Participación política de pueblos indígenas es saboteada por burocracia gubernamental

Louisa Reynolds

29/05/2013

Opinión

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El 16 de mayo, un grupo de jóvenes representantes indígenas, vestidos con sus trajes tradicionales, se reunieron en la sede del estatal Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), en Ciudad de Guatemala, para participar en un taller sobre liderazgo y gobernanza.

Además de estos talleres, el FODIGUA proporciona a las cooperativas de artesanías materiales para tejer, computadoras para escuelas primarias indígenas, suministros médicos básicos para comadronas indígenas, y paga los salarios de los traductores indígenas que trabajan en los tribunales de justicia guatemaltecos.

FODIGUA fue creado en 1994 como un fondo fiduciario de US$51 millones para ser gastado en un periodo de 20 años, lo que significa que cada año el gobierno destina un monto para el presupuesto anual. Pero lamentablemente el financiamiento ha sido inadecuado, asegura el director ejecutivo de FODIGUA, Guadalupe Zamora, indígena maya. Este año, la institución recibió $3.5 millones, que representa el 0.0002% del presupuesto nacional, para promover el desarrollo de los pueblos indígenas, que representan 40% de la población del país.

Para empeorar las cosas, el fondo se terminará en el 2015, lo que implicará que FODIGUA dejará de existir a menos que el Congreso apruebe una ley que la convierta en ministerio o agencia gubernamental.

La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA) enfrenta problemas similares. Fue creada en el 2002 para proporcionar asesoría legal a víctimas de la discriminación y abusos racistas. Desde que el racismo es considerado en un delito criminal en el 2002, por el cual la pena más alta es tres años de cárcel, 607 casos han sido denunciados ante el Ministerio Público, que sólo ha asegurado cinco condenas.

CODISRA tiene seis oficinas regionales, cada una con tres integrantes. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestales, la oficina de CODISRA en el noroccidental departamento del Quiché sólo cuenta con un miembro en su personal. El comisionado presidencial contra la Discriminación y el Racismo, Jacobo Bolvito, indígena maya, también se queja de que CODISRA carece de los recursos necesarios para lanzar campañas para promover la tolerancia y respeto, lo cual es parte fundamental de la misión institucional.

La falta de financiamiento ha obligado a muchas instituciones indígenas a depender de la cooperación internacional. La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), fundada en 1999, tiene un presupuesto asignado de $2 millones para este año, de los cuales $1.2 millones son fondos del gobierno y $795,000 provienen de donaciones extranjeras.

La defensora de la Mujer Indígena, Gloria Laynez, sostiene que aunque DEMI se esfuerza por contratar personal indígena que hable lenguas mayas fluidamente, la falta de acceso a la educación de las mujeres indígenas ha significado que sea difícil encontrar abogadas y consejeras indígenas para llenar las vacantes.

Organizaciones indígenas y partidos políticos

La política partidaria con frecuencia interfiere en las instituciones indígenas. FODIGUA, CODISRA y DEMI fueron creadas directamente por el Ejecutivo, que tiene el poder de eliminarlas a través de un decreto, o acuerdo gubernativo. Esto también significa que los representantes del gobierno con frecuencia participan en el proceso de elección de quienes las dirigirán.

La única institución autónoma indígena es la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), fundada en 1961, que publica diccionarios, libros de texto y literatura en lenguas mayas, y también dirige el canal maya TV5.

La ALMG tiene control total sobre los procedimientos administrativos internos y técnicos —incluyendo la elección de la persona encargada de la presidencia— pero depende del gobierno para la asignación del presupuesto anual.

“Hemos tenido un conflicto con cada oficialismo. Se piensa que se deben atender únicamente los proyectos de las comunidades que apoyan al partido oficial”, dijo Zamora.

En enero de este año, la antropóloga maya Irmalicia Velásquez denunció que la vicepresidenta Roxana Baldetti, del derechista Partido Patriota (PP), había cambiado los procedimientos para elegir a la titular de la DEMI para asegurar que el puesto fuera asumido por una integrante de su partido. Desde el 2008, la DEMI —la única dependencia gubernamental en América Latina que aborda específicamente las necesidades de las mujeres indígenas— ha brindado asistencia a 229,234 víctimas de violencia doméstica, discriminación laboral y otras violaciones a sus derechos.

Laynez, la actual defensora de la Mujer Indígena, es maya kaqchikel del municipio de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango, a 77 km de Ciudad de Guatemala, quien logró desarrollar una carrera política luego de haber sufrido violencia doméstica durante 12 años.

Ella admite abiertamente que pertenece al PP, pero asegura que las organizaciones rurales de mujeres apoyaron su elección y que un pequeño número de organizaciones de mujeres de la capital monopolizaban el proceso, lo cual llevó a que las organizaciones del campo pidieran la intervención del Ejecutivo para asegurar su elección. El incidente ilustra las tensiones existentes entre las organizaciones rurales y urbanas de la sociedad civil y la vulnerabilidad de las instituciones que carecen de autonomía.

Ventanas indígenas

Además de estas cuatro instituciones creadas para abordar exclusivamente los temas indígenas, la mayoría de ministerios gubernamentales tienen “ventanas indígenas”. La más grande e importante es la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), dependiente del viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación. La DIGEBI está a cargo de proporcionar educación bilingüe a estudiantes indígenas, derecho protegido por la ley. No obstante, debido a restricciones presupuestales, la DIGEBI sólo cubre a 22% de los municipios guatemaltecos con población mayoritariamente indígena.

La Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud y Asistencia Social asesora a las autoridades públicas sobre cómo hacer que sus servicios sean más apropiados culturalmente; uno de sus logros ha sido asegurar el derecho de las mujeres a dar luz de manera vertical de acuerdo con las costumbres indígenas.

El Ministerio de Cultura y Deporte tiene una Comisión de Lugares Sagrados —que incluye a chamanes mayas y representantes del gobierno—, para desarrollar una ley que garantice el derecho de las organizaciones indígenas para gestionar los lugares mayas ancestrales de manera autónoma y que todavía no ha sido aprobada por el Congreso.

El Organismo Judicial tiene una oficina que proporciona traductores que dominan lenguas indígenas y la Policía Nacional Civil posee una Oficina de Interculturalidad.

Sin embargo, líderes indígenas de base cuestionan la representatividad y alcance de esas instituciones.

“Las ventanas indígenas, considerando el nivel de decisión que tienen y el financiamiento, no responden a la problemática estructural. Cuando la dirigencia indígena del país sea quien diseñe estas instancias, podrían contribuir en avanzar la agenda de los pueblos indígenas”, dijo Udiel Miranda, del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala.

Fuente: Noticias Aliadas. http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6832

https://www.alainet.org/es/active/64352?language=es