Puerto Rico

Cobra fuerza el asedio interno al gobierno

Jesús Dávila

25/03/2013

Opinión

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San Juan, Puerto Rico, 26 de marzo de 2013 (NCM) – El gobierno autonomista, ya debilitado en la estimación pública por la entrega del aeropuerto, enfrenta ahora la posibilidad de una investigación de la Legislatura por una operación policial de corte totalitario en el sistema de salud y la explosiva revelación de que ha orquestado despojar a la universidad del Estado de la base legal y material de su autonomía.

En medio de la vorágine, el Gobernador, Alejandro García Padilla, mantiene su posición de hombre de palabra, pero no logra despejar dudas de si está al mando de las intrigas o si es prisionero de una camarilla que más parece una curia real en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.

El caso es que luego de meses de que se denunciara infructuosamente que en el Departamento de Salud opera de forma irregular una Oficina de Investigaciones con su propia división de inteligencia y arsenal de armas, municiones y otros pertrechos, el asunto pasa a manos de la Legislatura. La senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, ha presentado una resolución para investigar el espinoso tema.

La acción de la senadora pone en una situación difícil al gobernador, que hasta ahora sólo ha logrado que sus subalternos en el Departamento de Salud sigan posponiendo la entrega de un informe detallado de esa oficina requerido desde enero pasado. Pero, continúan las obras de preparación del edificio de la Oficina de Investigaciones, que tiene acuerdos con agencias policiales de Estados Unidos y gestiona que algún medio noticioso publique una versión favorable.

Aún sin comenzar a desenredarse la maraña sobre la Oficina de Investigaciones, surge el caso del asalto a la autonomía universitaria, que se había mantenido en secreto, disimulado en un proyecto de ley para dar mayor participación a estudiantes y profesores en el gobierno interno de la Universidad de Puerto Rico.

La primera voz de alerta la dio la profesora Ana Matanzo, ex decana de Derecho y representante claustral en la Junta de Síndicos de la UPR, quien encontró que el proyecto de ley contenía lo que parecía ser un error, al eliminar la sección que estipulaba de manera explícita los poderes corporativos autónomos de la institución. La tardanza del Palacio en aclarar dudas sobre el tema motivó una investigación, que cubrió un período de veinte años de lo que parecían ser errores que crearon una situación legal incierta y que el actual gobierno autonomista pretende agravar.

En efecto, el nuevo proyecto de ley que se proclama como uno para devolver la autonomía a la UPR, en la realidad le quita de manera explícita toda una serie de poderes a la institución, como son los de gobernar el presupuesto que le otorga el Estado sin control externo y administrar su tesoro de herencias acumulado durante más de un siglo. Ese nuevo asalto se produce a contrapelo del prolongado alzamiento estudiantil que incluyó dos huelgas y logró detener un intento poco disimulado para privatizar la UPR pero que conllevó un costo para cientos de estudiantes que resultaron lesionados, heridos, torturados en público o arrestados ilegalmente y miles que sencillamente no pudieron continuar sus estudios.

El problema es que mantener la credibilidad con la llamada comunidad universitaria es estratégico para el gobierno autonomista, que ya se ha echado en contra diversos sectores por acciones como entregarle el aeropuerto internacional a un consorcio mexicano-estadounidense, reducción en los beneficios a la mayoría de los pensionados y los aumentos en los años para el retiro. En el frente externo, le afectan la reiterada degradación de los bonos de Puerto Rico por parte de Wall Street, la insistencia en EEUU de proteger de la competencia extranjera a la pequeña y destartalada flotilla que se encarga del comercio marítimo con la metrópoli y hasta la negativa de Washington de siquiera acusar recibo de su protesta contra la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico.

El nuevo enredo comenzó en 1993, cuando se le quitó a la UPR el poder de controlar la educación universitaria del país y se encargó esa supervisión al Consejo de Educación Superior, en tanto el gobierno interno de la UPR se confió a la Junta de Síndicos. Fueron dos leyes gemelas con números consecutivos -16 y 17- en momentos en que ya despuntaba el crecimiento del sector universitario privado favorecido por fondos del Gobierno de EEUU.

En aquella ocasión, el entonces gobernador Pedro Rosselló tuvo la previsión de firmar las dos leyes en un mismo acto e incorporar en la ley sobre la Junta de Síndicos los poderes de autonomía interna explícita de la UPR mientras en la del Consejo de Educación Superior se especificó que se derogaba de la Ley de la Universidad el poder para reglamentar las demás universidades. Pero en Leyes de Puerto Rico Anotadas, que hace un contratista para el Departamento de Estado, alguien cometió el presunto error de eliminar de la Ley Universitaria las dos secciones.

El error no tuvo mayor consecuencia práctica durante veinte años, porque la UPR continuó operando con la copia de la nueva ley que mantenía bajo su custodia. Al surgir el nuevo intento de derogar –esta vez de verdad- la sección sobre las prerrogativas autónomas de la UPR, NCM Noticias obtuvo copia oficial del documento con la rúbrica de la secretaria auxiliar de Estado y fechado aquel mismo día 16 de junio de 1993.

Según se iba confrontando a los funcionarios de Palacio con los documentos, iban ensayando respuestas cada vez más inverosímiles, hasta que llegaron a afirmar que en 1993 la Legislatura había aprobado un proyecto de ley para enmendar otro proyecto de ley y que el gobernador firmó una ley para enmendar la otra, que acababa de firmar segundos antes. El episodio ocurrió para justificar que el gobernador García Padilla no envíe a la Legislatura una enmienda a su propuesta de forma que se mantengan las garantías y prerrogativas de la autonomía universitaria.

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