Ciudad de Guatemala, 14 de abril de 2013. Los peritos de la parte acusadora en el juicio contra el ex golpista Efraín Ríos Montt han demostrado que en Guatemala se cometieron los delitos de genocidio y actividades de deberes contra la humanidad, entre ellos, la abogada española Paloma Soria afirmó que las violaciones sexuales contra mujeres indígenas ixiles fueron generalizadas y sistemáticas, ellas fueron consideradas un objetivo de guerra.

Esta mañana 20 lideresas y representantes de organizaciones de derechos humanos expresaron su satisfacción por el proceso judicial que se sigue contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, altos mandos del ejército de Guatemala, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, “aplaudimos el estricto apego al Estado de Derecho y a las garantías procesales con las que ha actuado el Tribunal A de Sentencia de Mayor Riesgo, el cual ha respetado las garantías de todos los sujetos procesales (incluidos los acusados y su representación legal)”.

Esta declaración se conoce al mismo tiempo que militares retirados y adeptos civiles de los castrenses inculpados difunden propaganda para descalificar el juicio, utilizando un lenguaje amenazador contra defensores de derechos humanos y funcionarias del sector justicia, como la Fiscal General Claudia Paz y Paz y la Presidenta del Tribunal y jueza Jassmín Barrios.

La Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, aseguró que el juicio referido es historia oficial, un gran precedente de un tribunal nacional, lo importante son las pruebas que se están presentando para demostrar que hubo genocidio, en contraste, los abogados defensores “no quieren hablar sobre los delitos que se imputan” sólo están interesados en desacreditar la verdad de las víctimas.

Durante las audiencias los abogados defensores se abstienen de preguntar, en contraste, mantienen una campaña mediática para deslegitimar los testimonios de víctimas y peritos, señaló Luz Méndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), quien resaltó “en las comparecencias se ha demostrado que las violaciones sexuales son constitutivas de genocidio”.

A decir de la activista humanitaria, Helen Mack: “queremos escuchar lo que sucedió en el conflicto armado, las dos versiones”, pero los abogados de los militares sólo están interesado en polarizar y amenazar, tras precisar en el territorio ixil, donde su población exige justicia por los delitos que sufrieron durante la guerra, el gobierno actual del también general Otto Pérez Molina aprueba la instalación de grandes hidro-eléctricas a pesar del rechazo de la mayoría de sus habitantes.

Las atrocidades cometidas por el ejército al mando de Ríos Montt (masacres, desplazamientos, violaciones y ataques sexuales, reclutamientos forzosos, prohibición del uso del idioma indígena, quema del maíz, etc.) son pruebas del delito de genocidio, así lo han venido demostrando las personas especialistas que presentaron peritajes culturales, psico-sociales, de género, racismo, forenses, estadísticos.

Paloma Soria expuso con suficientes argumentos cómo la violación sexual fue una práctica de tortura en el área ixil, que generó graves traumas por la absoluta deshumanización de tales hechos que incluyeron a niñas y ancianas, así como a indígenas embarazadas, cuya intención fue exterminar un grupo étnico, afectando a las mujeres, sus familias y comunidades.

La psicóloga Nieves Gómez resaltó que lo vivido por la población ixil durante esa época representó un hecho traumático en sus vidas que hasta la fecha padecen, manteniendo un constante terror y miedo. En tanto el historiador Ángel Valdez explicó que durante el periodo señalado las personas ixiles fueron consideradas un objetivo militar, ya que se les acusó a todas de ser guerrilleras sólo por su identidad étnica.

Cabe señalar que este juicio inició el 19 de marzo y se espera concluya entre el 22 y 25 de abril. Mientras tanto, Zainab Hawa Bangura, representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, declaró que llevar justicia a los crímenes del pasado en Guatemala, ofrece esperanza a sobrevivientes de violencia sexual.

“Exhortamos a respetar irrestrictamente la independencia de poderes y a mantenerse en el marco jurídico que la ley les otorga, a fin de no excederse en sus funciones y con ello procurar impunidad”, anota el pronunciamiento suscrito por varias agrupaciones, entre ellas, la Alianza Política Sector de Mujeres, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, Concejo Ecuménico de Iglesias, Seguridad en Democracia , Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Recuento breve de una lucha

En 1999, el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico reportó que en Guatemala se registraron hechos de genocidio, reconoció que las cifras de violación sexual contenían un sub-registro, pero que ese tipo de violencia estuvo dirigida en un 99 por ciento contra mujeres, “siendo indígenas la gran mayoría de ellas (80%)”. Este documento fue mencionado desde 2002 en el juicio que sentenció a un militar como autor material del crimen de la antropóloga Myrna Mack, por ello sentó jurisprudencia para ser retomado en otros procedimientos judiciales.

En marzo de 2010, se realizó el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado Interno, donde se presentaron varios casos de violencia sexual. En esta actividad se concluyó que tales hechos junto con otros delitos de genocidio “son imprescriptibles”, por tanto deben ser juzgados a pesar de que ocurrieron principalmente en la década de los ochenta.

En agosto de 2011, se sentenció a cuatro ex-kaibiles (militares especializados en guerra contrainsurgente) por la masacre de 201 personas en la comunidad Las Dos Erres, Petén, ocurrida en diciembre de 1982. Aunque se denunciaron casos de violaciones sexuales perpetradas por soldados, esos delitos no se retomaron al momento de la sentencia.

En julio de 2011, la abogada guatemalteca María Eugenia Solís presentó un peritaje ante la Audiencia Nacional Española, y mediante las gestiones de la organización litigante Women Link Worldwide se logró que el juez Santiago Pedraz, incluyera los crímenes de género en la querella de genocidio interpuesta en 1999 por Rigoberta Menchú y otras organizaciones, bajo el principio de justicia universal.

En septiembre de 2012, quince mujeres q’eqchi’es -algunas de ellas muy enfermas- ofrecieron sus testimonios ante un juez, como prueba anticipada de los crímenes sexuales que el ejército cometió contra su humanidad durante la guerra, en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal. Una de ellas, ya murió.

“Sin duda, todo este caminar hay que tomarlo en cuenta al momento de seguir el juicio contra Ríos Montt, ya que han sido demostradas en testimonios y peritajes las agresiones sexuales contra mujeres ixiles como parte del genocidio”, concluye Maya Alvarado, representante de UNAMG.

- Rosalinda Hernández Alarcón es periodista mexicana, residente en Guatemala, coeditora de la publicación feminista laCuerda.