Después de más de dos meses de consultas con las transnacionales, para lograr un acuerdo que no pudo concretar, el gobierno de Carlos Mesa hizo circular, a través de la prensa nacional, el texto íntegro de su proyecto que modifica la Ley de Hidrocarburos. Buscando los aspectos positivos del mismo, encontramos éste que resalta: la declaración inicial de que los hidrocarburos son de propiedad del Estado. Uno segundo es que, los contratistas, están obligados a entregar la totalidad de los hidrocarburos producidos a YPFB, la empresa estatal del petróleo. Eso es todo; y, además, hay vacíos que ponen en duda la efectividad de estas medidas. Propiedad ilusoria La Constitución Política del Estado establece, con absoluta claridad, que todo lo que se halle en el subsuelo es propiedad del Estado. Otro artículo de la misma determina que, "los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado". Sin embargo, en el proceso de capitalización (modalidad que, en Bolivia, tuvo la privatización), a través de un decreto, se entregó esa propiedad a las transnacionales que se apropiaron de la explotación, manipulación y comercialización de éstos. A principios de este año, el presidente Mesa derogó el decreto en cuestión, aunque sin modificar la situación real, por lo que las transnacionales siguieron actuando del mismo modo y, el gobierno, también. Tan es así que, recientemente, un ministro dijo que, la venta de gas a la Argentina, en definitiva, era un negocio que debía concretarse entre empresas privadas. El proyecto de ley que ha hecho circular el gobierno, aparte de la declaración inicial de propiedad, no incluye ninguna disposición que haga efectiva esa medida. Es más: se declara expresamente, en ese proyecto, que el Estado respeta los contratos con las transnacionales en todas y cada una de sus cláusulas. Palabras que fortalecen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) –que quedó reducido a una oficina burocrática sin función específica–, será fortalecido, dice el proyecto de ley. Para esto, se le otorga tareas de acopiador y revendedor de hidrocarburos; es decir, será algo así como un agente de ventas de las transnacionales, con lo que se consolida la propiedad de los hidrocarburos en beneficio de éstas. En un extenso capítulo, se señala a YPFB como entidad del Estado a través de la cual se celebrarán los contratos con las empresas que, en definitiva, harán el negocio de los hidrocarburos. En ninguno de los artículos se establece que YPFB realice estas operaciones por cuenta propia. Al no otorgarle, a YPFB, labores de exploración, explotación, industrialización y otras de la cadena productiva, la declaración de fortalecimiento de la empresa estatal se reduce a una simple expresión de buenas intenciones, sin consecuencias. La médula del proyecto La parte significativa de este proyecto, es la creación del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH). Los complicados cálculos que se hacen el proyecto determinan una escala de impuestos muy bajos en los actuales volúmenes de explotación y, si estos aumentasen eventualmente, en los próximos 5 años. Sólo después de ese tiempo, siempre que se produzca en grandes cantidades, el impuesto comenzaría a tener alguna incidencia. Las acciones de los pobladores, en octubre pasado, demandaron la elevación de las regalías que, las petroleras, pagan al Estado. Actualmente, esas regalías son del 18 % sobre el volumen del producto que sale del pozo. La ley actual establece un impuesto a las ganancias de exportación, mediante un cálculo complicado que ha dado por resultado que las empresas nunca hayan pagado tal impuesto. La propuesta del gobierno es que se cree otro impuesto, cuyo cálculo parece que también está hecho con el propósito de burlar su aplicación. Veamos algunas alternativas: mientras la empresa produzca hasta 20 mil millones de BTU diarios, sólo pagará 2%, hasta 40 mil, el impuesto será del 5%. De ahí en adelante los impuestos serán del 10% y, a partir de 2007, se irá elevando la imposición hasta llegar a 32% en 2012. En la forma engañosa que las empresas actúan en Bolivia, es muy probable que, cuando necesiten producir más, encontrarán la forma de dividir las empresas, para que cada una produzca el tope de 5%, cuando no del nivel inferior. Enroques y retrocesos La publicación del proyecto estuvo precedida por cambios en el gabinete ministerial, que incluyeron la separación del anterior Ministro de Hidrocarburos y su sustitución por el jefe del gabinete económico, Xavier Nogales, quien fungió primero como Ministro de Desarrollo Económico y ahora está en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Personaje controvertido, por sus conflictivas declaraciones, está muy vinculado a las empresas petroleras con las cuales ha sido el negociador del gobierno, sin haber obtenido ningún resultado. Precisamente la publicación del proyecto se hizo tras el anuncio oficial de que tales negociaciones no avanzaban y se desistía de continuarlas. El proyecto se presentaba públicamente, a fin de que la sociedad, a través de sus instituciones, diera a conocer su criterio. Sin embargo, el ministro Nogales, este fin de semana, hace otro anuncio: el tope final de 32% que se señala en el ICH, se reduciría a 22% a fin de lograr un acuerdo con las petroleras. En fin. El gobierno sigue maniatado por las duras presiones empresariales, pero también por su propio convencimiento de que son éstas las que, en definitiva, decidirán el futuro del país. El neoliberalismo sigue siendo la línea de conducta gubernamental en Bolivia.