Las opiniones de los comerciantes uruguayos son coincidentes. El consumo sigue acotado y el crecimiento proclamado por el Ministerio de Economía, no es más que el resultado del ingreso por exportaciones que no se traslada, por supuesto, a la población. El salario sigue achatado, a límites agobiantes, determinando el subconsumo en el promedio de los casos y, por consiguiente, ello sigue resintiendo a quienes ofertan productos de circulación masiva. Ahora el gobierno, en otra muestra de insensibilidad, se muestra molesto porque en la Cámara de Diputados se votó por 49 votos en 53, una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo en base a la que se propone otorgar un incremento masivo a jubilados y pensionistas, de 500 pesos (unos 17 dólares mensuales) lo que sumaría, de acuerdo a la operación aritmética que se realiza, unos 150 millones de dólares anuales. Lo que no tiene en cuenta el ministro Alfie es que ese dinero, de inmediato, se volcaría al consumo, agrandando la base monetaria de nuestra economía que, durante la crisis, se redujo a la tercera parte. Y tampoco dice que si ese incremento ocurriera y se volcara al consumo, como los impuestos en este país son de característica pro cíclica, crecería la recaudación en la proporción de la suma que se volcara sobre la economía. Sobre esa cantidad se podría calcular el IVA encadenado, impuesto indirecto que siempre ha tenido una influencia nefasta sobre el crecimiento del país, se podría calcular que esa mejora de 500 pesos por jubilado y pensionista, determinaría un incremento inmediato de los ingresos para la Dirección General Impositiva. Sin embargo, el ministro de Economía Isaac Alfie, con sus manuales atrasados, sigue sosteniendo que ello sería negativo. Parte de la conclusión de siempre, que la forma que tiene el gobierno para acumular dólares y llegar al 3.5 puntos del superávit previo exigido por el FMI, es seguir apretando el cinturón de la gente. Si los jubilados y pensionistas cobraran 500 pesos más por mes, cada uno de ellos compraría algo más leche, carne, quizás zapatos, etc., podrían dejar de aparecer como morosos de UTE. Es una suma exigua, insuficiente para mejorar las condiciones de los pasivos que cobran menos, pero que serviría – eso si – para dar un vuelco a una tendencia perniciosa de nuestra economía. Esa suma mejoraría en 150 millones de dólares, al año, la capacidad de compra de un sector, dinero que se trasladaría de inmediato al comercio que debería surtirse en mayoristas, muchos de los que – en lugar de importar sus insumos – movilizarían a sectores de la industria nacional. Lo que decimos es de una obviedad tal que sorprende tenerlo que repetir ante cada medida del gobierno, que siempre con sus criterios pro cíclico, hace lo contrario. Trata de retacear el ingreso de la población por diversas vías, una de ellas es el aumento de las tarifas públicas, que desencadena una cascada de incrementos que los trabajadores, jubilados y pensionistas, deben hacer frente con ingresos que pierden cada día mayor poder adquisitivo. Es de esperar que el ministro Alfie, que tiene el antecedente de sostener, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, que no existe una mayor marginación en el país sino, simplemente, una emigración desde el campo a la ciudad, no salga a decir, con la inconsistencia que lo caracteriza, que el país está en el buen camino. Estamos en un país en que la indigencia se está expresando, como en el departamento de Artigas, en una dramática desnutrición infantil, y que la pobreza de casi un millón de personas se ve en cada calle, en cada carrito de hurgador que no solo levanta basura para comercializar, sino que en ocasiones, quién lo conduce, damnificado de las deficientes políticas económicas, come los restos que allí encuentra, escena de un dramatismo atroz que se puede ver en cada esquina de la ciudad. En Montevideo - ¿lo sabrá el ministro de Economía?- hay barrios completos donde la mayoría de sus habitantes no tienen ingresos formales. De allí salen los hurgadores, pero también es donde se engendra la violencia, tanto contra la propiedad como las personas. La política de gobierno ha dividido a nuestra sociedad, entre los que buscan sobrellevar su miseria, y quienes defienden su estilo de vida tras rejas, cada vez más altas, que a la larga si esto sigue así, de nada servirán. El exiguo aumento de 500 pesos para los pasivos sería un paso positivo, pese a que en los casos puntuales, no resolvería muchas cosas. Pero, eso sí, sería emprender un camino nuevo, apoyando a un sector postergado que, de paso, determinaría movilizar, en algo, a la economía que sigue languideciendo junto al endémico consumo de la población. Lamentablemente, somos pesimistas. Que el gobierno cambie de línea sería un hecho realmente sorprendente.