El asesinato selectivo de líderes campesinos, una práctica más frecuente
14/03/2013
- Opinión
¿El gobierno de Franco es un escenario más favorable para que ganaderos y sojeros recurran a esta práctica para solucionar conflictos? ¿Qué pasará después de las elecciones de abril?
Los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano fueron acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco. Sus muertes tienen un trasfondo de confrontación entre defensa de territorios campesinos contra el avance de proyectos sojero-ganaderos.
Este tipo de crímenes es bien conocido por las organizaciones campesinas desde hace décadas. El informe Chokokue registró 21 ejecuciones dirigidas a eliminar a líderes y congelar las luchas, de las 77 investigadas. Sin embargo, la frecuencia actual de los asesinatos es preocupante.
El gobierno de Franco, de signo ideológico afín al avance agresivo de los agronegocios, parece ser más tolerante o displicente hacia este tipo de prácticas de asesinato. Da la impresión de que los sectores que lo ejecutan se sienten más envalentonados e intocables.
Ese es el contexto donde el pasado 19 de febrero dos sicarios en moto acribillaron a balazos al dirigente Benjamín “Toto” Lezcano, líder de Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.
Era uno de los referentes más frontales contra la concentración de tierras en manos ganaderas y contra la entrada del cultivo de soja en su comunidad. La gente de Arroyito no duda en señalar que las estancias que rodean la comunidad fueron quienes enviaron a los asesinos.
Una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) recorrió Arroyito y conversó con testigos, familiares, vecinos y vecinas. Salió preocupada porque las familias locales revelaron que existe una lista con 8 dirigentes más que podrían correr la misma suerte que Lezcano. También porque la policía local viene teniendo una conducta que levanta sospechas.
Dentro de una de las estancias en conflicto con la comunidad campesina la policía estableció una comisaría; el día del asesinato la policía tardó dos horas en llegar hasta la escena a pesar de que fue avisada a los cinco minutos y está a solo 3.000 metros, esto permitió huir con tranquilidad a los sicarios.
También la policía se apresuró en decir que el grupo armado EPP fue quien mató a Lezcano, a pesar de ni siquiera chequear acabadamente el lugar; según testimonios locales, el día del asesinato la policía relajó los controles que suele hacer en la comunidad, lo que permitió el ingreso de los asesinos. Todos estos elementos, incluso, hace creer a algunos entrevistados por la comitiva que la policía podría estar involucrada en distintos grados.
De los casos registrados en Chokokue como en los actuales, los sucesivos gobiernos fueron o están siendo cómplices indirectos al desatender denuncias previas, al no garantizar derechos elementales que motivan los conflictos, al mostrar parcialismos hacia los intereses terratenientes y finalmente al tapar los casos con el manto de la impunidad.
¿Después de abril qué?
El escenario de conflictos por la tierra, como tendencia, irá agravándose y puede que los asesinatos de líderes sociales vaya en progreso y también la impunidad entorno a ellos.
El nefasto antecedente abierto en la masacre de Curuguaty marca un hito en los intentos de la derecha política de reapropiarse totalmente del poder político, y demostró que está dispuesta a todo.
Este nuevo presente, junto con la arrasadora agenda electoral; la utilización del EPP para disfrazar este tipo de crímenes; la profundización del modelo de agronegocios y la consiguiente resistencia campesina-indígena y la ofensiva de los partidos de derecha contra las resistencias populares hacen previsibles más asesinatos y más impunidad, de no desarrollar las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos estrategias precisas de prevención y protección de las comunidades y sus líderes.
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