Comenzó el juicio contra el horror del ex dictador Ríos Montt
19/03/2013
- Opinión
Por primera vez los sobrevivientes del conflicto armado guatemalteco que duró 36 años, vieron frente a frente a la persona que mientras estuvo en el poder ordenó la barbarie cometida en su contra. Ayer era la fecha programada para el inicio del juicio contra del general y ex jefe de facto, Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio de la etnia indígena Ixil, de “deberes contra la humanidad” y de haber orquestado el asesinato de más de 1.771 personas. Ríos Montt es el primer ex jefe de Estado procesado por genocidio en Guatemala, después de que la Corte de Constitucionalidad rechazara un recurso de amparo presentado por la defensa del dictador Montt que citaba una ley de amnistía de 1986.
Junto a Ríos Montt también es juzgado otro general retirado, José Mauricio Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de la inteligencia militar durante el mandato de facto (1982-83). Para el inicio del juicio el Ministerio Público y los querellantes quienes representan a las víctimas y sus familiares, presentaron como pruebas unos 115 testigos, 60 peritajes, y documentos que incluyen planes militares e informes forenses. Cuando la jueza le informó los delitos que se le imputan: genocidio y deberes a la humanidad y luego le preguntó sus datos personales, el hombre de 86 años que marcó la segunda mitad del siglo XX para Guatemala respondió “Voy a declarar, pero no ahora”.
La historia de su breve mandato es contada por las víctimas como “un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista”. Con la estrategia de tierra arrasada para “quitarle el agua al pez” y asesorado por oficiales argentinos formados en las academias francesas, continuó la táctica de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta.
La represión feroz obligó a las comunidades campesinas indígenas a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados según los informes citados por organizaciones humanitarias que también estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó 448 aldeas literalmente borradas del mapa.
A pesar de la contundencia de las investigaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, en el juicio iniciado ayer, Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, solo deberán responder por 15 masacres ocurridas en el área conocida como Triangulo Ixil (Quiché, norte).
En esta jornada histórica para el pedido de justicia del pueblo guatemalteco se escuchó el relato de dos testigos pobladores del departamento de Quiché que sobrevivieron a las matanzas perpetradas por el Ejército. “Nos decían que cumpliéramos con cuidar la milpa, si no, se hacía nos decían que ellos eran la última ley”, relató Nicolás Bernal Brito, quien requirió de un traductor para que Ríos Montt escuchara sus palabras ya que solo habla el idioma Maya Ixil. Bernal Brito relató que soldados llegaron a su localidad, quemaron viviendas, destruyeron sus siembras y mataron a los animales fueron obligados a sembrar maíz para darles de comer. Otro de los testigos, Benjamín Manuel Gerónimo, manifestó que solo de su familia perdió a 14 miembros. El indígena Ixil dijo que salvó la vida al huir del Ejército cuando las tropas entraron a la aldea. donde “murieron decenas de persona, entre hombres, mujeres y niños”.
“Hoy es un día extraordinario para el país” se la escuchó decir a la Premio Nobel de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú a la prensa que cubrió el juicio. “Es un momento tan importante no solo para las víctimas sino para quienes tuvieron fe por buscar la justicia”, manifestó Anita Menchú, hermana de la premio Nobel, quienes fueron víctimas de la represión militar.
Maya Alvarado, de la Coordinadora Genocidio Nunca Más, integrada por una veintena de organizaciones humanitarias, comentó que “la justicia por los delitos de genocidio, no es una venganza. Por el contrario, constituye una oportunidad para que el Estado demuestre que se respetan los derechos humanos”.
Según la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas este juicio es fundamental ya que “Al nombrar y reconocer las atrocidades cometidas contra las mujeres Mayas durante la guerra, la investigación se convierte en una herramienta de verdad y de dignificación para todas las mujeres”.
Por su parte la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a las autoridades a “tomar todas las medidas necesarias para asegurar que jueces, fiscales, abogados y otros actores involucrados estén protegidos de intimidaciones y represalias”.
¿No hubo genocidio?
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas durante todos estos años de busqueda de justicia, que muestran que el Ejército cometió 11 masacres, dio muerte a un mínimo de 1771 mujeres, hombres, ancianos y niños, 1485 mujeres menores de edad fueron violadas y se realizó el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, el actual presidente de Guatemala Otto Pérez Molina dijo que “no hubo genocidio”. El mandatario, que participó en el campo de batalla durante la guerra, dijo que “no hubo política o documento u orden de ir a masacrar o matar a población”.
El actual presidente Pérez Molina comandó la base de El Quiché a comienzos de la década de 1980. Esta zona es donde más se sufrió la guerra y en donde el ejército usó la táctica de tierra arrasada y aldeas estratégicas. Según la Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas, en esa área el Ejército perpetró algunas de las peores masacres de civiles, en su mayoría contra indígenas mayas y “el comandante Tito” como era conocido por sus allegados durante ese periodo, comandó las Fuerzas de Tarea Gumarcaj.
Pérez Molina fue hombre de confianza y miembro del Estado Mayor Presidencial del general Lucas García, quien encabezó el que se considera “el periodo dictatorial más sanguinario en la vida de Guatemala” ya que entre 1978 y 1982 se cometieron 538 masacres.
Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU señaló que el conflicto armado guatemalteco dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.
Durante las casi 8 horas que duró esta primer audiencia en un recinto repleto de familiares de las víctimas del conflicto armado interno, se escucharon las voces de los sobrevivientes que desde hace mas de 30 años buscan justicia para continuar el camino de lucha que el país centroamericano tanto necesita.
Fuente: http://www.dariovive.org/?p=5666
https://www.alainet.org/es/active/62682
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