Acorde con los sofocantes calores con los que se está despidiendo la época veraniega, la crisis social que afecta a este país centroamericano ha venido subiendo hasta llegar en un punto de ebullición que ha sumido a los nicaragüenses en un profundo estado de ingobernabilidad y violencia callejera que ha cobrado ya varias víctimas. Protestas estudiantiles, una huelga nacional de transporte, enfrentamientos con las fuerzas del orden, la paralización de la Asamblea Nacional, la detención de dirigentes sandinistas en diferentes barrios capitalinos y la incapacidad gubernamental de dar respuestas a los reclamos populares, son los principales ingredientes de una situación que tiene a Nicaragua al borde del caos. Protestas estudiantiles Primero fueron las protestas estudiantiles, que desde la segunda semana de abril pasado reclaman al gobierno que otorgue el 6% del presupuesto nacional de la república, conforme lo estipula la Constitución Política debe entregarse a las universidades. El conflicto tiene su origen en la falta de claridad del enunciado constitucional y en la interpretación que hace cada uno de los interesados. Mientras la comunidad universitaria argumenta que este monto debe incluir los ingresos extraordinarios, el ejecutivo sostiene que el precepto únicamente se refiere a los ingresos ordinarios. La diferencia viene a ser de 143 millones de córdobas (11.5 córdobas por dólar). El presupuesto de la república, que aún no ha sido aprobado por el parlamento, se ha calculado en 6,512 millones de córdobas, más 2,900 millones de córdobas que el gobierno espera obtener en calidad de donaciones y préstamos de la comunidad internacional. Inicialmente, las autoridades habían ofrecido 390 millones de córdobas para las universidades, lo que encendió la rebeldía de los jóvenes universitarios pues esa cantidad representaría apenas poco más del 4% En sus protestas, que se han venido repitiendo año con año desde 1992 cada vez que se discute el presupuesto nacional, han incluido tomas de edificios públicos y piquetes de agitación en distintos puntos de la capital, los universitarios han reeditado algunas de la escenas que caracterizaron al país a inicios de 1979 cuando una insurrección popular terminó con la dictadura de Anastasio Somoza. Usando morteros y "bombas de contacto" (explosivos caseros), los jóvenes han hecho frente a la represión policial ordenada por las autoridades en un afán de acallar las protestas. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden han dejado ya más de una decena de estudiantes y policías heridos, y la muerte de un universitario producto de una herida de una bala de goma disparada las fuerzas del orden. Y si bien existe un consenso generalizado en apoyo al reclamo estudiantil, muchos sectores de la sociedad han criticado el uso de explosivos por parte de los universitarios y la expresión violenta de las protestas, especialmente después que a un niño de 12 años le explotara una bomba de contacto que había encontrado abandonada en los predios de un recinto universitario y que le cercenó la mano derecha, provocándole severas quemaduras y daños irreparables en su ojo derecho. En otro accidente, un universitario resultó gravemente herido cuando los explosivos que cargaba en su mochila le explotaron en la espalda. Transportistas en huelga A las manifestaciones juveniles se han sumado las protesta de los transportistas, que reclaman una reducción en el precio del diesel que recientemente aumentó a 16.50 córdobas el galón, precio que incluye un alto impuesto, que representa casi el 40% (7 córdobas) de ese valor, lo que lo hace el más caro en toda la región centroamericana. Los economistas del gobierno aseguran que es imposible acceder a esa demanda, pues al eliminar ese impuesto se pondría en riesgo el plan económico gubernamental; a lo que los transportistas responden que el gobierno podría salvar esa situación eliminando muchos los gastos suntuarios de los funcionarios gubernamentales. Además de la reducción del precio del combustible, los transportistas exigen también la exoneración de impuestos para la importación de repuestos automotrices y otros insumos importantes para el sector, una moratoria en la concesión de nuevas rutas y la revisión de las entregadas en los dos últimos años. Según denuncias de líderes transportistas, y como han comprobado diferentes medios de comunicación, las autoridades han beneficiado a integrantes del partido gobernante con autorizaciones para operar como transportistas, en detrimento de los cooperativistas del gremio. Tras varias rondas de infructuosas negociaciones, los transportistas finalmente decidieron lanzarse a una huelga en la que según sus portavoces participan unas 10 mil unidades. Iniciado el jueves 28 de abril, el paro se ha sentido en todo el territorio nacional, y también ha provocado ya varios enfrentamientos con las fuerzas policiales, no menos violentos que los protagonizados con los estudiantes universitarios. La virulencia de los enfrentamientos, que también ya cobraron un muerto, se ha debido en parte a la participación de diferentes pandillas juveniles, fenómeno social surgido recientemente producto de la descomposición social que ha sufrido el país a partir de 1990. Los jóvenes pandilleros se han involucrado