Claros y oscuros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Eduardo Tamayo G.

30/09/2012

Opinión

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El próximo 10 de octubre se cumplen tres años la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Se han registrado algunos logros, pero el proceso de aplicación de la Ley ha avanzado poco, entre otros factores, por la tenaz oposición del Grupo Clarín, pulpo mediático que se resiste a perder sus privilegios.

“Para mi gusto está muy lenta la cosa, o sea no es fácil. La ley es una puerta que se abre, pero no cambia la realidad de un día para otro”, dice Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, al hacer un balance de los tres años de vigencia de la LSCA que fue aprobada el 10 de octubre del 2009 por el Congreso tras una gran movilización social.

Néstor Busso

Esta Ley despertó grandes expectativas pues apunta a diversificar las voces en el escenario democrático y poner fin a los monopolios, pero se ha encontrado con enormes dificultades para su aplicación en los órdenes jurídico, político y de gestión.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, es la frase que aplica el grupo mediático Clarín, el más grande del país, que interpuso un pedido de medidas cautelares para suspender el artículo 161 de la Ley que establece la desmonopolización o adecuación de los grupos mediáticos a los límites de frecuencias que marca la LSCA.

La Ley de comunicación señala que los grupos mediáticos tendrán un máximo de 10 licencias abiertas (radios AM, FM y de TV abierta) y 24 licencias de TV de cable. Pero el Grupo Clarín, según datos oficiales, posee 240 sistemas de cable (60% del mercado, con 3.600.00 abonados), 9 radios AM, 1 radio FM y 4 canales de televisión abierta, además del diario El Clarín.

“La Ley estuvo suspendida durante casi un año por medidas cautelares dictadas por jueces relacionados con el poder económico y con la oposición política”, señala Néstor Busso. Para Busso estas medidas cautelares eran absurdas, porque en la legislación argentina son previas al proceso judicial, tienen un carácter preventivo, pero los jueces suspendieron la aplicación de la ley mientras se definiera lo que ellos cuestionaban: la constitucionalidad de la ley.

¿Qué peso ha tenido el Grupo Clarín como para impedir que una ley que ha tenido bastante respaldo popular se aplique?, le preguntamos a Néstor. Y nos responde: “El Grupo Clarín es el poder real más grande que hay en Argentina, porque no solo representa al poder económico concentrado sino que el mismo es un grupo que tiene actuación en distintos sectores de la economía, y se ha convertido en el grupo de presión más importante del país (….) El Grupo Clarín es el que en los últimos años ha hecho la agenda política, la agenda pública en el país, y era común en el mundo de la política en Argentina decir que ningún gobierno aguanta tres tapas de Clarín, entonces su poder de presión es fenomenal”.

La suspensión de la Ley se mantuvo hasta que el 22 de mayo de este año, la Corte Superior de Justicia, luego de reprender a los jueces que habían fallado a favor del Grupo Clarín, estableció que la Ley estaba vigente y puso plazo fijo a la medida cautelar: se cuenta a partir del 7 de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.

Esto quiere decir que a partir del próximo 7 de diciembre “los grupos tendrán que cumplir la ley porque si no lo hacen (…) estarán violando la ley, así que el Estado tendrá que actuar”, señala Busso.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que si el Grupo Clarín se niega a cumplir la ley y no presenta un plan de adecuación, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizado las fuentes de trabajo, “para adjudicar aquellas licencias que excedan el marco autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes, obviamente, tendrán que cumplir con todos los requisitos legales como cualquier hijo de vecino”. (1)

El Grupo Clarín, por su lado, no se da por enterado y dice que el 7 de diciembre “no debe suceder jurídica ni fácticamente nada con los medios del Grupo” y que “si a esa fecha no está resuelto el juicio de fondo, donde se discute la inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45, puede prolongarse la medida cautelar”. (2) La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como era de esperarse, salió a defender al pulpo mediático argentino presentándolo como víctima del gobierno y justificando su renuencia a cumplir con las disposiciones legales emanadas de los tres poderes del Estado.

Otra cuestión que impidió la plena aplicación de la Ley de comunicación, es que la mayoría opositora del Congreso, en el 2010, no aprobó el presupuesto para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en el 2011, imposibilitando que se organice para aplicar la Ley. Debido a ello, “se siguió trabajando con el viejo organismo de la ley anterior, el Comité Federal de Radiodifusión, que cambió de nombre pero no pudo cambiar su estructura”, señala Busso.

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, compuesto por 38 miembros, es un organismo de asesoramiento, diseño de políticas públicas y de control, mientras la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es el organismo ejecutivo.

Algunos logros

Pese al boicot de la derecha mediática y política, hay algunos logros de este proceso de consecución de la Ley. Quizá, “la mayor conquista es haber instalado en la sociedad el debate sobre la comunicación y los medios, eso creo que es un cambio cultural importantísimo. Ya es muy difícil encontrar alguien que diga en Argentina eso es verdad porque lo vi en la televisión o porque lo leí en un diario, entonces (hay) un cuestionamiento permanente y un poner en debate de la comunicación como un derecho, que no es simplemente un negocio”, expresa el presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

“La aplicación de la ley va a llevar años porque exige y además permite un cambio cultural. El cambiar la idea de que la comunicación es un de derecho de todos, y que todos y todas tienen derecho a expresarse y no que es un negocio comercial de unos pocos, eso es un cambio cultural que lleva mucho tiempo, y eso hay que ir haciéndolo, primero en los funcionarios, en el Estado, en los empleados del Estado que tienen que incorporar a la práctica del Estado esa nueva visión de la Ley, no es un simple cambio de norma, es un cambio de modelo”.

