El Tribunal de la Deuda Externa se reunió del 26 al 28 de abril, en el teatro João Caetano en Río de Janeiro, Brasil, en el mismo lugar donde fue ahorcado Tiradentes, héroe y mártir de la independencia, en presencia y con la participación de mil doscientas personas de diversas partes de Brasil, y diversos países del mundo. Promovido por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil -CNBB- y Caritas, el Consejo Nacional de las iglesias Cristianas -CONIC-, la Coordinadora Ecueménica de Servicios -CESE-, la Central de Movimientos Populares -CMP-, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra -MST-, y el Instituto de Abogados Brasileños -IAB-, con el apoyo de CORECON/RJ, SENGE/RJ, SINDECON/RJ, IERJ y PACS. El Tribunal tuvo como objetivos juzgar el caso brasileño de la deuda externa y reforzar la Campaña del Jubileo 2000 en favor de la eliminación de la deuda de los países de bajo ingreso y más endeudados. Por ser Brasil uno de los países con economía de ingresos medios y considerado emergente, y por ser uno de los países que tiene uno de los peores perfiles de distribución de renta en el mundo, con un cuarto de la población -40 millones de personas- situadas bajo la línea de pobreza, fue objetivo del Tribunal identificar la relación entre la deuda externa y esta situación de injusticia y miseria. Además de identificar los factores que originan, constituyen y agigantan la deuda externa, tanto como sus responsables, el Tribunal buscó a definir políticas alternativas y estrategias para superar, de forma sustentable, la crisis del endeudamiento externo y sus consecuencias sociales y ambientales. Tras tomar conocimiento de un amplio y múltiple material documentado, oyendo las presentaciones y testimonios de brasileños y especialistas de otros países, en cuatro sesiones -sobre el sistema financiero internacional; sobre el endeudamiento brasileño; sobre casos ejemplares del endeudamiento en otros países; y sobre las perspectivas de acción para enfrentar y superar la crisis del endeudamiento brasileño-, el Tribunal Popular, constituido por representantes de diversos sectores de la sociedad brasileña, llegó al siguiente veredicto: Considerando 1. Que según los estudios y datos presentados al Tribunal, la deuda de los países más pobres y más endeudados ya fue pagada y, en la forma contable actual es impagable; 2. Que la deuda brasileña, a partir de la última renegociación hace cinco años, aumentó de US$ 148 mil millones de dólares a finales de 1994 a US$ 235 mil millones en noviembre de 1998, y que en el período fueron pagados cerca de US$ 126 mil millones a los acreedores externos, indicando una velocidad insustentable de endeudamiento, al punto de que casi todos los nuevos contratos están destinados al servicio de la propia deuda, configurando un círculo vicioso de endeudamiento; 3. Que la decisión unilateral de los Estados Unidos a fines de los años 70 de aumentar la tasa de interés al nivel histórico de 4 a 6% a más del 20% en pocos meses, significó una traición a la buena fe de los contratos y, además de haber forzado a los países deudores a tomar préstamos para pagar los intereses, ocasionó un pago extra que correspondió a la perdida de US$ 106 mil millones de dólares para América Latina; 4. Que el hecho de que los acreedores impusieron a los deudores una tasa de riesgo para prevenirse de una posible incapacidad de pago, da a estos el derecho de declararse insolventes sin tributo; 5. Que gobiernos identificados con grandes empresas y bancos, endeudados con el exterior, han practicado la estatización de la deuda externa privada, socializando costos y comprometiendo aún más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa; 6. Que empresas públicas estratégicas fueron utilizadas como instrumentos de sobre-endeudamiento, comprometiendo su salud financiera y capacidad de inversión, sirviendo esto de pretexto para su ulterior privatización; 7. Que existe un vínculo explícito entre la deuda externa, el excesivo endeudamiento público interno, y la búsqueda de capital externo de corto plazo, sometiendo al país a una política de altísimas tasas de interés; 8. Que el gobierno, por concebir el sistema financiero como absoluto y como un fin, sacrificó la parte del presupuesto dedicada a gastos con políticas sociales y de dinamización de la economía interna para mantener al día el pago de las deudas financieras, teniendo como resultado el abandono de la salud, la educación, las políticas de empleo, de vivienda popular, de demarcación y garantía de las tierras indígenas y de sus condiciones de sobrevivencia como pueblos, de valorización de los enfermos y la niñez, de realización de la reforma agraria, de conservación y recuperación del medio ambiente; 9. Que las políticas económicas de ajuste del Fondo Monetario Internacional han demostrado ser desastrosas para los países que a ellas se someten, y sirven para aumentar aún más la deuda y otros pasivos externos de esos países, constituyendo una moratoria sin fin de las deudas sociales y ambientales, de los cuales los acreedores son la niñez, las mujeres y hombres trabajadores del campo y la ciudad, los negros, los pueblos indígenas y la naturaleza; 10. Que los Estados Unidos manipulan a la ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial y la OTAN, en función de sus estrategias de hegemonía y control de los pueblos y de la tierra; 11. Que el endeudamiento público brasileño siempre favoreció los intereses y privilegios de las élites dominantes; 12. Que el excesivo endeudamiento brasileño fue generado sobre todo en las últimas tres décadas, marcadas por los 21 años de dictadura, y por una transición hacia gobiernos civiles que completaron la rendición connivente de la política económica al capital financiero; 13. Que este endeudamiento fue constituido por gobiernos