Benjamín Altamirano terminó de almorzar y, con sus amigos, caminó algunas cuadras hasta su oficina. Nunca llegó allí. Fue interceptado por varios hombres que, a golpes, lo metieron en un vehículo que partió con rumbo desconocido. Sólo a la mañana siguiente se conoció que había sido asesinado e, incluso, se intentó incinerar su cadáver. La macabra forma de cobrar cuentas a un alcalde que se resistía a responder por los gastos poco transparentes de su gestión, es sólo la punta de un problema de grandes dimensiones que puede cobrar nuevas víctimas, si no se encara una solución de fondo. El delito Altamirano fue secuestrado aquí, en La Paz, donde seguía manejando los asuntos del municipio de Ayo Ayo que, en su oportunidad, lo eligió alcalde. Los abusos de poder llegaron a ser tan evidentes que, el Concejo municipal lo destituyó. Pero, las autoridades no respaldaron esa decisión local y Altamirano siguió manejando los asuntos de la alcaldía... ¡desde La Paz! En Ayo Ayo, como en muchísimas poblaciones del país, no hay una fuerza policial suficiente. Un par de gendarmes, una habitación convertida en oficina y a veces en carceleta, es todo lo que puede encontrarse. La tarde en que llegaron allí Altamirano y sus secuestradores, los gendarmes supieron que, una vez más, no podrían hacer nada. Es más: en La Paz, un fiscal recibió la denuncia de los familiares de Altamirano, pero se negó a ir, aduciendo problemas de seguridad personal. Ahora está haciéndose la investigación y hasta se halla detenido un sospechoso. Sin embargo, los culpables del asesinato, han logrado el respaldo, o al menos el silencio, de los 2000 habitantes de la población. Hábilmente, han proclamado que esa muerte es una forma de justicia comunitaria. Autoridades comunitarias y entendidos en la materia, desmienten tal extremo: la justicia comunitaria castiga, pero no mata. Las causas En el fondo de esta problemática se halla un fermento de corrupción que parece contaminar todas las actividades del país. El ex presidente Sánchez de Lozada, haciendo gala de su humor negro, dijo: antes, para ser corrupto, había que estar en La Paz; ahora, se puede ser corrupto en todos los municipios. Hasta hace poco, las capitales de departamento y algún municipio de ciudades intermedias contaban con presupuesto para sus actividades; el resto de los municipios carecía de recaudaciones y no recibía ningún apoyo del gobierno central. La aplicación de la Ley de Participación Popular y los programas HPIC I y II, llevaron fondos a las alcaldías. Pese a que los papeles señalaban las exigencias de Programas Operativos que justificaran los gastos, la corrupción que marcó a los gobiernos neoliberales, desde 1985, se constituyó en la forma de ganar adeptos partidarios y de mantener a los ya conquistados. En La Paz, sede del gobierno central, en la década anterior, hubo una seguidilla de alcaldes corruptos, que cumplieron cárcel preventiva, aunque no han sido definitivamente sancionados. En provincias, las denuncias de corrupción son constantes. Los partidos del modelo neoliberal respaldan a sus secuaces y, por regla general, el delito queda impune. Las soluciones son particularmente difíciles, porque los bandos que se forman en cada municipio, reclaman una solución a partir de su propia percepción; de modo que, cualquiera sea la decisión de las autoridades, habrá un bando que reclamará, acusando a éstas de parcialidad. Por cierto, la falta de precisiones claras en la ley, la lentitud con que se buscan soluciones y, en más de una ocasión, la inequidad, contribuyen a que los problemas se agudicen. Con decisión En tanto subsistan estas causas, los problemas de los municipios persistirán. En diciembre próximo, hay elecciones municipales. La realidad actual preanuncia cambios sustanciales en la composición de los concejos municipales. Sin embargo, habrá que trabajar con agilidad para sentar las bases de solución de estos temas. Por supuesto, el crimen cometido no puede ocultarse tras la justicia comunitaria. Hay que castigarlo severamente. Pero, la solución de fondo radica en una recuperación de la legitimidad de los gobiernos, en el nivel nacional, en el departamental y en el municipal.