La Ley de comunicación establece tres tipos de prestadores de servicios: comerciales (gestionados por individuos particulares o empresas); públicos (que incluye a los estados municipales, provinciales y nacionales, a las universidades nacionales y pueblos originarios), y aquellos que no tienen fines de lucro (gestionados por asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sindicatos, etc.).

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual ha avanzado en democratizar el espectro radioeléctrico, concediendo nuevas autorizaciones de radio y televisión para todas las universidades nacionales, para todas las provincias (que no las tenían) y para todos los municipios, que son como 2000. También hizo un llamado para asignar en forma directa y sin concurso frecuencias a “zonas de amplia disponibilidad de espectro y de alta vulnerabilidad, o sea pequeñas ciudades, parajes, comunidades con menor población”, según informa Busso. Hasta la fecha se han registrado 250 presentaciones, luego de cumplir un trámite bastante sencillo y sin mucha exigencia burocrática.

También se han llamado a concursos diferenciados, como manda la Ley de comunicación, para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión para el sector comercial y para el sector sin fines de lucro. En estos días se están haciendo concursos para asignar frecuencias para 687 radios de frecuencia modulada en 10 de las 24 provincias del país. Igualmente, luego de un primer intento fallido, se ha llamado nuevamente a un concurso para asignar 220 frecuencias de televisión para los sectores privado comercial y privado sin fines de lucro.

En el campo de la sustentabilidad y apoyo del Estado a los medios sin fines de lucro se han hechos algunas cosas puntuales, pero no se ha avanzado en la “medida en que el Estado debería”, señala Néstor Busso. “A través del Foro Argentino de Radios Comunitarios (FARCO) logramos el reequipamiento de 45 radios, y ahí el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, puso 500.000 dólares. Estamos en FARCO con 10 centros de formación profesional con todo el equipamiento para capacitar en radio en producción informativa, técnico-operadores y audio digital, hay un buen equipamiento puesto por el Ministerio de Trabajo”.

Otro aspecto importante de la aplicación de la Ley es el sistema de televisión digital abierta. Argentina optó por la norma digital japonesa-brasilera, con alguna incorporación de tecnología del país. A raíz de esto, el Estado instaló antenas y transmisores en todo el territorio nacional, con una inversión muy grande. Actualmente la televisión abierta digital, cubre el setenta-ochenta por ciento de la población que se beneficia con este sistema de recepción gratuita.

Aunque no tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno de Cristina Fernández ha impulsad una serie de políticas que han significado avances en materia de comunicación. Uno de ellos, es la entrega de computadoras a todos los estudiantes de escuelas de nivel medio. “Ya se han entregado más de dos millones y medio de computadoras que los chicos y chicas llevan a su casa, y además esas computadoras son receptoras de televisión digital, eso cambia la vida de muchas familias”, señala Busso.

Complementariamente, se ha puesto en marcha el programa Argentina Conectada mediante el cual se han instalado 55.000 kilómetros de fibra óptica de redes troncales para conexión a Internet, lo que “cambia la conectividad de Argentina a Internet porque el servicio troncal era monopólico: de TELECOM en el norte del país y de TELEFONICA en el sur del país”, expresa Busso.

Además, el Estado creó un nuevo prestador de telefonía celular móvil, reservando el 20 por ciento de las frecuencias de las bandas de telefonía celular para prestación de servicios directamente a través de una empresa del Estado, con lo cual entró a competir con las empresas privadas.

Temas pendientes

Hay cuestiones pendientes en la aplicación de la Ley de Medios: se calcula que hay unas 6000 radios funcionando en el país, pero la mayoría está todavía sin licencia, sin embargo el programa de normalización está funcionando. Aún falta crear el Fondo de Apoyo a Medios Comunitarios Indígenas en zonas de frontera que deberá estar financiado por el 10 por ciento del gravamen que el Estado cobra a los medios de comunicación. Y también está pendiente que el 33% de las frecuencias sea ocupado efectivamente por el sector social. Al respecto Néstor Busso comenta que esta ocupación no va a ser tan rápida, “no solamente por una cuestión del Estado sino por una cuestión de que las organizaciones tienen que preparase para hacerlo, en Argentina puede haber 300- 500 radios comunitarias, pero después hay que ver cuántas de esas tiene papeles, personería jurídica, capacidad de gestionar con lo que exige el Estado, aunque sea poco lo que exige el Estado”.

Néstor Busso confiesa estar preocupado porque el proceso avanza demasiado lento y señala que ha habido una “cierta mora del Estado en avanzar más rápido”. Agrega que, “esta parálisis, provocada por los procesos jurídicos interpuestos por los grandes grupos, hizo que el Estado se preocupara más por enfrentar a monopolios y oligopolios que por promover la nueva comunicación”.

Notas

(1) Ver video: http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/9/22/licencias-del-grupo-clarin-se-someteran-a-concurso-publico_163178

https://www.alainet.org/es/active/58355?language=es