La fluida realidad que está viviendo Bolivia pasa, sin solución de continuidad, del inminente peligro de un golpe de Estado a la urgencia de definir las implicaciones que tendrá el referéndum obligatorio sobre la política energética del país. De viernes a lunes de la semana pasada, todos estuvimos pendientes de lo que ocurría en los cuarteles. Hubo sucesivos encuentros entre el presidente Carlos Mesa y los mandos militares, declaraciones y comunicados que, en vez de traer tranquilidad, dieron pábulo a diversos rumores. Hasta este miércoles, incluso, los periodistas registraron una actividad anormal en el regimiento en que prestan servicios los oficiales reclamados por la justicia ordinaria. La situación, sin embargo, parece ir calmándose en forma paulatina, aunque es cierto que queda aún el resquemor de una reacción violenta de grupos militares. En ese clima altamente sensible, vuelve a ser centro de preocupación la realización del referéndum, señalado por el gobierno para el domingo 18 de julio. Los azarosos caminos Para llegar a este referéndum, ha sido preciso pasar por una serie de definiciones que incluyeron, en el pasado inmediato, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el juramento del presidente Carlos Mesa, la reforma de la Constitución Política del Estado y la convocatoria que hizo, hace dos semanas, el propio presidente. Tal convocatoria se produjo luego de esperar que el Parlamento aprobase una ley de procedimiento para normar esta convocatoria. Problemas de diversa índole han impedido, hasta ahora, la aprobación de este instrumento. Urgido por la situación, Mesa optó por convocar mediante decreto. Los problemas con que los parlamentarios han tropezado en su intento de normar la convocatoria, son la consecuencia de los puntos de vista múltiples, muchos de ellos enfrentados, entre unos y otros sectores de la sociedad. Hay fuertes discrepancias sobre el carácter que debe tener el referéndum: ¿debe tener niveles nacional, departamental y municipal o ser sólo nacional?; los temas a tratar ¿deben ser todos o hay que establecer restricciones?; ¿se debe permitir la propaganda o sólo es aceptable la información?; las preguntas ¿serán sancionadas por un organismo alternativo o aceptarse las que plantee el poder o sector que tenga la iniciativa? Con tantos problemas que enfrentar, el Parlamento tiene por delante un largo debate que, desde la óptica del presidente Mesa, está condimentado con una intencionalidad de obstaculizar su tarea. La solución complicada Impulsado por esta apreciación absolutamente personal, Mesa quiso cortar por lo sano expidiendo un decreto supremo, que establece las normas que regirán para este primer referéndum. A nadie se le oculta que, lo que ocurra en esta experiencia inicial, será una base para normar el procedimiento en posteriores consultas. Según esa resolución, el referéndum consultará los temas relacionados con la política energética, expresión que implica específicamente la definición sobre el futuro del gas natural. Teniendo alcance nacional y, sobre la base de 'un ciudadano, un voto', la consulta establecerá qué hacer en esta materia. Pero, por supuesto, tal 'qué hacer' estará determinado por las preguntas que el presidente proponga al país. Éstas deben ser conocidas 60 días antes del referéndum, es decir, el ya inmediato 19 de mayo. En los departamentos productores de hidrocarburos, los comités cívicos han ido creando un sentimiento excluyente de propiedad de éstos, que ha proclamado, más de una vez, el rechazo a la intervención del resto del país. Por cierto, tales comités cívicos representan, en gran parte, a los grupo de poder locales. Es lógico, por tanto, que se pretenda este tipo de manejo exclusivista. Esta atmósfera enrarecida, ha permitido una original demanda: el referéndum debe hacerse por circunscripción departamental. Es decir, en cada uno de los 9 departamentos del país se hará el conteo de votos y, la mayoría, representará al departamento. A nivel nacional, sólo se establecerá cuántos departamentos se inclinaron por una opción y cuántos por la contraria. La concentración demográfica no influiría para nada en los resultados. Tal exigencia se basa en un supuesto resultado previsible: los departamentos de 'la media luna' estarían a favor de las posiciones enarboladas por sus comités cívicos. Sus previsiones son 5 departamentos con los que contarían contra 4 que les serían adversos. Los grupos de poder que manejan tales cálculos, tienen en cuenta que, la mayoría demográfica del país, se halla precisamente en estos últimos. Así las cosas, el presidente Mesa no ha dado con una solución aceptable en el tema del referéndum y, antes de su realización, deberá salvar más de un escollo. El meollo de la cuestión Pero, por supuesto, el tema fundamental es la política energética. La situación actual, sucintamente, se define así: el potencial gasífero del país se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años; empresas transnacionales tienen en sus manos tanto la explotación, como el transporte, la comercialización y todas las etapas intermedias y finales. El traspaso de esta riqueza a manos privadas, hace 8 años, se hizo a cambio de una regalía que apenas alcanza al 18% del precio en boca de pozo (monto que se establece a partir del precio de venta en punto de destino, del cual se descuentan los costos de transporte, controles, riesgos, gastos de administración que, por lo general, suponen 2 tercios del precio de venta). Ese 18% se distribuye así: 11% al departamento productor, 1% a los departamentos de Beni y Pando y 6% al Tesoro General de la Nación. La insurrección de octubre pasado, que concluyó con la fuga de Sánchez de Lozada, demandó la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos como cuestión previa a cualquier contrato de exportación. Esta reclamación central, por tanto, debe definirse en el referéndum. Sin embargo, los comités cívicos interesados en el beneficio inmediato, contraponen su posición: interesa sobre todo la exportación, aunque fuese en las actuales circunstancias de propiedad o tenencia del gas natural. En las semanas próximas se irá acentuando esta confrontación que puede ser de ideas hasta su desemboque natural en el referéndum, o puede llevar a enfrentamientos de otro carácter.