Estado, protección del ambiente, desarrollo y derechos humanos

Nicolás Boeglin

06/06/2013

Opinión

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Los defensores del ambiente en América Latina están de nuevo de luto, con la muerte acaecida esta vez en Costa Rica de Jairo Mora Sandoval, un joven biólogo asesinado el pasado 31 de mayo del 2013, mientras patrullaba con voluntarios extranjeros una playa del Caribe en Costa Rica donde vienen las tortugas a desovar. Semanas atrás, con periodistas a los que había externado las amenazas recibidas por su organización, había también indicado que “Si un policía dice que nos está apoyando, está mintiendo”

Aunado a estos hechos, las desafortunadas declaraciones brindadas esta semana por el Vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva a la cadena internacional de noticias CNN al explicar que Jairo Mora se “expusó” (y por ello ocurrió la tragedia que llenó de luto la semana del ambiente en Costa Rica) constituyen una nueva fuente de consternación para el movimiento ecologista de Costa Rica.

El pedir presencia policial, y recurrir a la prensa y a redes sociales para denunciar amenazas recibidas, es para que las autoridades reaccionen con miras a evitar una posible tragedia. La tragedia ocurrió y se esperaría ahora del Estado costarricense una reacción contundente para enviar una señal clara e inequívoca: la cual podría, por ejemplo, concretarse a partir de la propuesta de establecer algún refugio de tortugas en la zona Atlántica con el nombre de Jairo Mora (artículo de Juan Figuerola, Elpais.cr, 5 de junio del 2013). No sería esta la primera vez que la inoperancia e ineficiencia del Estado es sancionada con la declaratoria de un parque nacional o refugio natural en memoria de un ambientalista asesinado en Centroamérica: en el caso de Jeannette Kawas-Fernández (líder ambientalista asesinada en febrero de 1995 en Honduras cuya muerte no fue debidamente investigada), fue precisamente lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en abril del 2009 (ver texto completo de la sentencia) párr. 204-206. Mientras tanto, en Costa Rica la muerte de cuatro ecologistas en diciembre de 1994 e inicios de 1995 sigue en la mayor impunidad (caso AECO, ver artículo al conmemorarse los 18 años en diciembre del 2012)

Un discurso presidencial ináudito: Análisis recientes como la reseña realizada por el activista Mauricio Álvarez sobre la larga lista de muertes, amenazas y persecuciones a ambientalistas en Costa Rica, o el reciente “vuelo” de la filósofa Laurencia Sáenz (Al Vuelo, La Nación, 2 de junio del 2013) o el artículo del connotado abogado Alvaro Sagot (¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?, La Nación, 4 de junio del 2013) entre muchos otros escritos, hacen referencia a un curioso precedente: el discurso de la Presidenta Laura Chinchilla oído en octubre del 2010 ante la Cámara de Ganaderos de San Carlos llamándolos a ayudarla a luchar contra los movimientos ecologistas (audio disponible aquí). La curiosidad reside en el hecho – algo inusual y que solo un acucioso historiador costarricense podría esclarecernos para aclararnos si estamos ante una gran “première”- que, raramente, un mandatario costarricense ha llamado en tiempos de paz a un sector de la población a luchar contra otro sector. La ausencia de rectificación o aclaración posterior por parte de la señora Presidenta en relación a este discurso explica que posiblemente algunos hayan visto ahí una señal para emprenderla contra activistas, organizaciones, redes y muchas otras entidades abocadas a la defensa del ambiente. Este discurso (digno de ser oído una y otra vez) pareciera fundamentarse en la (falsa) dicotomía tendiente a oponer desarrollo y ambiente, haciendo a un lado la noción de desarrollo sostenible consagrada en 1992 en la Declaración de Río, en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas precisamente denominada “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Esta declaración incorpora el principio 4 según el cual “la protección del medioambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. No hay entonces oposición alguna entre desarrollo y ambiente. La protección del ambiente es garantía de desarrollo: algunos países más avanzados que otros han encontrado la manera de conjuntar a ambos: por ejemplo incorporando la variable ambiental en sus políticas estratégicas de desarrollo al elaborar una útil herramienta para fundamentar este tipo de decisiones como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Dicha figura, como nos los recordó hace unas semanas el Ex Secretario General de la SETENA, el geólogo Allan Astorga (“Decisiones estratégicas y participación social”, La Nación, 18/05/2013) está normada en Costa Rica desde el 2004 sin aún haber sido usada: en vez de una consulta amplia y organizada sobre temas sensibles al tratarse de proyectos o megaproyectos de gran impacto social y ambiental, se opta por decretos ejecutivos de dudosa procedencia que terminan usualmente en los tribunales de justicia de Costa Rica (ver artículo sobre foro realizado en el año 2009 en la Universidad de Costa Rica (UCR):”Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET”).