dictatoriales, por lo tanto ilegítimos y antipopulares, y que los acreedores de esos gobiernos, además de haber sido cómplices, tenían conciencia de los riesgos que implicaban esos préstamos; 14. Que la expansión de la deuda está relacionada con las élites brasileñas que, en toda la historia y actualmente, han sido conniventes con las instituciones financieras del exterior, tanto privadas y oficiales como multilaterales; 15. Que la deuda externa constituye una violación continua al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por la ONU el 16/12/66, que exige el reconocimiento del derecho de cada nación a la autodeterminación, al desarrollo económico, tanto como a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, y además que, en ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia; Los integrantes del Tribunal de la Deuda Externa deciden, por unanimidad: La deuda externa brasileña, por haber sido constituida fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin consultar a la sociedad, por haber favorecido casi exclusivamente a las élites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir la soberanía nacional, es injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente. En términos sustantivos ya fue pagada y persiste tan sólo como mecanismo de sumisión y esclavitud de la sociedad al poder financiero de la usura y la globalización del capital, y de la transferencia de riquezas hacia los acreedores. Por eso, este Tribunal condena el proceso de endeudamiento brasileño, que implica la subordinación a los intereses del capital financiero internacional y de los países ricos, apoyados por los organismos multilaterales, como injusto e ilegítimo. Responsabiliza a las élites dominantes por el endeudamiento excesivo y por haber abdicado de un proyecto propio de desarrollo para Brasil. Responsabiliza a los gobiernos y políticos que apoyan y promueven un proyecto de inserción subordinada de Brasil a la economía globalizada. Responsabiliza a los economistas, juristas, artistas e intelectuales que les dan soporte técnico e ideológico. Responsabiliza a la dictadura de los grandes medios de comunicación, que intentan legitimar la deuda y bloquean el debate sobre alternativas. Decide también comunicar a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, de la Unión, Estados y Municipios, esta decisión, para que la respeten por la legitimidad de la estructura y función social de este Tribunal. Asumiendo la esperanza presente en las luchas populares como alternativas de vida, relaciones sociales y de organización de la economía y de la sociedad, el Tribunal propone a todos los brasileños y brasileñas los siguientes compromisos estratégicos de acción: * Por la unión de todos los pueblos en favor de la anulación general e irrestricta de las deudas externas de los países de baja renta y más endeudados, la devolución de las riquezas que les fueron pilladas, sin imposición de otras condiciones sino la de la aplicación de los recursos ahorrados en el rescate de las deudas sociales, bajo el control de la propia sociedad y del pleno respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía. * Por la auditoría de la deuda pública externa y de todo el proceso de endeudamiento brasileño, con la participación activa de la sociedad civil, a fin de verificar contable y jurídicamente si todavía hay deuda que pagar, a quien ésta debe ser cobrada, y establecer las normas democráticas de control sobre el endeudamiento. * Por una moratoria soberana, por el rompimiento del Acuerdo con el FMI y por la redefinición de las deudas, con base en los resultados de la auditoría y en la afirmación de la soberanía nacional. * Por una política de desarrollo centrada en los derechos de la persona y de la sociedad y apoyada principalmente en los recursos materiales y humanos del país, superando la lógica y la práctica del endeudamiento irresponsable, vigente actualmente. * Por un firme control del cambio, que instrumente el gobierno para frenar la especulación y re-estimular la inversión productiva, incluyendo mecanismos efectivos de control, fiscalización de toda forma de entrada y salida ilegal de monedas (nacionales y extranjeras) y de mercaderías en general. * Por la renacionalización y democratización de las empresas estratégicas. * Por la renegociación de las deudas de los Estados y Municipios, vinculando los recursos ahorrados al rescate de las deudas sociales y ambientales, y refundando el pacto federativo en una perspectiva democrática y participativa. * Por el fortalecimiento de las movilizaciones y campañas como ATTAC, que exigen el establecimiento de mecanismos de regulación e impositivos a la circulación del capital especulativo internacional, apuntando a la creación de un fondo destinado al rescate de una vida digna para los más empobrecidos. * Por la participación en la Campaña Jubileo 2000, del Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones nacionales e internacionales, en una movilización que lleve a los Estados democráticos a proponer a la Asamblea General de la ONU una acción, junto al Tribunal Internacional de la Haya, para juzgar los procesos que originaron e hipertrofiaron la deuda externa de los países empobrecidos y altamente endeudados y a sus responsables. El presente Tribunal es el marco simbólico de una larga caminata. Llama por eso a los brasileños y brasileñas a participar, con esperanza y audacia, en las iniciativas que de él van a brotar, a continuar de pie, en las calles y plazas, hasta conseguir que Brasil sea de verdad una patria para todos, y que todos tengan condiciones de vida digna y de plena realización de la ciudadanía. Es nuestra decisión. Publíquese y divulguese. Es autorizada la subscripción solamente por todas las mujeres y hombres de bien. Rio de Janeiro, Patíbulo de Tiradentes, 28 de abril de 1999