A las 3:05 (hora de La Paz) del 30 de marzo un ex-trabajador minero se inmoló detonando una carga de dinamita que llevaba adherida a su cuerpo. El hecho ocurrió en el hall de ingreso del edificio anexo a la Cámara de Diputados, ubicado a 50 metros del Palacio Quemado, sede de la Presidencia de la República de Bolivia. La inmolación sucedió luego de más de dos horas de negociaciones entre el trabajador y los jefes bolivianos de inteligencia y funcionarios del gobierno, quienes intentaban persuadir al minero para evitar que alcanzara sus propósitos. Este hecho ocurrió cuando el Congreso debatía la interpelación a dos ministros del gabinete del Presidente Carlos Meza por las expresiones vertidas por un ministro, relacionadas con intereses subalternos que habrían tenido algunos partidos políticos para apoyar al gobierno. En forma simultánea, a pocas cuadras de la Plaza Murillo (donde se ubican las sedes del poder ejecutivo y legislativo, así como la Cancillería y la Catedral) se movilizaban más de 45 personas hacia el estadio Hernando Siles a espectar el partido de fútbol entre las selecciones de Bolivia y Chile. El ambiente adquirió niveles extremos de tensión y angustia pues las primeras informaciones aludían a un atentado. Poco tiempo después se supo la noticia en su real dimensión: Eustaquio Picachuri, minero relocalizado (obligado a renunciar a su fuente de trabajo como consecuencia del proceso de capitalización (privatización) de las empresas mineras estatales, había tomado la fatal decisión de llegar hasta la sede del Congreso para exigir que se le cancelara sus beneficios sociales. Lamentablemente el proceso de negociación no dio resultado y Picachuri detonó los explosivos, originando no sólo su propia muerte sino también la de dos oficiales de alta graduación (uno de ellos el jefe del destacamento policial encargado de la seguridad del congreso), un cabo y diez heridos, algunos de ellos en situación de extrema gravedad. Hasta el momento se sabe que los jefes de inteligencia y otros efectivos militares estarían gravemente heridos como consecuencia de la explosión. Sacha Llorenti, Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, lamentó lo sucedido "es un día muy triste para Bolivia, debemos reflexionar y atacar las causas que han originado estos hechos" expresó. Por su parte un dirigente de 2000 mineros en situación similar a las del suicida dio un alarmante mensaje: "él ha sido el primero, pero seguiremos otros, estamos cansados de que nos engañen, a nosotros nos dicen que para jubilarnos debemos trabajar hasta los 65 años, pero muchos compañeros no llegan a esa edad, muchos antes ya escupen sangre", dijo ante periodistas sorprendidos que no alcanzaban a dimensionar la magnitud de la tragedia. La voz del gobierno la dio el Presidente Carlos Meza en una breve conferencia de prensa en la cual concentró sus expresiones en tres ejes: 1) se trató de un hecho aislado, 2) que no tiene vinculación política, 3) la estabilidad y continuidad democrática está garantizada; sus expresiones fueron respaldadas por el Presidente del Senado quien habló también a nombre de la Cámara de Diputados. Todo indica que efectivamente se trató de una acción cuya ejecución fue individual; pero, es lícito pensar que la desesperación del minero traduce un sentimiento colectivo que él llevó al límite y que pondrá a prueba no sólo la capacidad del gobierno de Carlos Meza para superar el trance, sino que también demandará la imperiosa necesidad de poner fin a la tozudez de los operadores políticos del modelo neoliberal que ha originado la existencia de pobreza extrema de decenas de miles de bolivianos y bolivianas que hoy sufren sus consecuencias. El día martes 30 de marzo será recordado como una fecha en la cual Bolivia amaneció con entusiasmo, todos estaban seguros de un triunfo deportivo que a la postre fue una derrota por partida doble: perdió la selección de fútbol y se perdieron varias vidas humanas. * José Pinto - Liberación- La Paz