La huelga nacional realizada en Perú el miércoles 28 de abril fue la mayor de los años 90, y constituyó la primera manifestación de alcance nacional contra el gobierno de Fujimori. Logró, además, juntar a fuerzas muy diversas, lo cual dio lugar a conjeturas sobre una eventual plataforma de oposición para las elecciones del año 2000. El paro, convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), constituyó una protesta contra el desempleo, la pobreza, la política económica del gobierno y las pretensiones reeleccionistas de Fujimori. Entre los 12 puntos de la plataforma del paro destacan, la flexibilización del modelo económico, la política de derechos humanos y la descentralización de los recursos del Estado. La medida paralizó parcialmente la capital, y en ciudades como Arequipa y Cusco, fue acatado por la mayoría de población. La convocatoria desbordó ampliamente las expectativas de la dirigencia sindical. Se estima que el factor que más contribuyó a juntar a sectores tan disímiles, fue el rechazo a la actitud del presidente Alberto Fujimori de querer aferrarse al poder, pues éste ha dejado abierto la posibilidad de candidatizarse para las elecciones presidenciales del año 2000. Además de los centenares de miles de trabajadores del sector público, del transporte y construcción que hicieron huelga, se sumaron a la medida medianos, pequeños y micro empresarios, a quienes el modelo recesivo ha afectado al igual que a la clase trabajadora. Así, muchas empresas acordaron acatar el paro sin efectuar descuentos a sus trabajadores. Inclusive la Asociación de Exportadores justificó el paro como "medida legítima" de los trabajadores, si bien no se plegó. Es más, la jornada adquirió el carácter de un paro cívico, con el respaldo de varios alcaldes, incluido el alcalde de Lima, Alberto Andrade. Desde antes del paro, el gobierno asumió una actitud de confrontación: retomó el discurso de las dictaduras de "los comunistas contra el Perú" y difamó a políticos. El día de paro, buscó descalificarlo con estadísticas (cuestionables): la mayoría de peruanos habría trabajado normalmente. Pero no cabe duda que el éxito del paro no fue principalmente por los números, sino por la amplitud de sectores que se adhieron y que dejó aislado al gobierno. Después de la huelga, Fujimori ensayó una nueva táctica: acusó a la oposición de carecer de una agenda para solucionar los problemas del país. Y a continuación, envió la pelota al campo opositor, al instar a los gremios empresariales y agrupaciones políticas a presentar propuestas constructivas. Incluso dejó abierto la posibilidad de no firmar con el FMI el Tercer Acuerdo de Facilidad Ampliada, si la oposición presenta alternativas que estén debidamente sustentadas, para lo cual dio un plazo de tres semanas. El Tercer Acuerdo traduce en términos económicos y sociales el plan de gobierno 1999-2000. Diversos especialistas en economía expresaron dudas que el gobierno tome en cuenta las sugerencias que le hagan llegar, al igual que en oportunidades anteriores. Desempleo: el problema mayor El gobierno de Fujimori, en el poder desde hace casi nueve años, enfrenta fuertes críticas porque no ha logrado disminuir la pobreza ni los niveles de desempleo. A pesar de que ha logrado el respaldo de inversionistas extranjeros, éste no se ha traducido en programas masivos de creación de empleo. Tampoco lo han hecho los programas de obras públicas. Incluso se critica que la reconstrucción post-Niño se ha vuelto interminable e inconclusa. La situación se ha empeorado con la crisis económica regional, que ha golpeado Perú este año. No sorprende, entonces, que según recientes encuestas, el principal motivo de desaprobación de la política de Fujimori es la falta de trabajo (53,1% de los encuestados). A pesar de que las cifras oficiales hablan de crecimiento económico, nadie les presta fe. Incluso hay contradicciones en el propio gobierno. Así, el mismo día en que el Primer Ministro, Joy Way, anunció que hubo un crecimiento económico de 2,5% en marzo (que un editorial del diario La República calificó de "fantasista"), el Ministerio de Trabajo publicó sus estadísticas para marzo, según las cuales en empresas de industria, comercio y servicios, con más de 