tanto a favor como en contra de los transportistas. Según diversas fuentes, por cada día de paro el país ha perdido 7 millones de dólares. Para enfrentar la situación, el Presidente Arnoldo Alemán aprobó un plan conjunto de la Policía Nacional y el Ejército para resguardar los principales edificios públicos y garantizar la libre circulación en las calles, medida que ha sido tomada con cierto recelo y que se ha interpretado como un paso preliminar de una declaración de un estado de excepción. A la par de esa medida, la policía igualmente se ha dado a la tarea de capturar líderes sandinistas de diferentes barrios capitalinos, sin mayor explicación y en varias ocasiones sin orden judicial. Parlamento suspendido El caos generalizado en las calles tiene también su paralelo en la Asamblea Nacional (parlamento), paralizada desde el 14 de abril, cuando la directiva, dominada por diputados liberales, aprobó varios artículos de la Ley del Presupuesto de la República sin permitir la correspondiente discusión de los mismos, al negárseles a los representantes sandinistas exponer sus consideraciones y propuestas. Ante esa situación, considerada una violación a sus derechos y a los estatutos del parlamento, los diputados sandinistas reclamaron acremente, protestas que degeneraron en un verdadero enfrentamiento boxístico luego que un diputado liberal agrediera físicamente a una representante sandinista. En medio del barullo, la directiva decidió suspender las sesiones parlamentarias, las que para los sandinistas solo pueden reanudarse si se abre la discusión de los artículos de la ley del presupuesto que los liberales consideran ya aprobados, punto en el que la bancada oficial se niega a ceder. A esta crisis institucional se sumó también un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el dictamina que el gobierno ha incurrido en la ilegalidad al pretender seguir funcionando sin la aprobación del presupuesto de la república, como hasta ahora lo ha venido haciendo. ?Un plan sandinista? El presidente Alemán ha pretendido enfrentar la crisis con una campaña propagandística en la que afirma que todo obedece a "un bien orquestado plan sandinista" para desestabilizar a su gobierno, acusación que el FSLN ha rechazado. Sin embargo, en la celebración del día internacional de los trabajadores, el primero de mayo, el máximo dirigente sandinista, Daniel Ortega, expresó que "el pueblo tiene derecho a insurreccionarse" ante el irrespeto a la ley por parte del gobierno y al cerrársele los espacios cívicos de lucha. Su discurso fue interpretado por diversos analistas como un llamado a la violencia en contra de la autoridades. Conforme a encuestas dadas a conocer por los medios de comunicación, una amplia mayoría de la población rechaza los métodos violentos en las protestas, y piensan que para la solución de la crisis es indispensable un acuerdo nacional. La más contundente de estas encuestas fue la realizada por el Instituto de Estudios Nicaragüenses, con fondos de la agencia sueca para el desarrollo, el la que un 97% de los entrevistados reclama la negociación y el entendimiento para solucionar la crisis. Llegan acuerdos Tras fracasar en sus intentos de resquebrajar la huelga al suscribir acuerdos con algunas cooperativas de dudosa legalidad, las autoridades decidieron llamar nuevamente a negociaciones a los dirigentes del gremio. Sorpresivamente, en menos de ocho horas de negociación, cuando se esperaba un recrudecimiento de la violencia, el martes 4 de mayo las partes lograron alcanzar un acuerdo que puso fin a la huelga nacional del transporte. Las autoridades accedieron prácticamente a todas las demandas de los huelguistas, excepto reducir el precio del diesel a como estos pedían. Este quedó a 15 córdobas el galón en todas las distribuidoras del país. "No es el mejor acuerdo, no es todo lo que hubiéramos querido, pero ha sido un gran paso, una victoria para los transportistas", declaró uno de los líderes de los huelgistas. En tanto voceros oficiales decían que con el acuerdo "es Nicaragua la que ha ganadado". En el documento suscrito, el gobierno también se comprometió a revisar periódicamente el precio del combustible a fin de ir reduciendo los costos de operación de los transportistas. El gobierno también alcanzó un acuerdo con la comunidad universitaria, en el que se compromete entregar 420 millones de córdobas para las universidades; y gestionar ante la comunidad internacional el monto restante que complementaría el constitucional 6%. Pero este acuerdo ha sido cuestionado por los estudiantes universitarios, quienes han dicho que lo someterán a referéndum entre sus compañeros para decidir si lo aceptan o no. En caso de ser rechazado, los estudiantes han prometido que volverán a las calles. Al margen de haberse resuelto momentáneamente estos dos conflictos, en Nicaragua persiste latente la presencia de una violencia social e institucional que tiene su origen en el plan económico que ha impuesto el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, cuyas cuotas de sacrificio para lograr sus metas están siendo pagadas por los más pobres -que es la mayoría de la población- los que a su vez son excluidos de los beneficios que este plan puede ofrecer. Así las cosas, Nicaragua vuelve a su anormal normalidad.