La interrelación entre ambiente, desarrollo y derechos humanos: Esta misma necesidad de unir desarrollo y ambiente llevaría un año más tarde a la comunidad internacional a adoptar, esta vez desde la perspectiva de los derechos humanos, la Declaración de Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de junio de 1993: por vez primera en la historia, se establece el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos entre sí, superando la (también falsa) dicotomía consagrada normativamente en 1966 en el marco de las Naciones Unidas entre los llamados derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos, sociales y culturales. El punto 5 de la Declaración establece que: “5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso /…/ los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Años después, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció un indicador con base en varias mediciones que incluyen indicadores sociales, ambientales además de los económicos: el Indice de Desarrollo Humanos (IDH). A este respecto vale la pena indicar que en los últimos años Costa Rica viene conociendo un deterioro generalizado de su IDH: del puesto 48 (años 2006 y 2007), paso al puesto 50 (2008), 54 (2009), 62 (2010) y 69 (2011) según reporta el último informe del Estado de la Nación (XVIII, Informe, 2012, p. 363). Desde hace 19 años, el Estado de la Nación (al que están adscritas las cuatro universidades públicas de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes), elabora valiosos y precisos diagnósticos anuales titulados precisamente “Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible” en los que desmenuza los logros y avances así como los vacíos y yerros del quehacer en esta materia en Costa Rica: estos últimos no parecieran mayormente preocupar a las autoridades de turno, y la lectura de los primeros informes en relación a la temática ambiental indican que las advertencias no lograron mayor respuesta por parte de sus autoridades.

Conclusión: Más allá del deterioro del IDH en Costa Rica, del deterioro generalizado del ambiente (ver reseña del biólogo Jorge Lobo, La mentira verde, La Nación 5/06/2013, o de José F. González, La hipocresía del país verde de Centroamérica, La Nación, 7/05/2013) que año tras año detalla el Capitulo Ambiental del Estado de la Nación, un discurso presidencial de octubre del 2010 a la fecha inexplicado, un llamado público de un ecologista pidiendo presencia policial que termina con su muerte, y unas desafortunadas declaraciones del Vicepresidente Alfio Piva a una cadena internacional constituyeron el marco factual de las celebraciones del Día del Ambiente en Costa Rica, convertido en un día de profundo luto y consternación el pasado 5 de junio del 2013. Algunas voces han advertido además que otro tipo de tortugas también tienen ambiciones en esta playa del Caribe costarricense pero que no se dejan ver (las denominadas “tortugas invisibles” según Juan Figuerola).

El repudio generalizado y la indignación latente en redes sociales y en medios de prensa por la tragedia sufrida por Jairo Mora en los distintos estrados de la sociedad costarricense son indicaciones de que esta ha hecho una lectura correcta de lo logrado en Rio en 1992 (y que ha venido plasmándose desde los años 90 en un sin numero de leyes, empezando por la reforma constitucional al Artículo 50 de la Constitución y la adopción de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995): esta última, por cierto cumple su mayoría de edad este año y amerita un leve remozamiento ya apuntado por varios especialistas como el profesor Mario Peña: “18 años de la Ley Orgánica del Ambiente”, La Nación, 26/03/2013.

Si bien el contenido de aquel discurso del 2010 preocupó en su momento a unos pocos, la indignación generalizada por esta muerte que nunca debió de ocurrir confirma la sólida recepción de la apuesta ambiental hecha por el país y los avances logrados desde varias décadas. No obstante, algunas autoridades dejan entrever que la superación de la antigua dicotomía ambiente/desarrollo les significa aún un verdadero desafío conceptual. Están a tiempo de rectificar y podrían aprovechar de este delicado momento para honrar, como se debe, la memoria de Jairo Mora Sandoval.

Nicolás Boeglin

Profesor, Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

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