100 trabajadores, el empleo disminuyó en 2,7% respecto a marzo 98, y en 6,1% en el sector industrial. Se anticipa que en este año preelectoral, y enfrentado a crecientes presiones populares, Fujimori aumentará el gasto público, pese al acuerdo de metas macroeconómicas comprometido con el FMI en abril. El gobierno ya ha anunciado que pondrá freno al programa de privatización para este año y que aumentará los sueldos del sector público y los pagos por beneficios y subsidios. Los sectores de poder económico temen, en cambio, que tales medidas podrían tener un efecto inflacionario. La popularidad de Fujimori, después de llegar al nivel más bajo de su presidencia en diciembre pasado (28%), ha visto una leve recuperación en las encuestas en los últimos meses, llegando a 40% a fines de abril. Si esta tendencia sigue, parece probable que Fujimori buscará un tercer mandato en las elecciones presidenciales del año 2000. Por ahora, su más serio rival es el Alcalde de Lima, Alberto Andrade, quien según las encuestas tiene actualmente 24% del apoyo contra 22% para Fujimori. La oposición permanece fraccionada, pero a raíz del paro, que dejó sentado un claro deseo de recambio, se ha puesto de nuevo en el tapete la necesidad de elaborar un programa común de la oposición "para la transición democrática". RECUADRO*** Perú: Primero en abusos a la prensa En Perú no existe libertad de prensa, y es uno de los tres países del mundo, junto con Jordania y Ghana, donde la prensa fue más duramente golpeada en 1998, según un estudio publicado por Freedom House en Nueva York, con motivo del Día Mundial de Libertad de Prensa (3 de mayo). Leonard Sussman, coordinador del estudio, señaló que, si bien los asesinatos y detenciones de periodistas prosiguen, los gobiernos utilizan cada vez más legislaciones sutiles, tales como "leyes contra el insulto" para restringir las críticas. El caso de Perú se destaca para este tipo de "censura a escondidas". El informe señala que en Perú, "desde 1992, muchos periodistas de prensa escrita y radio han sido intimidados". Además, periodistas peruanos han sido objeto de "demandas por difamación, arrestados o colocados en arresto domiciliario"; se cita además el caso del empresario israelí, Baruch Ivcher, quien fue despojado de la nacionalidad peruana y de un canal de televisión. Este caso está actualmente en consideración de la Corte Interamericana. Cuatro periodistas se encuentran encarcelados en el Perú. Días antes de la publicación del informe, el Presidente Fujimori salió a la defensiva para negar acusaciones de que el Servicio de Inteligencia Nacional tendría planes para espiar a directores de dos medios escritos -La República y El Comercio- así como a periodistas de canales de televisión. Por su parte, el director del diario El Comercio, Alejandro Miró Quesada Cisneros, si bien sostiene que existe libertad de prensa en Perú, reconoce que ésta ha sufrido restricciones, impuestas especialmente a través de amedramiento contra periodistas. Advierte, además, que "en caso de que se de la reelección presidencial y Fujimori asuma un tercer período, veo riesgoso la situación de libertad de prensa". También señala la dificultad que tienen los periodistas para acceder a las fuentes de información de los organismos públicos, debido a que no se ha fomentado una cultura de difusión y acceso libre a la información. Ni siquiera los medios de la Iglesia se escapan a la intimidación contra la prensa. Por ejemplo, del Vicariato de Jaén denuncia que desde enero de 1999, los trabajadores de Radio Marañon, voz del vicariato, han sufrido una larga serie de agresiones verbales y físicas. Ocho de ellos han sido agredidos, uno incluso abaleado. Se desconoce quienes son los responsables, pero el Vicariato sospecha "que se trata de algún grupo de poder afectado por el trabajo de la Radio,.. y que trataría de acallar su voz en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente". El Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) se dedicó este año al problema de la impunidad de la mayoría de crímenes y atentados contra periodistas. Se señaló que la mayoría de crímenes contra periodistas en el mundo se da en torno a investigaciones de casos de corrupción o abuso de poder.