Hace cuatro meses el presidente Carlos Mesa parecía resuelto a reconducir el proceso agrario: designó en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a un director nacional sin vínculos corporativos, nombró a un delegado presidencial de tierras con la misión expresa de restituir la legalidad agraria, pronunció un discurso en Tarija en el que afirmó que su gobierno afectaría a los latifundios para redistribuir la tierra. Eran señales que marcaban diferencias entre Sánchez de Lozada y Mesa: mientras aquél fue el arquitecto de la contrarreforma agraria, su barbudo sucesor se perfilaba como el que rectificaría el proceso. Y para comenzar a reencauzar la reforma agraria el gobierno debía tomar al menos tres decisiones: 1) Reestructurar el INRA, erradicando los bolsones de corrupción y tráfico de influencias, 2) Anular tres decretos supremos (27024, 27068, 27145) y exigir al Parlamento que derogue la disposición adicional segunda de la Ley 2493, todas medidas de contrarreforma agraria aprobadas durante el gonismo, 3) Dotar a comunidades campesinas e indígenas todas las tierras fiscales agrícolas y forestales identificadas en el saneamiento, bajo la sola condición de respetar su vocación de uso. Sin embargo, el ejecutivo ha demostrado una conducta errática con tendencia general a desplazarse desde sus iniciales posiciones renovadoras al conservadurismo agrario de siempre, bajo el signo de sus propias contradicciones internas e incapacidad para tomar decisiones. Este itinerario ha llevado, como no podía ser de otra forma, a la firma de un convenio con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación Nacional Agropecuaria (CONFEAGRO) el lunes 5 de abril en la ciudad de Santa Cruz. Dicho convenio tiene el siguiente contenido: 1) Compromete la aprobación de un reglamento para aplicar la Ley 2493, que en uno de sus artículos vincula la verificación de la Función Económico Social con los denominados Planes de Ordenamiento Predial, abriendo así la posibilidad de que se consoliden grandes extensiones de tierras de engorde tan sólo presentando papeles (los POPs). 2) Acuerda actualizar los plazos del Decreto 27145 de 30 de agosto de 2003, que reprograma en planes de 6, 8 y 10 años las deudas al Estado por valores de adjudicación simple de grandes fundos agrarios. 3) Anula un instructivo del INRA que ordenaba que en las propiedades ganaderas la verificación del cumplimiento de la FES debe hacerse a través del recuento del número de ganado constatando su registro de marca, sin considerar en calidad de prueba documentos tales como certificados de vacunas. 4) Acepta cambiar al actual director nacional del INRA por la vía parlamentaria. La firma de este documento, sumado a la inminente aprobación de un decreto para el norte amazónico que comentaremos más adelante, constituyen una vergonzosa capitulación gubernamental en materia de reforma agraria, ¿cómo se pudo llegar a esto? Gremios y regiones Luego de octubre, el agropoder definió una estrategia que pasaba por la conformación de un bloque cívico-empresarial articulando temas críticos (impuestos-tierra-gas). Se buscaba –y se logró- confrontar al gobierno en negociaciones sectoriales obligándolo a retroceder en su programa económico, en su agenda política y en sus planes agrarios. A los fines de esta estrategia, el discurso de los representantes de los gremios empresariales debía exaltar las diferencias regionales –"la Bolivia que trabaja y la Bolivia que bloquea"- para hacerse fuertes en la media luna que abarca la amazonía, el oriente y el sur de Bolivia, casualmente los lugares en los que se están produciendo las mayores disputas por tierras y recursos naturales. Esta política regionalista no tiene nada de original, pues es una copia al carbón de la que implementara hace algunos años la oligarquía ecuatoriana, luego de la caída del presidente Yamil Mahuad, confrontando a la "pujante" Guayaquil con la "conflictiva" Quito, para contener el avance político del movimiento indígena que se había hecho muy fuerte en la sierra. Volviendo al caso boliviano, lo que sorprende no es la estrategia del agropoder sino la rapidez con la que está obteniendo réditos. En febrero, los representantes de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) no podían creer lo fácil que les había resultado obligar al gobierno a retirar su propuesta de "Impuesto al Patrimonio Neto de las Personas" – conocido como "impuesto a la riqueza". También por esas fechas ocurrió el asesinato de la fiscal Mónica Von Borries en Santa Cruz que entre otros casos tenía a su cargo la investigación de los fraudes de tierras. Tal vez nunca lleguen a ser conocidos los verdaderos móviles de este crimen, pero lo evidente es que el hecho tuvo, en esferas de gobierno, un impacto de atemperación del grado que habían tomado las denuncias de fraccionamientos ilegales de tierras, como es el caso Valdéz-Petricevic-Pérez Yoma. El impacto se sintió también en el cambio de la orientación general que se le pretendía imprimir al proceso agrario. El norte también existe Hace tres meses, otra presión regional ejercida desde las prefecturas de Pando y Beni, y desde las asociaciones de barraqueros (dueños de haciendas conocidas en la región como "barracas") asentados en Cobija y Riberalta, convenció al gobierno de elaborar un decreto que les otorgue a estos sectores garantías jurídicas acogiéndose al régimen forestal bajo la figura de "concesiones para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables". Las barracas, que no habían logrado demostrar cumplimiento de la FES en el proceso de saneamiento de tierras, argumentaron la existencia de un "vacío legal" en la Ley INRA que no considera la actividad agroextractivista (castañera y almendrera). Basados en este razonamiento exigieron la conversión de sus barracas, sin ningún proceso de licitación previa, a concesiones forestales sobre extensiones de 15.000 hectáreas cada una. Cediendo a esta presión, la delegación presidencial de tierras conducida entonces por el actual Ministro de Desarrollo Sostenible Gustavo Pedraza, redactó un borrador de decreto que traduce en norma el deseo de los patrones del norte, con el agregado anecdótico de que en una de sus partes indica que se lo hará "con carácter excepcional y por única vez". ¡Cuántas veces se necesita un instrumento jurídico como este, que a lo que conducirá es a concesionar gran parte de Pando por 40 años! Es el ocaso de las promesas agrarias, sepultadas por la efectiva acción de los grupos de poder. Presiones de tinte regionalista sí, pero a las que no se puede responder enarbolando otros regionalismos sino evidenciando que aquí de lo que se trata es de puros intereses económicos de elites vinculadas a la tenencia de la tierra. La Paz, abril 16, 2004