Con la aprobación en 1999 de una nueva constitución, Venezuela es el único país de América Latina en el cual sus ciudadanos tienen la facultad, cumpliendo con determinados requisitos, de revocarle el mandato a cualquier de sus funcionarios públicos electos. Este nuevo derecho es resultado de una sentida aspiración por la ampliación de los espacios de participación que permitiera ensanchar y profundizar la democracia. Luego de un fallido golpe de Estado y un derrotado paro petrolero que procuraron derrocar al presidente Chávez por vías extra constitucionales, sectores mayoritarios de la oposición política han venido concentrando sus esfuerzos en alcanzar, a toda costa, la realización de un referendo revocatorio presidencial. Para la conquista de este objetivo en no pocas ocasiones esos sectores se han colocado en el umbral que separa lo legal de lo ilegal, creando además, gracias al masivo apoyo de los principales medios privados de comunicación, una matriz de opinión que exitosamente ha terminado por confundir a la opinión pública nacional e internacional. Según esta matriz de opinión, es el gobierno quien se coloca continuamente fuera de la ley obstaculizando y en definitiva impidiendo que los venezolanos ejerzan su legítimo derecho al referendo revocatorio. Pese a las intensas tensiones y conflictos característicos de la honda polarización política que vive la Venezuela actual, hasta la fecha todo el proceso del revocatorio se ha desarrollado dentro de las pautas contempladas por la normativa vigente. En el segundo semestre del 2003 fueron designados los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), poder público responsable de conducir los procesos electorales en el país. Esas designaciones fueron reconocidas y bien recibidas tanto por las organizaciones simpatizantes del gobierno, como por las de la "Coordinadora Democrática" que agrupa a las fuerzas de oposición. Siendo el referendo un mecanismo de democracia participativa inédito, entre las primeras tareas que tuvo que cumplir el CNE fue la elaboración de un reglamento que pautara los procedimientos que permitiesen su implementación. También contó este reglamento, aprobado por unanimidad, con un muy amplio respaldo de las partes. La recolección de firmas para solicitar los referendos revocatorios de diputados y del Presidente se realizaron en dos fines de semana consecutivos, entre noviembre y diciembre, en sana paz. Las firmas para el referendo presidencial fueron entregadas con retraso. Lo que se suponía que se haría en días, terminó demorándose tres semanas, coincidiendo con las festividades navideñas. Cuando le correspondió al CNE comenzar a ejercer sus funciones de árbitro se desencadenaron los problemas. En el reglamento aprobado quedó claro que cada solicitante debía, de su puño y letra, completar sus datos. También establecía los casos excepcionales en los cuales el solicitante podía ser asistido y que en tal situación, debía colocarse una nota. Esto fue publicitado tanto por el mismo CNE, como por la organización Súmate, encargada por la CD de las actividades en torno a la recolección de firmas. Sin embargo, al revisar el CNE las firmas entregadas, se encontró con decenas de miles de datos y firmas de caligrafía similar sin nota alguna. Esta situación se presentó tanto en las firmas recogidas para el referendo presidencial como para los referendos de diputados oficialistas o de oposición. En estricto apego a lo estipulado por el reglamento, el CNE hubiese debido eliminar la totalidad de datos y firmas de caligrafía similar, cosa que fue pedida por las organizaciones que apoyan al gobierno. El CNE, sin embargo, optó por una solución más salomónica. Las firmas fueron agrupadas en tres categorías: Aprobadas, rechazadas y en observación. Para estas últimas se diseñó un proceso de ratificación o "reparo". Este proceso, luego de muchas presiones y turbulencias, terminó siendo acordado por los principales actores, contando con el respaldo del Centro Carter y de la OEA. Tendrá lugar a fines de este mes de mayo y estará bajo el control directo del CNE. El resultado de este nuevo proceso todavía es incierto. Es posible que terminen siendo validadas el número necesario de firmas, algo más de 2.400.000, con lo cual el CNE llamará a la realización del referendo revocatorio presidencial, que se efectuaría en agosto de este año. Pero también es posible que el número de solicitantes no sea alcanzado. En este caso, más del 80% de los venezolanos inscritos en el registro electoral estarían manifestando que no tienen interés en que el referendo se lleve a cabo. Las instituciones democráticas requieren para su buen funcionamiento, y para la pervivencia del sistema democrático mismo, que sus decisiones sean acatadas por todos, independientemente de que nos sean o no favorables. En democracia a veces se gana y otras se pierde. Los venezolanos esperamos que quien no sea favorecido por el fallo del árbitro lo respete.