto fue citado a testificar en torno al proyecto pero se negó. Eric Torres Collazo, representante de la compañía, envió al senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la comisión, una carta explicando la decisión de no acatar la citación del senado. Citamos a continuación un reportaje de El Nuevo Día:
"Monsanto Caribe LLC no asumirá una postura a favor o en contra de dicha medida, toda vez que las operaciones de Monsanto en Puerto Rico quedan claramente fuera de su alcance", sentencia la escueta misiva dirigida al presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Ramón Ruiz Nieves.
En la carta, además, exponen que "Monsanto no produce, ni vende, ni ofrece o expone para la venta semillas básicas o semillas certificadas (según dichos términos son definidos en la medida) con propósito de siembra en Puerto Rico". (1)
¿Por qué se rehusó la compañía a testificar? No es como si en toda su existencia esa comisión senatorial haya hecho algo para incomodar a las grandes agroempresas y vendedores de pesticidas. Y de hecho, el proyecto 624 lee como algo que pudo haber sido redactado en el despacho de un abogado de Monsanto.
He aquí una hipótesis: A último minuto, cuando Monsanto Caribe, filial local de la empresa, se disponía a testificar a la comisión y servirse con la cuchara grande cantando las glorias de los transgénicos en el hemiciclo, vinieron directrices de emergencia directo de las oficinas centrales de la corporación, el world headquarters en la ciudad de St. Louis. Y seguramente les ordenaron a no ir al Senado, ya que la semillera de biotecnología enfrenta una verdadera crisis de relaciones públicas en Puerto Rico y cualquier comparecencia pública en este momento sería una oportunidad para que sus críticos la ataquen una vez más.
Desde su llegada a Puerto Rico en 1983, la semillera Monsanto había realizado sus extensas e intensivas operaciones de experimentación y propagación de semilla convencional y transgénica sin problema ni controversia alguna, por lo menos hasta que este servidor comenzó a publicar numerosos reportajes críticos sobre la biotecnología transgénica en las páginas del semanario Claridad y por la agencia noticiosa IPS, entre los años 1999 y 2004. En mayo de 2004 un grupo de colaboradores fundamos el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, cuyo propósito es educar a la ciudadanía sobre los riesgos y falacias de las nuevas tecnologías de alteración genética y presentar alternativas basadas en la agroecología. Los fundadores incluyeron el agricultor orgánico aiboniteño Raúl Noriega, quien falleció el mes pasado, la comunicadora y activista Wanda Colón Cortés, y el reverendo Angel Luis Rivera Agosto.
En 2005 publiqué mi libro Balada Transgénica, en el cual abordo los retos de la biotecnología y la globalización desde la perspectiva de la ecología social, los nuevos movimientos sociales alternativos, y los nuevos paradigmas científicos holísticos. El libro fue utilizado como texto de clase por profesores de los recintos de la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla y Mayagüez, la Interamericana de Ponce, la Universidad del Turabo, y posiblemente en otros recintos más. Desde entonces me he dedicado prácticamente a tiempo completo a educar sobre estos temas.
Mi campaña ha sido una cruzada más o menos solitaria hasta que el panorama comenzó a cambiar rápidamente en estos últimos dos años. El 16 de octubre de 2011 un grupo de activistas, agricultores y universitarios participamos del Día Mundial de Acciones contra Monsanto con una caravana educativa por los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas, que es donde está el grueso de los semilleros transgénicos en la isla, no solo de Monsanto sino también de Bayer, Pioneer y otras empresas.
Al mes siguiente, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó una serie de reportajes titulada “El experimento caribeño de Monsanto”, escrita por Eliván Martínez, en la que, entre varios señalamientos y cuestionamientos críticos, informa que la compañía puede estar en violación de la Constitución de Puerto Rico al sembrar en unos 1,500 acres. Nuestra Constitución, en su Artículo VI, Sección 14, prohíbe que un individuo o corporación tenga sobre 500 acres de tierras agrícolas. Dice el artículo de Martínez:
“¿Estamos ante una nueva colonización de la agricultura? ¿Es el principio de un nuevo monopolio? “Aunque Monsanto esté alquilando esas tierras, y aunque muchas de estas tierras sean privadas, yo interpreto que puede estar violando la Constitución porque su intención era que una misma corporación no tenga el control de los más de 500 acres para dominar la agricultura”, sostiene el catedrático Carlos Ramos, especialista en el tema y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana. “Si esta ley ya no tiene sentido, vamos a abrir el debate. La intención de la ley es tan vigente hoy como en los años de 1900. El Secretario de Justicia está obligado a hacer cumplir la Constitución y tiene que pronunciarse”.” (2)
Desde entonces, la imagen pública de Monsanto en Puerto Rico se ha ido deteriorando paulatinamente. En lo que va del año 2013 la empresa enfrenta en nuestro país varios miniescándalos. En abril un grupo de ciudadanos de todas partes de la isla protestó en la sede del Colegio de Agrónomos por un homenaje a Monsanto. Citamos una carta abierta del 3 de abril, firmada por varias organizaciones, incluyendo la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica, el capítulo puertorriqueño de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y el Frente de Rescate Agrícola:
“En nombre de científicos, agrónomos, agricultores, estudiantes y consumidores, denunciamos con firmeza la acción de incluir al “Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña” a la corporación Monsanto Caribe por parte de Acción y Reforma Agrícola y el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico. Exigimos que se revierta la decisión y en su lugar se seleccione a un agricultor local utilizando criterios de sustentabilidad y justicia social. Este reconocimiento a Monsanto, una compañía dedicada a la producción de plaguicidas y cultivos transgénicos, resulta oneroso en demasía para una corporación con credenciales tan nefastas a nivel internacional.
...Es totalmente inaceptable por parte de una organización que agrupa agrónomos y agricultores la decisión de nombrar a Monsanto al “Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña”, una compañía que se la pasa demandando a agricultores alrededor de todo el mundo y que ha contribuido a la destrucción de la agrodiversidad mundial. (3)
El 29 de abril Centro de Periodismo Investigativo expuso que quienes tomaron la decisión del homenaje tienen lucrativos negocios con la compañía. Citamos del reportaje, escrito por Eliván Martínez y Joel Cintrón:
“Quedó desenmascarada la organización privada que exaltó a la empresa Monsanto al llamado Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña. Se trata, en realidad, de un grupo de empresarios que cabildea en la Legislatura a favor de la biotecnología agrícola, de lo cual se beneficia Monsanto y otras semilleras, con las que estos mantienen negocios jugosos. Un club que lleva a cabo sus premiaciones para reconocerse por los contratos que se otorgan entre sí. Y piden fondos públicos para celebrar sus actividades “sin fines de lucro” (4)
El 22 de abril, Día de la Tierra, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista, y el senador Lawrence Seilhamer, del Partido Nuevo Progresista, presentaron un proyecto de ley para el etiquetado obligatorio de todos los alimentos con contenido transgénico vendidos en Puerto Rico.
Dice la exposición de motivos:
Ante el desconocimiento científico tan generalizado sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo de productos alimenticios producidos por medios biotecnológicos, no es posible determinar el alcance de los impactos o daños de estos productos, ya que estos efectos adversos en buena medida, están por descubrirse. Sin embargo, los consumidores deben tener la opción de comprar productos manipulados genéticamente, contando con suficiente información sobre ello, de tal forma que puedan hacer su propia elección. Así, el consumidor tiene la posibilidad de elegir entre alimentos que contienen organismos genéticamente modificados o producidos mediante la ingeniería genética y aquellos que son producidos por métodos convencionales...
Esta Asamblea Legislativa no puede sustraerse al debate sobre el peso que deben recibir los alegados beneficios de los productos genéticamente alterados, y la preocupación ciudadana, así como de la comunidad científica por los efectos que el consumo de esos alimentos pueda tener sobre la salud humana. En cumplimiento con el deber de velar por el interés ciudadano, debe reconocerse el derecho a la información que tiene todo consumidor, de tal forma que en el ejercicio de su albedrío, sea la ciudadanía quien tome, de manera conciente, la determinación de consumir o no, alimentos genéticamente alterados.” (5)
Este proyecto de ley no es noticia buena para Monsanto o para las demás compañías de biotecnología agrícola. Estas empresas se oponen tenazmente a que los alimentos transgénicos estén etiquetados, y han recurrido al cabildeo, publicidad millonaria y hasta amenazas de demanda contra los estados de Estados Unidos que aprueben legislación a este efecto. Esto nos lleva a la pregunta obvia: Si estos alimentos son tan sanos y seguros como alega la industria, entonces por qué oponerse a que estén identificados con etiquetas?
El sábado 25 de mayo, cientos de manifestantes se congregaron frente a la sede del Departamento de Agricultura de Puerto Rico en la avenida Fernández Juncos en Santurce para participar de la jornada mundial de acciones contra Monsanto, marchando hacia el Centro Minillas. El día anterior, Eliván Martínez lanzó un misil certero desde la revista cibernética 80 Grados:
“Usted que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polémica Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a ésta y otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar con semillas modificadas genéticamente.”
En cuanto a Monsanto, informa Martínez que:
“Se trata de una de las compañías más ricas del Planeta, que está en la lista de Forbes 500, y acaba de informar un crecimiento sin precedentes de un 22% en el último trimestre, en parte por el boom de transgénicos y del herbicida Roundup en Brasil y Argentina. Entre 2006 y 2013, esa empresa recibió $4.9 millones de dólares de los contribuyentes puertorriqueños en forma de subsidios de salarios para sus empleados, según la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias”. (6)
Definitivamente, Monsanto no está pasando su mejor momento en Puerto Rico. Pero no nos confiemos demasiado. La victoria es posible, pero la batalla por un país libre de transgénicos y agrotóxicos, por la soberanía alimentaria y un agro verdaderamente moderno y ecológico apenas comienza. No crean que el adversario está a punto de meterse el rabo entre las piernas y marcharse.
28 de junio 2013
Ruiz Marrero es autor, periodista investigativo y educador ambiental. Su cuenta Twitter es @carmeloruiz
Notas
(1)
https://www.alainet.org/es/active/65178?language=es
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